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La Justicia vive en Matrix

Igual que el dim mak, según los conspiranoicos, mató a Bruce Lee varios años después de haber recibido el llamado "golpe de la muerte", las resoluciones judiciales relativas a recursos presentados meses atrás surten efecto cuando ya nadie contaba con ellas. ¿Recuerdan que hace unas semanas hablábamos del final de la instrucción del caso Blesa, debido al auto de la Audiencia Provincial, sección 30ª, que anulaba la reapertura del procedimiento? Pues ahora, otra sección, la 15ª, se ha pronunciado sobre un aspecto distinto de este asunto.

Hagamos memoria. El 5 de diciembre de 2012, tras la reapertura de las actuaciones por el Juzgado nº 9 de Madrid en base a la doctrina L'Oréal (porque yo lo valgo), el sindicato "Manos Limpias” presentó una ampliación de denuncia en la que trataba de meter, con calzador, la compra del famoso banco de Florida en la causa en la que se estaba investigando una cuestión bien distinta, el crédito a Díaz Ferrán. Al darse cuenta de que ambas cosas no tenían más relación que en la fértil imaginación de los abogados de Manos Limpias, el juez dictó un auto, el 13 de mayo de 2013, en el que reconocía la falta de indicios para apreciar la conexidad.

Ahora bien, aquí su señoría hizo trampas al solitario. Porque las normas de reparto de los Juzgados de Madrid le obligaban a mandar la denuncia a Decanato, para que fuera turnada a reparto. En román paladino, la causa se escapaba de sus manos. Así que en el mismo auto, hizo un Rajoy, es decir, un “salvo alguna otra cosa”, y a continuación de admitir que no estaba acreditada la conexidad, dice que tampoco puede descartarla.

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Final de temporada

Cuando el que suscribe era estudiante, todo aquel que ejercía el Derecho como profesional de los tribunales, ya fuera como abogado, juez o fiscal, me decía que lo importante era el procesal. Mientras preparaba las oposiciones, mi preparador me insistía en que, si algún día aprobaba, lo fundamental en mi trabajo iba a ser el procesal. Y yo, qué quieren que les diga, no soportaba el procesal. Es una disciplina jurídica realmente infumable de estudiar. Pero como estudiante disciplinado, forcé mis neuronas para memorizar todas aquellas cosas aparentemente incomprensibles, cual Daniel Larusso dando cera y puliendo cera, una y otra vez, hasta que doliese. Y al igual que en la película, en el primer combate contra un Cobra Kai, cuando los conceptos abstractos pasaron a convertirse en dolorosas realidades, los movimientos de ataque y defensa comenzaron a fluir, como si lo hubiera estado haciendo toda la vida.

Por eso, cada vez que una nueva resolución judicial salta a los titulares, me veo empujado a tratar de explicar ciertos conceptos y mecanismos del funcionamiento interno de los tribunales. Porque sé perfectamente que no basta con leer la resolución para encontrar sentido al texto. Hay que haber pasado muchas horas dando cera y puliendo cera.

Por ejemplo, es tremendo el carajal que se monta la gente con el procedimiento principal y la pieza de situación personal en una causa penal. Ello nos lleva a disparates jurídicos que se ponen de moda y sientan cátedra en los medios, como lo de “libertad con cargos”. No existe tal cosa en nuestro ordenamiento jurídico, y tampoco existe su opuesto, la “libertad sin cargos”. Esto sólo se da en las películas norteamericanas, y por una sencilla razón: allí, el procedimiento está sometido a los principios acusatorio y de oportunidad. Esto significa que, si el asunto es de poca chicha, y la víctima no tiene ningún interés en pedir el castigo del culpable, no tiene sentido malgastar los recursos del contribuyente con un procedimiento judicial, así que ni siquiera se llega a formular acusación por el fiscal. Libertad sin cargos.

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¿Justicia como género de ficción?

