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Chistes fáciles sobre aves de caza

Es a lo que se presta un caso que arranca de un chivatazo policial al dueño de un establecimiento llamado “Faisán”, la verdad. Las circunstancias del caso han sido profusamente glosadas por los profesionales de la prensa de uno y otro signo, así que tampoco hace falta extenderse en preliminares.

Uno de los Juzgados Centrales de Instrucción ha instruido una causa contra varios policías de alto rango, a los que se imputa haber avisado a un sospechoso de que iba a ser detenido. En circunstancias normales, el asunto no debería caer en la órbita de la Audiencia Nacional, pues los delitos cometidos por los funcionarios en el ejercicio de su cargo, a priori, no son de su competencia.

Pero aquí hay un matiz fundamental, el sospechoso lo era por formar parte del tinglado de financiación de ETA, a través del mal llamado “impuesto revolucionario”, y el chivatazo policial estropeó temporalmente una operación contra dicho aparato de extorsión. Así que el juez de instrucción que abrió las diligencias, en un alarde de creatividad, decidió que los hechos eran calificables como un delito de colaboración con banda armada. Esta decisión mantuvo la causa en la Audiencia Nacional, en lugar de haber acabado en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Irún al que le hubiera caído por turno de reparto, que hubiera sido el competente en otras circunstancias.

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Ejecutar lo juzgado

Una de las frases más repetidas estos últimos días, a raiz de la publicación de la sentencia del llamado “Caso Blanqueo” (la implicación de Isabel Pantoja, Julian Muñoz, Mayte Zaldivar y otros varios coimputados en una trama de corrupción en Marbella) ha sido la de que “ha sido condenada a dos años de prisión, por lo que no irá a la cárcel”.

Así, sin más matizaciones, la frase es demasiado categórica y contiene varias imprecisiones, que son muy comunes en los juicios de gran repercusión pública.

Cuando un juicio concluye y se dicta la sentencia definitiva, ello no implica que el procedimiento entero haya terminado. En la práctica, todas las sentencias penales dictadas en primera instancia son recurribles. Las dictadas por un juzgado unipersonal, en causas por delitos castigados con pena de hasta cinco años de prisión, son recurribles en apelación ante la respectiva Audiencia (Provincial o Nacional). Las dictadas en 1ª instancia por una Audiencia son recurribles en casación ante la Sala 2ª del Tribunal Supremo.

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Titulares demasiado anticipatorios

Si hay algo que me saca de mis casillas son las informaciones judiciales erróneas, con un titular que predispone en favor o en contra de determinada cuestión, según la tesis del periodista, y que se derrumban al mínimo análisis.

Y eso ha sucedido con un artículo de mi, por otro lado, admirado Fernando Garea, sobre la posibilidad de que Fiscalía General se pronuncie sobre la significación jurídica de los escraches.

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¡Suelte ese escrache!

Ha sido la noticia perfecta para hacer olvidar al público el drama de las ejecuciones hipotecarias, y el bloqueo parlamentario a una Iniciativa Legislativa Popular que intenta mitigar esa sangría. El colectivo antidesahucios quería señalarnos la Luna, y nosotros nos hemos quedado mirando el dedo.

Porque la idea que sustenta el escrache es señalar, apuntar. Evitar que el cómodo refugio entre la masa de parlamentarios desconocidos cubra a todos aquellos que, sin dar la cara en una pantalla de televisión, hacen bulto en los escaños del congreso, jalean las decisiones gubernamentales, pulsan el botón del voto, y después se van tranquilamente a su casa. La teoría del escrache, su protocolo pulcramente plasmado por escrito, es plantarse delante de la casa de un diputado de los del montón, y a la que asome la jeta, gritar a los cuatro vientos: “Ese de ahí, es el culpable de que mis hijos duerman en la calle”.

No existe ningún artículo del Código Penal que sancione esta conducta como delito, ni como falta. Es algo incómodo, desagradable para el que lo sufre. Por supuesto, esa es la idea. Exactamente la misma que mueve empresas como “El cobrador del frac”, sin que sus fundadores o empleados hayan sido encausados penalmente por esta razón.

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El hacker del CNI que nunca existió

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Se llama Matías Bevilacqua, y durante meses, en diversas causas judiciales de gran repercusión mediática, su nombre ha aparecido asociado a algo que es, como mínimo, inexacto. Pero ya conocen la máxima periodística: no dejes que la realidad te arruine un buen titular.

Con una peligrosa mezcla de escasos conocimientos técnicos e información sesgada, nuestra prensa generalista cuenta de aquella manera a qué se dedica Bevilacqua y uno se puede construir dos perfiles distintos: la aburrida biografía de un analista forense cuya empresa tiene contratos con el Estado, o la burbujeante historia de un pirata informático a sueldo del espionaje patrio.

El problema es que, para llegar a la primera conclusión, hay que leer a fondo los asuntos, descartar media tonelada de paja y quedarse con unos pocos datos contrastados. Para llegar a la segunda, basta con leer el titular y tragarse sin masticar el cuerpo del artículo.

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¿Justicia de dos velocidades?

