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Sit tibi terra levis

Miguel Blesa, en el banquillo de los acusados del juicio de las tarjetas black

Esta semana, la noticia con la que a muchos se nos atragantó el desayuno, o el café de media mañana, fue el hallazgo del cadáver de Miguel Blesa. No es preciso aclarar mucho sobre tal personaje público, pues en los últimos años acaparaba portadas y escándalos de corrupción por doquier. De cómo un anónimo inspector de Hacienda llegó a la cúspide de la banca nacional, presidiendo una entidad tan poderosa como Caja Madrid, y lo que hizo desde esas alturas financieras, es materia que dará para muchas páginas que yo no pienso escribir.

Sin embargo, me interesan las consecuencias jurídico-penales de la muerte del susodicho. Como todo el mundo sabe, Miguel Blesa fue condenado en el Procedimiento Abreviado 8/16, de la Sección 4ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, más conocido como "caso de las tarjetas black". En dicho procedimiento, y junto a otros ilustres compañeros de banquillo, se le impuso una condena de seis años de prisión y una ridícula multa de 7.200 €, por un delito continuado de apropiación indebida.

Sin embargo, la sentencia no era firme, pues contra ella cabía recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Es decir, se produce una situación que puede resultar extraña para el ciudadano medio, pero que es el pan nuestro de cada día en los tribunales: el acusado ha sido condenado en una sentencia, pero esta condena aún no es irreversible, así que no tiene la condición de "penado". Por lo tanto, no puede ejecutarse la pena, y como mucho, en caso de riesgo de fuga o de reiteración delictiva, hubiera podido ingresar en prisión provisional. El tribunal no apreció estas circunstancias, así que Blesa se encontraba en libertad.

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Por el mar corren las liebres

Vamos a imaginar una bonita historia. No en cuanto a su contenido, que sin duda es una desgracia para cualquiera que lo protagonice, sino en cuanto a su desarrollo.

Una persona sufre un delito. Pongamos un robo en su domicilio. Avisa a la policía, que acude al lugar y levanta un acta de inspección ocular, que documentan con fotografías y un plano-croquis. También recogen una copia de la cámara de seguridad del portal, muestras biológicas y huellas dactilares dejadas por el culpable. Una vez en comisaría, y tras recoger la denuncia del perjudicado, elaboran el correspondiente atestado, reseñando la identidad del denunciante en un fichero de base de datos, y adjuntando los archivos digitales de imagen que han obtenido, tanto las fotos como el vídeo. Este atestado, elaborado íntegramente de forma digital, se remite al juzgado de guardia a través del llamado Punto Neutro Judicial. La reseña de identidad del denunciante queda protegida en una base de datos propia del CGPJ, pero los juzgados que intervengan en el asunto pueden acceder directamente a esos datos.

A partir de ahí, el atestado queda incorporado al expediente de Diligencias Previas que se incoa, como un archivo indexable, en el que se pueden lanzar búsquedas, visualizar las fotografías a resolución completa y reproducir el vídeo. 

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Nadie espera al TEDH

Imagen de archivo. Foto: Senado Federal / Flickr

El caso que me trae a escribir estas líneas, tras un obligado parón por motivos laborales ajenos a este blog, arrancó hace casi una década. Fue en diciembre de 2007, cuando el protagonista de nuestra historia llevó su ordenador a reparar a una tienda del ramo. Concretamente, quería cambiar la grabadora de discos ópticos. El técnico, tras realizar la sustitución contratada, procedió a comprobar que la nueva unidad funcionaba correctamente, por lo que, como procedimiento de rutina, trató de grabar varios archivos de la carpeta "Mis documentos" en un CD. Cuál no sería su sorpresa, cuando al abrir la misma, empezó a ver vídeos y fotos de pornografía infantil. Alarmado, el técnico avisó a la Policía, que incautó el ordenador como herramienta del delito.

Por aquellas épocas, la lucha judicial contra la delincuencia cometida a través de medios tecnológicos estaba bastante en pañales. Para que se hagan una idea, en abril de ese mismo año, y bajo el mandato de Cándido Conde-Pumpido como fiscal general del Estado, se había nombrado por primera vez a un fiscal de Sala del Tribunal Supremo para que se encargase de coordinar las actuaciones contra la criminalidad informática. El elegido fue el difunto Fernando Herrero-Tejedor, quien comenzó a organizar una estructura de fiscales especialistas que se reunió por primera vez en Valencia, en octubre de aquel año.

Es decir, todavía no había una fluida colaboración entre las unidades policiales especializadas y el Ministerio Público. Por ello, en términos estrictamente jurídicos, se iba un poco a ciegas, tanteando el terreno y reaccionando a medida que aparecían los problemas.