40 Comentarios

La Audiencia Provincial de Madrid, sección 30ª, acaba de echar abajo todo el edificio procesal que constituía la causa abierta por el Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid. El escándalo está servido. Los comentarios que se pueden leer en algunas de las piezas periodísticas dedicadas a la noticia en Internet son absolutamente incendiarios. La ciudadanía está indignada, al ver que un poderoso financiero escapa de las redes de la Justicia por la puerta falsa, y las sospechas de parcialidad y connivencia con intereses inconfesables se plasman en frases cargadas de ira.

¿Ha errado la Audiencia? ¿Están ellos y la Fiscalía al servicio de los poderosos en contra del pueblo? Para contestar a esas preguntas, primero hay que responder a otra: ¿ha sido la instrucción de este procedimiento un despropósito de cabo a rabo, un engendro inviable que el tribunal de apelación se ha visto obligado a terminar por la vía rápida antes de que la cosa empeore? Si la contestación es afirmativa, quizás no tengamos un Poder Judicial tan corrupto y vendido como la gente parece empeñada en creer, sino que el problema sea otro.

Comencemos por el principio, con un relato cronológico de cómo ha ido la cosa, y quizá podamos sacar alguna conclusión en claro. Flashback.

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De prismas, troyanos y otras hierbas

Si la cosa estaba calentita en nuestro país a cuenta de los troyanos del Código Procesal, ha contribuido como gasolina a apagar el incendio el escándalo de las interceptaciones de telecomunicaciones llevadas a cabo por la estadounidense NSA, a través del programa PRISM.

Dicho sea de paso, ambas cuestiones se parecen como un huevo a una castaña. Por simplificar, la tan traída y llevada Agencia de Seguridad Nacional yanqui es un organismo de inteligencia, que no tiene nada que ver con la justicia penal. No busca investigar delitos cometidos dentro de su territorio, para llevar a los sospechosos ante la justicia ordinaria, obteniendo una sentencia condenatoria. Su función es neutralizar amenazas extranjeras. Y ya sabemos cómo las gastan al respecto. Como, a pesar de las noches más oscuras, Guantánamos y demás, los Estados Unidos todavía pretenden ser un Estado de Derecho, tienen una ley que regula estas cosas, la FISA ( Foreign Intelligence Surveillance Act, aprobada en 1978), y hay un tribunal autorizado para conocer información confidencial, que es el que autoriza las intervenciones de telecomunicaciones.

El problema parece ser que las sucesivas reformas de la ley, a resultas de la paranoia antiterrorista en la que viven desde 2001, han dado cada vez más manga ancha a la NSA. Y las empresas tecnológicas habrían empezado a colaborar de forma cada vez más complaciente. La suma de ambos factores habría llevado a que, en algún momento, la cosa se fuera de madre. Si se fijan, la principal excusa del Gobierno USA ha sido que no se ha espiado directamente a ciudadanos norteamericanos. Porque esa es la línea roja que no pueden traspasar: desde el momento en que se meten con sus propios ciudadanos, intervienen todas esas garantías constitucionales, derechos civiles y esas cosas tan engorrosas (por favor, nótese la ironía).

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¡Audiencia pública! Va a ser que no

Miguel Angel Rodríguez, el día en que compareció en los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid.

Reconozco que soy un poco plasta con el (mal) tratamiento que dan los medios a las interioridades del mundo de la Administración de Justicia. Pero me pasa como a Michael Corleone en “El Padrino III”, que cuando pensaba que estaba fuera, me vuelven a meter dentro. En esta ocasión se trata de la bitácora Etiqueta Roja, de la web de El País, que en un reciente artículo confunde oscurantismo y opacidad de los tribunales con su propio desconocimiento jurídico. Ello viene a raíz del tan traído y llevado procedimiento por delito contra la seguridad vial seguido contra el exportavoz del Gobierno Miguel Angel Rodríguez desde hace unas semanas, y lo que pasó, o dejó de pasar, con la asistencia de la prensa al juicio. O no juicio. Porque yo, de ser lego y tener que fiarme de su información, todavía no sabría lo que ha pasado.

