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Consecuencias inesperadas del caso Cassandra

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Tuit de Cassandra en el que denunciaba la petición del fiscal

Esta semana, se ha publicado la sentencia sobre un asunto al que ya le dediqué en su día un artículo: el de la usuaria de Twitter llamada Cassandra (@kira_95), juzgada por la Audiencia Nacional por un delito de enaltecimiento del terrorismo, en su modalidad de humillación a las víctimas.

Una vez que el público en general ha tenido acceso al texto íntegro de la sentencia, que todavía no es firme, hay muchas cuestiones que analizar y discutir, al margen de los hechos concretos del caso.

En primer lugar, se ha discutido en instancias políticas sobre la misma existencia del tipo penal de enaltecimiento del terrorismo, que se encuentra en el artículo 578 del Código Penal. En realidad, deberían preguntárselo a los integrantes del bipartidismo vigente en este país desde la Transición. Porque, aunque la redacción actual se introdujo en 2015, gobernando el PP, dicha reforma se limita a elevar las penas e introducir subtipos agravados, como el de difusión por Internet. Pero el núcleo del delito está vigente desde 2000, y sobrevivió a dos legislaturas de gobiernos socialistas sin que se modificara ni una coma.

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La verdad sobre el caso Mas, y los demás

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6F;Artur Mas;Irene Rigau;Joana Ortega; Judici Mas; TSJC

Esta semana se ha hecho pública la condena a Artur Mas y otros dos altos cargos de la Generalitat de Catalunya, por impulsar y organizar la consulta del 9 de noviembre de 2014. Por supuesto, la sentencia ha dado y dará que hablar, ya que no sólo no es firme, sino que la reacción de los condenados ante la misma puede determinar su futuro más inmediato, como explicaba escuetamente Carlos Sánchez Almeida:

Aunque no sea firme la sentencia, la Ley Electoral impide a Artur Mas presentarse a elecciones. Si se ejecuta, candidato en dos años.

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¿Sentencias incomprensibles o incomprendidas?

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Hoy me trae hasta ustedes la petición de un seguidor de Twitter, que me interpeló el otro día, al hilo de una sentencia reciente. Se trata del caso de una niña víctima de abusos sexuales, cuyo autor ha sido condenado recientemente a una pena de tres años y nueve meses de prisión.

Sin embargo, ha sido un fundamento de la sentencia el que ha desatado la polémica, pues ésta dice que “la niña no se resistió”. Y claro, se ha liado.

Debo decirles que todo delito sexual contra menores, en mi opinión como ciudadano y progenitor, merece penas que no están en nuestro Código Penal. Porque lo de desmembrar al reo atando sus extremidades a cuatro caballos percherones creo que lo abandonamos en tiempos de los visigodos.

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La legalidad

En muchas ocasiones, cuando he traído a colación algún asunto judicial de actualidad, y he tratado de desentrañarles las claves técnicas del mismo, me he encontrado con cierta incomprensión por parte de un sector de los lectores. No es que me queje, ya saben, “a quien no le guste el calor, que no se meta en la cocina”. Pero lo cierto es que algunos lectores tienden a responsabilizar a los operadores jurídicos, o sea, jueces, fiscales y abogados, de lo que no son más que consecuencias directas de la aplicación de la ley.

El ordenamiento jurídico, y esto es algo que se aprende en primero de Derecho, está formado por la ley, la costumbre y los principios generales. Pero en la rama penal, los dos últimos quedan arrumbados, y rige la legalidad más estricta. Lo que no está en el código no se computa. Un juez no puede inventarse la ley, ni salirse de sus cauces, por mucho que le reviente una injusticia manifiesta. 

¿Por qué les salgo con esto? Obviamente, por un par de sentencias de reciente publicación, así como sus consecuencias procesales posteriores, y que son de las que afectan profundamente a la opinión pública. Sí, me estoy refiriendo a los casos del Instituto Nóos y las llamadas “tarjetas black”.

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La vergüenza

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Cristina de Borbón.

El viernes, 17 de febrero, a las doce del mediodía, se dio conocimiento a una sentencia que la opinión pública llevaba meses esperando. Al menos, meses a contar desde el 22 de junio de 2016, fecha en que la presidenta del tribunal pronunció las palabras mágicas: "Visto para sentencia".

Se trata de la Sentencia nº 13/17, dictada en el Rollo de Procedimiento Abreviado 58/2015 de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Baleares. ¿Lo qué? Sí, hombre, el procedimiento que dimana de la Pieza Separada nº 25 de las Diligencias Previas 2677/2008 del Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma de Mallorca. ¿Lo cualo? Lo de Urdangarin y la infanta, hombre. Acabáramos.

¿Y a qué viene semejante pornografía documental, de rollos y piezas, diligencias y procedimientos? Porque la gente se olvida de lo mucho que hay en juego en este tipo de procedimientos por corrupción, y se centra en sus filias o sus fobias personales e ideológicas. Es que la infanta nos robó, claman algunos. Según la única acusación popular que sostuvo cargos contra Cristina de Borbón, ésta habría dejado de pagar unos cientos de miles de euros en concepto de impuestos. No es ninguna tontería, teniendo en cuenta que las sucesivas reformas del Código Penal han ido subiendo los límites del delito de evasión de impuestos, de tal manera que las defraudaciones de menos caché se solventan con una sanción administrativa.

