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Imputado, acusado, condenado

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Imputado es uno de los términos de moda, ahora que los informativos han tenido que incluir un apartado “Corrupción” en la subsección “Tribunales”, parte de lo que antes era “Nacional”. Seguro que si hacemos una “nube de tags” con las palabras más habituales en la prensa nacional, sería una de las más gordas, de las que más se repiten. Se utiliza habitualmente como arma arrojadiza (“tiene que dimitir, está imputado”), o como defensiva (“no tiene por qué dimitir, sólo está imputado”). En suma, parece un vocablo maleable, voluble, que puede usarse para confundir y despistar.

Y ese es, precisamente, el caballo de batalla de este blog, tratar de mantener a raya las ambigüedades, y los equívocos a que da lugar la utilización coloquial o periodística del lenguaje técnico jurídico.

Por simplificar, voy a recurrir a una explicación basada en tres círculos concéntricos, uno dentro de otro, cada uno más pequeño que el anterior.

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La clave política

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Es muy frecuente en este país que, al hablar de tribunales y sus resoluciones, no se dé la información para que el público extraiga sus propias conclusiones, sino que lo que se ofrezca directamente es la opinión ya cocinada, en base a premisas de partida que son, cuando menos, cuestionables.

Esto ha estado pasando estas últimas semanas, a cuenta del choque de trenes habido en los Juzgados Centrales de Instrucción. ¿Lo qué? Ese es el primer problema. Ni siquiera se nombra con propiedad el órgano judicial, así que a partir de ahí son todo inexactitudes. Seguro que si uso el término habitual en los medios de comunicación, me captan mucho mejor: los Juzgados de Instrucción de la Audiencia Nacional. ¿Lo ven? Sin rigor es mucho más fácil.

Pero hablábamos de una colisión, y esta es la que, al parecer, se ha producido entre el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3, Javier Gómez Bermúdez, y el juez que cubre la vacante del nº 5, Pablo Ruz (ignoro por qué de este señor nunca dicen el segundo apellido, como sí que hacen con su compañero).

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Señoritos y peones

Muy sorprendido quedé en la facultad, cuando me explicaron uno de los argumentos jurídicos que usaban los patronos de la Revolución Industrial contra las reivindicaciones de las Trade Unions, como la limitación de jornada laboral, prohibición del trabajo infantil, etc.:

"Las limitaciones que se proponen son ilegales, porque atentan contra la libertad de los trabajadores de pactar las condiciones de trabajo con los empresarios. La coacción que ejercen esas asociaciones atenta contra el principio de pacto “a pie de igualdad” entre las partes contratantes."

Mastiquen lentamente esas ideas, pero sobre todo, pónganlas en contexto: piensen en esos depauperados proletarios, en esos niños de novela de Dickens, en esa gente que se dejaba los riñones de sol a sol para conseguir un sueldo de miseria; y ahora, paladeen la hipocresía supina de la que se hace gala al decir que esa gente contrataba “libremente” con el patrono, y que los contratos se celebraban con “igualdad” entre las partes. Si no sienten ganas de cantar “A las barricadas” después de eso, no se qué coño hacen leyendo este diario, francamente.

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Absoluciones, sobreseimientos y denuncias falsas

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Esta semana, el diputado de UPyD por Valencia, Toni Cantó, se ha ganado las iras de gran parte de la Internet hispana, y del mundo no virtual, a cuenta de unas declaraciones sobre la violencia contra las mujeres que son, como poco, desafortunadas, cuando no directamente mentira.

El diputado afirmaba, en primer lugar, que la "mayoría" de las denuncias son falsas, lo que no es admisible ni bajo la interpretación más delirante de los datos de que disponemos. Porque esa es parte del problema: en cuanto las palabras de Toni Cantó empezaron a armar ruido, las estadísticas de la Fiscalía General del Estado rápidamente fueron enarboladas como prueba definitiva de lo falaz de sus afirmaciones. Y es que Cantó jugó a un extraño juego, desacreditando por un lado los datos oficiales ("las estadísticas son sesgadas"), mientras que por otro decía tener el respaldo del Instituto Nacional de Estadística, al afirmar que una de cada tres víctimas de violencia doméstica es varón.

Para su desgracia, la de Internet es una sociedad en la que cualquier dato se puede comprobar prácticamente al instante, así que su farol quedó rapidamente al descubierto. El INE no dice tal cosa, y finalmente tuvo que revelar que la fuente de sus afirmaciones era una asociación cuya razón de existir parece ser, precisamente, la demolición de leyes como la de protección de las víctimas de violencia de género. Cuestionable, cuando menos.

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Ola, te kerella o k ase

Twitter tiene cosas muy curiosas. Esta semana, un amigo que firma por aquí, el abogado Javier de la Cueva me lanzó el guante, a través de dicha red social, de escribir unas líneas sobre las formas de iniciación del procedimiento. Como nunca dejo un reto de esos sin responder, aquí me tienen.

@ tenientekaffee Para cuando un artículo en que enseñes las diferencias entre denuncia y demanda? Empieza a ser urgente :-)

¿Iniciación del proceso? ¿Y eso que es? Les pongo un ejemplo, y verán qué rápido entramos en materia:

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Rollo Tomasi en Parque Jurásico

Sé que muchos lectores cuestionarán mis referencias cinematográficas. No lo puedo evitar, lo mismo que a Jessica Rabbit, a mí también "me han dibujado así": como alter ego del autor, no soy más que el personaje de una película del Hollywood más mainstream.