La cosa tiene su miga, no se crean, y nos hace retroceder una década en el tiempo. Hasta 2002, cuando se reformó la legislación procesal para dar cabida a una nueva modalidad de procedimiento penal que intentaba desatascar las infartadas arterias de la Administración de Justicia, a saber, las “Diligencias Urgentes para el Enjuiciamiento Rápido de Determinados Delitos”. Ya les hablé de ello en otra ocasión. En estos casos, si se alcanza un acuerdo, no llega a haber juicio, y la sentencia la dicta el propio Juzgado de Instrucción, en la misma guardia en la que se produjeron los hechos. O sea, delito, acusación y sentencia en menos de 48 horas. ¿Se lo pueden creer? Bueno, pues no se preocupen, que el sistema tiene sus trampas.

Para poder realizar las citaciones a acusados y perjudicados desde el minuto 1, las competencias sobre agenda de juicios y calificación inicial de los hechos se atribuyeron a la policía. En su día, eso causo cierto revuelo, e incluso costó la cabeza de un fiscal jefe de Madrid particularmente contestatario, el que posteriormente fue ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, quien se quejaba de que los agentes de la autoridad no tienen ni la formación jurídica, ni el papel procesal necesario para decidir que lo que a ellos les parezca un caso de juicio rápido lo sea realmente. Y razón no le faltaba, ya que, a pesar de funcionar razonablemente bien para lo que es este país, a veces hay cosas que chirrían.

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Postureo judicial

¿Qué pasa con el fiscal? Esta ha sido la pregunta que flotaba en el ambiente en un par de causas de plena actualidad periodística esta última semana.

La primera ha sido el interrogatorio por el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 a algunos de los empresarios citados a declarar como imputados en la investigación abierta a raíz de la aparición de los llamados “papeles de Bárcenas”. En dicho acto, el fiscal, para pasmo y sorpresa de algunos de los abogados presentes, no ha formulado una sola pregunta. Sorpresa y pasmo que, por usar el término de moda en Twitter, me parecen puro postureo.

La segunda ha sido la “comparecencia del 505” del caso Blesa, nombre técnico que recibe el acto procesal en el que las partes solicitan al juez instructor que adopte la medida cautelar de prisión provisional. Aquí, el postureo de los abogados roza lo calumnioso, ya que ha incluido una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Desconozco el grado de precisión técnica de la noticia que les enlazo, pero si es cierto que han “recusado” al fiscal, igual tienen que pasar por el Colegio de Abogados a devolver el título. Porque al fiscal no se le puede recusar.

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La trampa está en otra parte

En el fondo, no estoy del todo en desacuerdo con lo que cuenta Elisa Beni en su artículo. De hecho, los dos últimos párrafos los suscribo punto por punto, y coma por coma.

No obstante, creo que yerra el tiro en una cuestión de análisis jurídico. Porque lo omite directamente. Y lo reconoce. Con la fórmula del “esto ya lo han tratado otros, y es muy complicado”, que es parecida al “según estudios científicos” con el que nos venden desde la pulsera “Power Balance” a las flores de Bach. Pues a mí no me vale, que quieren que les diga.

Nuestro actual sistema de instrucción penal es un sinsentido. Lo voy a explicar en dos proposiciones muy sencillas: el juez garantiza los derechos del imputado; el juez investiga al imputado. Una de las dos no se sostiene, no se puede ser a la vez la espada que golpea y el escudo que protege. El juez instructor, realmente, no actúa como arbitro neutral cuando impulsa y ordena diligencias de investigación, entradas y registros en domicilio o intervención de telecomunicaciones, sino que tiene interés en que la investigación avance. Y sin embargo, cuando las defensas le discuten esas decisiones a través del recurso de reforma, él mismo debe despojarse de la capa de instructor, quedarse con el sombrero de juez, y de forma desapasionada someter a reconsideración su propia decisión. Es absurdo.

