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Acoso en los grandes almacenes

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Una constante de las relaciones entre la prensa y los tribunales del orden penal es lo problemático que resulta el uso, por el legislador, de términos incorporados al lenguaje coloquial, pero con un sentido distinto al que les da el ciudadano medio. 

La estrella de estos equívocos es el ensañamiento, que está definido en la ley con un significado bastante distinto al que se le pasaría por la cabeza a cualquiera. Al menos, a cualquiera no contaminado por el paso por una facultad de Derecho.

El caso es que esta semana se ha conocido una sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, en la que se absuelve a un jefecillo subalterno de El Corte Inglés de la acusación de acoso sexual que pesaba contra él.

Como siempre, la prensa nos ofrece información incompleta, que provoca la indignación popular. Así, se nos dice que el acusado llamaba “chochitos” a sus subordinadas, o que les dejaba notitas sobre si estaban más o menos buenas que el año pasado. Y sin embargo, nos cuentan que ha sido absuelto por falta de pruebas.

Evidentemente, el ciudadano medio lee esto, o lo ve en televisión, y monta en cólera. Es comprensible. El problema es que la conexión no es del todo exacta.

Verán, si leen la sentencia de apelación, comprobarán que la querella por la que se iniciaron las actuaciones no se limitaba a simples expresiones verbales o escritas, sino que abarcaba los tocamientos. Sin embargo, del relato de hechos probados se deduce que esos tocamientos no se han probado en juicio, por lo que se absuelve de las acusaciones de acoso y abuso sexual. Esa es la falta de pruebas: la acusación era bastante más grave.

¿Pero y lo de “chochitos”, lo de las notas? Es difícil explicarlo, pero resulta que eso no es delito. No se me solivianten, que es bastante más complejo de lo que parece.

El tratamiento del acoso sexual en el centro de trabajo proviene, como tantas otras cosas, de Estados Unidos, y habrán visto sus consecuencias reflejadas hasta la saciedad en películas y series que se desarrollan en un entorno laboral. Todo viene de 1964, cuando se publicó una ley, la “ Civil Rights Act”, que contempla en su título VII el acoso sexual como una forma de discriminación. Esta previsión legal ha servido de base a reclamaciones civiles. Demandas. Sacarle la pasta a la empresa, por no haber puesto los medios para evitar esta conducta. O sea, atizarle al capitalismo donde más le duele, el bolsillo. 

Por aquella época, en nuestro país estábamos muy lejos de estos avances sociales. Qué narices, estábamos en otra galaxia. Hasta 1963, matar a la propia esposa, si era por adulterio comprobado, era una infracción menor, castigada con una ridícula pena de alejamiento que se conocía como “destierro”. Una paliza brutal, hasta dejarla en coma, quedaba exento de pena. Así, como suena.

Con el paso del tiempo, este tipo de aberraciones jurídicas han ido desapareciendo de nuestra legislación, y se han empezado a reconocer los derechos de la mujer. Correlativamente, se introduce el castigo para las conductas que atenten contra estos derechos, llegando a su punto álgido con la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, de 2004.

Por el camino, apareció la cuestión del acoso sexual en el trabajo, y como en este país somos muy de inquisición, se incluyó en el Código Penal. Recuerden, en Estados Unidos se había contemplado como un motivo para demandar económicamente a la empresa que favorece, consiente o no pone medidas contra este tipo de problemas. O sea, atacaba el caldo de cultivo de esta situación. Y además, contemplaba el concepto de acoso como algo bastante amplio, incluyendo las expresiones verbales y escritas, siempre que resultasen en un ambiente de trabajo hostil o abusivo. 

En cambio, el tratamiento penal por el que se optó en nuestro país se limita a ir a los síntomas de la enfermedad, los acosadores individuales. Y además, restringe bastante la conducta que se puede considerar acoso. Se contempla, como no podría ser de otra manera, que se haya producido una situación gravemente hostil o humillante, pero ese es solo uno de los dos requisitos del artículo 184 del Código Penal. El otro, imprescindible, es que el acusado haya “solicitado favores de naturaleza sexual” amparándose en el marco de la relación laboral. Es decir, que la conducta del acosador tiene que ser bastante más activa, tiene que buscar llevarse a la cama a la víctima, hacer la proposición concreta prevaliéndose de la relación laboral, y no basta con todas esas expresiones repugnantes que recoge la sentencia que nos ocupa. 

O sea, como decíamos más arriba, y por incomprensible que resulte, llamar “chochito” a una subordinada no es acoso sexual según nuestro Código Penal. La cuestión que siempre planteo aquí es que el derecho penal no es el Bálsamo de Fierabrás, la solución a todos los males. Curiosamente, el Estatuto de los Trabajadores contempla el acoso sexual, en su artículo 54 como una de las causas del despido disciplinario. Como pueden imaginar, no se trata de la misma y restrictiva definición que contempla la legislación penal, sino que se rige por los estándares europeos, algo más parecido a la definición estadounidense de la que hemos hablado más arriba.

¿Protege suficientemente esa norma a las mujeres? En absoluto. Porque cuando la propia empresa es un reducto apolillado de machismo, y no sanciona adecuadamente estas conductas, queda impune. En el caso que nos ocupa, la reacción de El Corte Inglés fue una suspensión de empleo y sueldo de tres semanas. O sea, las vacaciones de un autónomo. Y al terminar, de vuelta al mismo puesto de trabajo. Nada de ser degradado de categoría, apartado de cualquier cargo de responsabilidad o destinado a descargar mercancía en los almacenes. Pero claro, qué se va a esperar de una empresa en la que las mujeres, toda la vida, por alto que fuera su puesto en la jerarquía de vendedores de cada establecimiento, vestían uniforme de dependienta, mientras que hasta el último hombre del escalafón llevaba traje y corbata (salvo excepciones como deportes o moda juvenil). ¿Resultado de esta sutil diferencia de vestuario? Que vistos el uno al lado de la otra, él parecía el jefe y ella la subordinada.

Pero no se apuren, los medios de comunicación están aquí para poner el dedo en la llaga,  señalando esa sentencia que se limita a aplicar la legislación vigente, sin enlazarla, mientras que se cuidan muy mucho de mencionar el nombre de la empresa. Miren, la sentencia está aquí, disponible a través del CENDOJ, la base de datos del Consejo General del Poder Judicial. En ella, todos los nombres de personas físicas son eliminados, en cumplimiento de la legislación orgánica de protección de datos, siendo reemplazados por nombres genéricos,  como Eulalia, Palmira o Paulino. Sin embargo, las empresas no tienen esa prerrogativa, y no se usa aquel viejo eufemismo del que se mofaba el genial Perich, el de hablar de “unos grandes almacenes”, sino que se pone El Corte Inglés, con todas las letras. Así que quizás no sea la prensa la que le saca los colores a la justicia, sino al revés.

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