El caso es que, puestos a cuestionar, muchos lectores y comentaristas de esta humilde sección tienen por costumbre afearme la exposición de determinadas teorías o realidades jurídicas, como si la culpa de los pensamientos de Beccaria fuese mía. En el último de mis artículos, por otro lado, el primero de los lectores en compartirlo a través de Twitter consideraba peligrosa una de las posibles soluciones que se me ocurrían para los problemas de la prescripción en los delitos económicos. Y no cualquier lector, un catedrático de procesal, nada menos.

Lejos de arredrarme, creo que me voy a revolcar un poco en el fango de mis "peligrosas" ideas, abandonando el campo de la exposición objetiva de la realidad jurídica, y zambulléndome de lleno en la pura especulación creativa. Para que, por lo menos, me pongan a parir con razón.

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La prescripción, esa gran desconocida

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Es la palabra comodín en prensa cuando se trata de los delitos "de cuello blanco", o de aquellos cometidos por nuestros mandatarios políticos, cuando aprovechan el cargo para llevárselo crudo. Pero, ¿sabemos realmente lo que es la prescripción de un delito? La gente parece entender que es una fecha que, una vez llegada, deja los delitos impunes. Y, en pocas palabras, es así. Sólo que, si todo fuese tan sencillo, los abogados no tendrían trabajo.

Comencemos por el aspecto filosófico de la cosa. En teoría jurídica, se considera que el Estado no puede perseguir perpetuamente a sus ciudadanos. A ello se opone un principio básico recogido en nuestra Constitución: la seguridad jurídica, que no es, ni más ni menos, que el derecho a que el Estado sea predecible, que no salga por peteneras de repente, como un villano psicópata de película. Además, las "acciones", que así se llaman los resortes a través de los cuales se hacen valer los derechos, no son eternos. Ninguno lo es. No existe el alquiler perpetuo, ni el contrato de trabajo interminable (aunque sea indefinido, y si no, recuerden la edad de jubilación forzosa). Por ello, el "ius puniendi", el derecho que el Estado se atribuye para castigar la comisión de delitos, también tiene fecha límite.

Así que nuestro Código Penal recoge el asunto en en el artículo 130 y los que le siguen, junto a otros supuestos de extinción de la acción penal. Algunos de esos supuestos son de sentido común, como la muerte del delincuente, aunque pueden causar dolor añadido a la víctima, como ha sucedido con los padres de niños robados por la trama en la que, supuestamente, participaba la finada Sor María. Desaparecido el clavo sobre el que golpear, el martillo del Derecho Penal debe volver a la caja de herramientas. A menos, claro está, que aparezca otro clavo.

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ERE judicial en Euskadi

Venía siendo un rumor estruendoso desde hace meses: en una época en la que no se respeta ni lo más sagrado, en la que se recorta en todo, salvo en la jeta de nuestros políticos, a la Justicia le tenía que tocar. De hecho, ya le viene tocando desde hace años, con recortes de sueldo por aquí, subida de retenciones de IRPF por allá, ahora te congelo el salario previamente recortado, luego te quito una paga extra... Minucias para ir capeando el temporal. Porque, como bien claro está quedando, esta crisis (¿he oído estafa?) en la que estamos sumidos está siendo la excusa perfecta para rehacer la sociedad a la imagen y semejanza de cómo le gustaría que fuera a los que nos gobiernan.

Así que, ¿por qué no aplicarle un expediente de regulación de empleo a los jueces? Hombre, si nos ponemos puntillosos, está esa minucia de que se trata de funcionarios con plaza ganada en oposición, y que además tienen la garantía adicional de inamovilidad que establece la Constitución, por aquello de evitar que los poderes del Estado anden poniendo y quitando jueces, como quien juega al cambio de cromos. Pero hay una categoría especial que no tiene esa protección, y que abunda mucho, la Justicia interina, los jueces sustitutos y magistrados suplentes.

Los y las jueces (me niego rotundamente a ponerle femenino a una palabra de género neutro) son seres humanos, y a veces, se ponen enfermos, o se quedan embarazadas, u ocupan cargos de responsabilidad en excedencia forzosa. También hay vacaciones, licencias por estudios, e incluso plazas que nunca se cubren, porque no las quiere nadie, y quedan vacantes en los concursos (¿recuerdan el juzgado de Corcubión? Como esas plazas no se pueden cubrir con miembros de la carrera judicial en sentido estricto, se tira de personal interino. He leído críticas furibundas contra los sustitutos en comentarios de otros artículos que he publicado, y la verdad es que ignoro la experiencia de cada uno con los jueces y magistrados que le haya tocado ver. Por lo que a mí respecta, he visto profesionales excelentes en muchos casos, que han prestado un servicio encomiable en plazas complicadas, y en unas condiciones que para muchos serían inaceptables.

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Delitos y faltas

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Estando en 3º de B.U.P., hace más años de los que me gusta reconocer, un profesor lanzó una pregunta a la clase, en la asignatura de Historia Contemporánea:

-¿Qué es una Constitución?

- Es un conjunto de leyes que... -empezó con un soniquete monocorde uno de los empollones de la clase.

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Conformidad y pactos nefandos

Al hablar de acuerdos entre acusación y defensa, para no llegar a juicio, la gente suele recurrir a su memoria cinematográfica, esa misma que lleva a algunos acusados a acogerse a la Quinta Enmienda, la que exime de declarar contra uno mismo... en la Constitución de los Estados Unidos. Y en esos recuerdos, siempre está el taimado ayudante de fiscal del distrito, ansioso de medrar políticamente, que quiere llegar a un acuerdo rápido para mejorar su estadística de condenas. Y ahí tienen ese tira y afloja tan peliculero:

–¿Qué me ofreces?

–Homicidio en primer grado, de quince años a perpetua, y se libra del corredor de la muerte.

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