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Obediencia y legitimidad

Imaginen el siguiente panorama:

Un matrimonio compuesto por nacional y extranjero, con hijos menores de edad, termina en divorcio. Acuden a los tribunales, y se determina el régimen de custodia de las criaturas. Habida cuenta del origen foráneo de uno de los progenitores, que implica riesgo de sustracción, el juez determina que los menores no pueden abandonar territorio nacional sin autorización judicial. Sin embargo, y aprovechando uno de los periodos de estancia con él, el progenitor extranjero coge a los críos, los mete en un avión y se va a su país de origen. El nacional del país acude a la Justicia, denuncia la situación, y obtiene una resolución judicial que ordena el retorno inmediato de los niños al país.

¿Les resulta familiar la situación? Hace algunos años se vivieron situaciones como esta, en la que padres y madres, indistintamente, denunciaban que sus hijos habían sido raptados por el otro miembro de la pareja, que se los había llevado al país de origen. Lugares como Pakistán, Guinea o Nigeria, que producen escalofríos al pensar en sus condiciones socioeconómicas. Una ola de solidaridad acompañó a esos padres y madres privados de la compañía de sus hijos. El Gobierno modificó la legislación, tanto la civil, como la penal, endureciendo así las condiciones para evitar estas situaciones, cuanto las sanciones en caso de incumplimiento.

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Retrato de imputados con infanta al fondo

Esta semana pasada se ha conocido el auto de la Audiencia Provincial de Mallorca que estima parcialmente el recurso interpuesto por el fiscal del caso Nóos contra otro auto, el del juez Castro citando a declarar a la infanta doña Cristina, en calidad de imputada por varios delitos. Se trata de una resolución judicial atípica, en una causa que se está caracterizando por romper moldes.

Como ya les he contado en alguna ocasión, la imputación es algo que todo el mundo asume como una etiqueta que el juez le coloca a una persona por el hecho de ser sospechoso de haber cometido un delito. Así, el artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal habla de que, en la primera comparecencia, el juez informará al imputado de los hechos que se le imputan. Por lo tanto, si el juez cita a alguien a declarar en el curso de una investigación judicial, le está imputando un delito, ¿verdad?

No es tan sencillo. El artículo 118, al hablar del derecho de defensa, dice que el imputado podrá ejercer este derecho, actuando en el procedimiento, desde que se le comunique su existencia, sea detenido... un momento, ¿detenido?. Efectivamente. Si alguien roba un bolso a punta de navaja, sale corriendo, y la policía lo encuentra a los diez minutos, con el arma y el botín todavía en la mano, los agentes lo detendrán y lo llevarán a comisaría. Desde este momento, el tipo ya tiene derecho a estar asistido por un abogado, porque del atestado policial y de la denuncia de la víctima está surgiendo una imputación, y ello antes de que juez alguno haya intervenido.

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Parafraseando al Tenorio

Esta semana me he topado con dos noticias que creo definen bastante bien las fronteras de la sensación de hastío y derrota que los profesionales de la Justicia sienten de un tiempo a esta parte, sobre todo los que están en el barro de la trinchera diaria. Y ambas tienen que ver con cosas de las que les llevo hablando desde que empecé a dar la matraca en este rincón de la web.

La primera me retrotrae a la mordaza que la Transición quiso imponer a los jueces, pero también a la postura de éstos sobre la modalidad de protesta ciudadana bautizada como escrache. Como saben, su máxima autoridad institucional es el presidente del Consejo General del Poder Judicial. Esta persona reúne dos cargos en uno, pues además de dirigir el llamado “gobierno de los jueces” (el que decide sobre ascensos, destinos, régimen disciplinario y demás), preside el Tribunal Supremo, la cabeza del organigrama judicial español. Es decir, aunque no pertenezca a la carrera judicial, pasa a ser juez.

Como tal, un juez no puede emitir prácticamente opinión alguna con relevancia política, pues al menor desliz puede incurrir en responsabilidad disciplinaria. Pero ello sólo ocurre cuando esa opinión se expresa enarbolando dicha condición de juez. Cuando se quita ese sombrero y se pone otro, como puede ser el de representante de una asociación profesional de jueces, la cosa cambia. El presidente del Supremo, por esta doble condición intrínseca a su cargo, es de los que puede hablar con mayor libertad, ya que ejerce la representación unipersonal de toda la carrera judicial.

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