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Una de las cosas que extraña y enfada, a partes iguales, a la ciudadanía de este país, es que el juicio contra Baltasar Garzón derivado de las escuchas ordenadas en las Diligencias Previas 275/08 del Juzgado Central de Instrucción nº 5 ( aka caso Gürtel), se instruyera, enjuiciara y sentenciara rápidamente, mientras el citado procedimiento sigue atascado en la fase de investigación.

Inmediatamente, la explicación que se le ocurre a la gente no familiarizada con los procedimientos judiciales es que la curia de los Tribunales le tenía especiales ganas al togado paladín del mechón blanco, mientras que les entra una pereza invencible a la hora de afrontar la “trama Gürtel”.

No seré yo quien pretenda oficiar de telépata judicial, y les diga qué es y qué no es lo que pasa por la mente de los jueces. Lo que voy a hacer es tratar de aportar cierto contexto.

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Imputado, acusado, condenado

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Imputado es uno de los términos de moda, ahora que los informativos han tenido que incluir un apartado “Corrupción” en la subsección “Tribunales”, parte de lo que antes era “Nacional”. Seguro que si hacemos una “nube de tags” con las palabras más habituales en la prensa nacional, sería una de las más gordas, de las que más se repiten. Se utiliza habitualmente como arma arrojadiza (“tiene que dimitir, está imputado”), o como defensiva (“no tiene por qué dimitir, sólo está imputado”). En suma, parece un vocablo maleable, voluble, que puede usarse para confundir y despistar.

Y ese es, precisamente, el caballo de batalla de este blog, tratar de mantener a raya las ambigüedades, y los equívocos a que da lugar la utilización coloquial o periodística del lenguaje técnico jurídico.

Por simplificar, voy a recurrir a una explicación basada en tres círculos concéntricos, uno dentro de otro, cada uno más pequeño que el anterior.

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La clave política

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Es muy frecuente en este país que, al hablar de tribunales y sus resoluciones, no se dé la información para que el público extraiga sus propias conclusiones, sino que lo que se ofrezca directamente es la opinión ya cocinada, en base a premisas de partida que son, cuando menos, cuestionables.

Esto ha estado pasando estas últimas semanas, a cuenta del choque de trenes habido en los Juzgados Centrales de Instrucción. ¿Lo qué? Ese es el primer problema. Ni siquiera se nombra con propiedad el órgano judicial, así que a partir de ahí son todo inexactitudes. Seguro que si uso el término habitual en los medios de comunicación, me captan mucho mejor: los Juzgados de Instrucción de la Audiencia Nacional. ¿Lo ven? Sin rigor es mucho más fácil.

Pero hablábamos de una colisión, y esta es la que, al parecer, se ha producido entre el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3, Javier Gómez Bermúdez, y el juez que cubre la vacante del nº 5, Pablo Ruz (ignoro por qué de este señor nunca dicen el segundo apellido, como sí que hacen con su compañero).

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Señoritos y peones

Muy sorprendido quedé en la facultad, cuando me explicaron uno de los argumentos jurídicos que usaban los patronos de la Revolución Industrial contra las reivindicaciones de las Trade Unions, como la limitación de jornada laboral, prohibición del trabajo infantil, etc.:

"Las limitaciones que se proponen son ilegales, porque atentan contra la libertad de los trabajadores de pactar las condiciones de trabajo con los empresarios. La coacción que ejercen esas asociaciones atenta contra el principio de pacto “a pie de igualdad” entre las partes contratantes."

Mastiquen lentamente esas ideas, pero sobre todo, pónganlas en contexto: piensen en esos depauperados proletarios, en esos niños de novela de Dickens, en esa gente que se dejaba los riñones de sol a sol para conseguir un sueldo de miseria; y ahora, paladeen la hipocresía supina de la que se hace gala al decir que esa gente contrataba “libremente” con el patrono, y que los contratos se celebraban con “igualdad” entre las partes. Si no sienten ganas de cantar “A las barricadas” después de eso, no se qué coño hacen leyendo este diario, francamente.

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Absoluciones, sobreseimientos y denuncias falsas

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Esta semana, el diputado de UPyD por Valencia, Toni Cantó, se ha ganado las iras de gran parte de la Internet hispana, y del mundo no virtual, a cuenta de unas declaraciones sobre la violencia contra las mujeres que son, como poco, desafortunadas, cuando no directamente mentira.

El diputado afirmaba, en primer lugar, que la "mayoría" de las denuncias son falsas, lo que no es admisible ni bajo la interpretación más delirante de los datos de que disponemos. Porque esa es parte del problema: en cuanto las palabras de Toni Cantó empezaron a armar ruido, las estadísticas de la Fiscalía General del Estado rápidamente fueron enarboladas como prueba definitiva de lo falaz de sus afirmaciones. Y es que Cantó jugó a un extraño juego, desacreditando por un lado los datos oficiales ("las estadísticas son sesgadas"), mientras que por otro decía tener el respaldo del Instituto Nacional de Estadística, al afirmar que una de cada tres víctimas de violencia doméstica es varón.

Para su desgracia, la de Internet es una sociedad en la que cualquier dato se puede comprobar prácticamente al instante, así que su farol quedó rapidamente al descubierto. El INE no dice tal cosa, y finalmente tuvo que revelar que la fuente de sus afirmaciones era una asociación cuya razón de existir parece ser, precisamente, la demolición de leyes como la de protección de las víctimas de violencia de género. Cuestionable, cuando menos.

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