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Sueño con un fiscal especial, qué me has dado

El exdirector del FBI, Robert Mueller, actual fiscal especial para investigar la relación de Trump con Rusia

No hay día que no se me atragante el desayuno con un nuevo caso de corrupción. Ya saben, esos "sucesos aislados" que no significan nada, que no implican la existencia de una corrupción estructural, inherente al mismo sistema político en el que vivimos. Sí, eso era sarcasmo.

Pero, en estos últimos tiempos, lo que casi consigue que se me vaya el café por el lado que no es son las decisiones tomadas en las alturas del Poder Judicial. Ese que se escribe con mayúsculas, que no tiene nada que ver con los currantes de la Justicia, con las trincheras de los juzgados de instrucción. Ese que está compuesto por gente que hace décadas que no se come una guardia con diez, veinte o cuarenta detenidos.

Me refiero a nombramientos en fiscalías de las que llevan asuntos de la máxima relevancia, por supuesto, pero últimamente también nos sobresaltan las designaciones de magistrados que presiden salas penales. Una vez más, traigo a colación las palabras de Joaquín Bosch Grau, portavoz de Jueces para la Democracia, quien resume como nadie estas cuestiones en 140 caracteres:

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Ataques en tiempos de paz: yo también "quiero llorar" (wanna cry)

Rasomware ‘Wannacry’, que ha infectado a cientos de miles de ordenadores con sistemas Windows.

El viernes de hace dos semanas, arrancamos la jornada abruptamente, con la noticia de un ataque informático a gran escala, que habría afectado a una de las mayores empresas de este país. Tras unas horas de incertidumbre, empezamos a tener algunos detalles técnicos sobre la causa del follón: un ransomware, una miasma digital de la que ya hemos hablado por aquí. Este espécimen, en concreto, ya había sido liberado meses atrás, y había pasado sin pena ni gloria. Pero la nueva versión llevaba un "suplemento" adicional: disponía capacidades de gusano, aprovechando la vulnerabilidad bautizada como 'Eternal Blue', que consiste en un fallo del protocolo SMB que le permite propagarse indiscriminadamente, dentro de una red local, a través del puerto 445.

¿Lo qué? Vale, tampoco me pidan explicaciones demasiado técnicas, ni que les destripe el código del bicho, para eso ya tiene doctores la Iglesia Hacker. Dentro de los diversos protocolos de comunicaciones existentes, SMB se utiliza para compartir archivos e impresoras entre distintos usuarios de una red interna que funcionen bajo sistema operativo Windows.

Lo curioso de este "bug", de este fallo, es que fue descubierto y explotado durante años con la más absoluta impunidad por la NSA, la infame Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, hasta que un grupo autodenominado 'Shadow Brokers' irrumpió en su cripta de los secretos, se llevó dicha información y la publicó. A partir de ahí, alguien hizo uso de ese conocimiento para "vitaminar" el código de WannaCry, uno de los nombres que recibe el bicho, y convertirlo en algo parecido a una variante del Ébola con la capacidad de contagio de la gripe común.

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Madre no hay más que una, o dos

Hoy vamos a dejar un poco de lado las cuestiones jurídicas relativas a casos de corrupción, y vamos a tratar un asunto al que, sin dejar de ser candente actualidad, le llevo dando vueltas mucho tiempo. No me atrevía a meterle la tecla, porque se sale de la jurisdicción penal, mi "zona de confort". Pero como el debate se ha agudizado, y además, coincide con el del Día de la Madre celebrado el pasado domingo, parece que va tocando.

Verán, al poco de mi incorporación al mundo de la Justicia, se publicó una noticia que me dejó un tanto fuera de juego: Carmen Cervera, más conocida como "Tita", había sido madre a la edad de 64 años, aunque llegó un par de días tarde para ver el parto. Vamos, como aquel chiste del sin par Gila:

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Así no, gracias

Hace algunas semanas que no se habla de uno de los planes estrella del Ministerio de Justicia para esta legislatura: poner la instrucción penal en manos de los fiscales. Evidentemente, con la que está cayendo, no está el horno para bollos. Raro ha sido el día de las dos últimas semanas en el que no hemos amanecido con un sobresalto sobre la situación en determinadas fiscalías que llevan casos especialmente peliagudos. Particularmente en Anticorrupción.