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La píldora roja

Llevaba algún tiempo queriendo hablarles de las declaraciones del ex muchas cosas Santiago Vidal. Hasta hace algún tiempo, había sido juez. Con posterioridad, accedió al mundo de la política, como senador por ERC. Pero también ha dejado, al parecer, ese cargo, después de su célebre “rajada”.

¿Y de qué habló el ínclito jurista? Pues entre otras muchas cosas, vino a reconocer abiertamente diversos delitos, cometidos por autor todavía desconocido, pero que habrían beneficiado a la causa que defiende la formación ideológica a la que ha estado adscrito.

Me refiero, por supuesto, a eso de hacerse con los datos de millones de catalanes, a fin de proporcionar una sólida herramienta de información para los planes de sus correligionarios.

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El sospechoso habitual

Si, a día de hoy, en la prensa o en los partidos políticos, se plantease la cuestión de señalar al sospechoso habitual de cualquier trapacería, sin duda la Fiscalía sería el candidato idóneo. Es un ente abstracto, casi gaseoso, que muchos confunden con un bloque monolítico, le atribuyen una disciplinada obediencia propia del Ejército norcoreano, y les da igual que sea la del Supremo, que la adscrita a la Audiencia Nacional, que la de cualquier remoto partido judicial de provincias. Básicamente, porque suelen no distinguirlas.

La obsesión con achacarle hasta la muerte de Manolete raya en lo ridículo, cuando leemos titulares mamporreros como  éste:

Suspenden un juicio en Pamplona tras más de dos horas de espera porque la fiscal tenía hora en el médico

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Ampliando el claustro

Hace algunas semanas, ironicé sobre determinadas ocurrencias jurídicas, por llamarlas de alguna manera, de diversos representantes patrios. Para ello, me inventé una ficticia facultad de derecho alternativo, el que no ha sido aprobado ni promulgado por parlamento alguno, y la bauticé como Hogwards, en un guiño al personaje de Shary Bobbins en Los Simpson.

Poco imaginaba yo que, al cabo de unas semanas, iba a ver florecer como setas a sesudos juristas que, sin duda, pertenecen a su selecto cuerpo de profesores.

Y es que el mes y medio que ha transcurrido desde dicho artículo ha dado para mucho. Para empezar, creo que dentro de poco me toca ser presidente de una comunidad de vecinos, ya que, por votación entre todos ellos, dicho cargo resulta ser rotatorio. Así que, como ostentaré un cargo elegido democráticamente, me parece que me abstendré de acudir al llamamiento de cualquier autoridad judicial, y que se cuiden mucho de poner cortapisas a mis más excéntricos o delictivos exabruptos: aunque ninguna ley lo diga, o más bien, aunque la ley diga exactamente lo contrario, considero que debo ser inviolable por las opiniones expresadas en el ejercicio de mi cargo, el de presidente de ésta, nuestra comunidad.

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Deconstrucción de un chiste

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César Strawberry, cantante de Def Con Dos.

Hace algunos años, el actor afroamericano Chris Rock soltó una frase que alcanzó notoriedad mundial, al reírse de muchos tópicos raciales, estereotipos nacionales, y de la traslación a jerga callejera de los nombres de los principales dirigentes estadounidenses de la época. Decía, más o menos, lo siguiente:

"Me di cuenta de que el mundo estaba loco cuando vi que el mejor rapero es blanco, que el mejor jugador de golf es negro, que el jugador más alto de la NBA es chino…". Como todo el mundo sabe, y constata incluso una serie de televisión, el rap es un estilo musical que nació en barrios estadounidenses de mayoría negra. Sin embargo, en la época del monólogo de Chris Rock, el muy blanco Eminem era quien partía la pana en el negocio del hip-hop. El golf ha sido tradicionalmente un juego elitista practicado por blancos. En cambio, el mulato Tiger Woods todavía no había caído en la espiral autodestructiva posterior a su divorcio, y era el mejor golfista del ranking internacional. Las personas procedentes de China suelen ser, estadísticamente, más bajas que los estadounidenses, pero el ciudadano chino Yao Ming, con su 2.29 metros de estatura, era el techo de la NBA. Por cierto, una caricatura de su rostro sonriente se ha transformado, con el tiempo, en un meme universal en Internet.

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Chistes y penas

Uno de los asuntos de repercusión mediática que me ha llamado la atención esta semana, ha sido la acusación formulada contra una usuaria de Twitter, Cassandra (@kira_95), por el delito de enaltecimiento del terrorismo.

En su día, ya escribí sobre el tema, cuando saltó a los medios la condena de Loba Roja (@albacorazonnegro). Podría decirse que no cabe mucho más análisis que el realizado en su día, pues mi postura sobre la cuestión no ha cambiado gran cosa.

Porque, al margen de consideraciones jurídicas, sobre la catadura moral de lo escrito en la red social del pajarito en cuanto a asesinatos y otras muertes horribles, se podrían escribir ríos de tinta. De hecho, el artículo definitivo al respecto, para mí, es éste que escribió Juan Gómez Jurado.

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