Así las cosas, cualquier insinuación sobre el tema sería una maniobra suicida, invocar las iras del averno sobre quien plantee la cuestión. Incluso los medios de comunicación más proclives al Gobierno se hacen eco de lo que parecen ser intromisiones del Ejecutivo en la labor de los fiscales, y los propios miembros de la carrera fiscal están en “shock”. La frase del presidente de la Unión Progresista de Fiscales en este artículo es para enmarcar:

Hemos perdido la confianza de la sociedad en dos meses y recuperarla va a costar mucho tiempo más.

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Discrepancias y aclaraciones

Evidentemente, no puedo contarles nada sobre la Operación Lezo, no sólo porque se trata de una causa bajo secreto de sumario, con lo cual cometería un delito, como recuerda la nota de prensa publicada por la Fiscalía General del Estado. Es que, aunque quisiera cometer tal acto ilícito, no podría, pues carezco de cualquier fuente directa sobre el tema.

Toda mi información proviene de artículos que he podido encontrar sobre el tema, como éste y sobre todo, este otro. Pero sé cómo funcionan los engranajes internos, conozco el código de programación. Así que, haciendo un poco de ingeniería inversa, cual si estuviéramos en un capítulo de ' Halt and Catch Fire', creo que podré explicarles lo que puede estar pasando.

Como sabrán casi todos ustedes, el Canal de Isabel II es una empresa pública de la Comunidad de Madrid, que gestiona el abastecimiento de agua para sus ciudadanos. O sea, una infraestructura imprescindible, que utiliza y sufraga hasta el último sus más de seis millones de habitantes. De su importancia y tamaño, cual Paco Martínez Soria de nuestros días, me enteré en uno de mis primeros viajes profesionales a Madrid, cuando le pregunté a un oriundo qué narices era ese campo de golf que había en mitad de Chamberí.

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Y al tercer día...

Esta semana, aunque la mayoría de los medios de comunicación generalistas no han hecho otra cosa que repetir imágenes de procesiones de Semana Santa, se ha producido un evento noticioso de gran relevancia. Y como siempre, en estos casos, ha pasado prácticamente desapercibido.

Recapitulemos. Un colectivo, autodenominado Shadow Brokers, ganó cierta celebridad en el mundillo de la seguridad informática el año pasado, tras haber conseguido acceder a las herramientas de espionaje usadas por la NSA, la conocida Agencia de Seguridad Nacional estadounidense. No se trata del trabajo de un insider, como Edward Snowden, quien trabajando desde dentro consiguió desvelar al mundo entero las más que cuestionables técnicas de la inteligencia norteamericana. Al contrario, se trata de un grupo de hackers que penetraron en el corazón de una de las más opacas agencias federales yanquis desvelando su secreto arsenal tecnológico.

Durante este largo fin de semana, en mis redes sociales comenzaron a aparecer menciones a una nueva filtración, hasta que se despertó mi curiosidad y llegué a este post de Genbeta, donde explican brevemente la cuestión.

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El precio de la verdad

Esta semana, he decidido mantenerme un poco al margen de la más rabiosa actualidad, y tomarme un tiempo para leer detenidamente una sentencia que llevaba tiempo con ganas de digerir. Se trata de la nº 116/2017, de 23 de febrero, dictada por la Sala 2ª del Tribunal Supremo, aunque les resultará más fácil reconocerla si nos referimos a ella como la que valida la conocida como "Lista Falciani", como fuente de prueba para condenar a evasores fiscales.

La historia ya ha sido glosada por la prensa, al margen del análisis más o menos profundo que hayan hecho de sus cuarenta y cinco folios: la Audiencia Provincial de Madrid condenó a un caballero que declaraba unos ingresos de poco más de cuarenta y pico mil euros anuales, un humilde jubilado que, en realidad, disponía de varias sociedades en paraísos fiscales, valoradas en varios millones de euros. Por supuesto, el pensionista en cuestión jamás había dado cuenta a la Agencia Tributaria de su exhorbitante patrimonio, ni había cotizado un solo céntimo por dicha cantidad.

El jubilado en cuestión manejaba su dorado retiro a través de la filial suiza de banca privada del Hong Kong & Shangai Banking Corporation de Todos los Santos, HSBC para los amigos. Cuando hablamos de "banca privada", es un eufemismo del negocio para referirse a aquellos clientes a los que, por su abultada cartera de activos, las entidades financieras consideran merecedores de un trato preferente. Este privilegio suele referirse a sucursales exclusivas a las que no puede acceder el común de los mortales, y en las que, si entra algún jubilado, no es a actualizar su libreta con unos pocos cientos de euros, precisamente. Una acepción menos admisible de "banca privada" es aprovechar la ingeniería financiera transnacional para, como hemos contado en alguna que otra ocasión, sacar dinero del país sin que lo huelan las autoridades.

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