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Ampliando el claustro

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Hace algunas semanas, ironicé sobre determinadas ocurrencias jurídicas, por llamarlas de alguna manera, de diversos representantes patrios. Para ello, me inventé una ficticia facultad de derecho alternativo, el que no ha sido aprobado ni promulgado por parlamento alguno, y la bauticé como Hogwards, en un guiño al personaje de Shary Bobbins en Los Simpson.

Poco imaginaba yo que, al cabo de unas semanas, iba a ver florecer como setas a sesudos juristas que, sin duda, pertenecen a su selecto cuerpo de profesores.

Y es que el mes y medio que ha transcurrido desde dicho artículo ha dado para mucho. Para empezar, creo que dentro de poco me toca ser presidente de una comunidad de vecinos, ya que, por votación entre todos ellos, dicho cargo resulta ser rotatorio. Así que, como ostentaré un cargo elegido democráticamente, me parece que me abstendré de acudir al llamamiento de cualquier autoridad judicial, y que se cuiden mucho de poner cortapisas a mis más excéntricos o delictivos exabruptos: aunque ninguna ley lo diga, o más bien, aunque la ley diga exactamente lo contrario, considero que debo ser inviolable por las opiniones expresadas en el ejercicio de mi cargo, el de presidente de ésta, nuestra comunidad.

Ese, al menos, es el núcleo del argumento esgrimido por el eximio catedrático de derecho constitucional Javier Pérez Royo, en este artículo publicado en ctxt.es.

Verán, la noticia arranca con un concejal de las CUP, Joan Coma, largando de lo lindo en un pleno municipal de Vic, su ayuntamiento. Como las cosas que dijo podían incurrir en un delito de incitación a la sedición, pues se le citó para declarar en calidad de investigado ante el órgano judicial competente para llevar ese tipo de asuntos. ¿Adivinan cual? Exacto, uno de los Juzgados Centrales de Instrucción.

Una vez citado, el regidor municipal decidió que, aplicando la doctrina L’Oreal (es decir, porque yo lo valgo), se iba a arrogar el privilegio de declarar por escrito, así que remitió un papelote a la Audiencia Nacional. Antes siquiera de que le hubieran formulado pregunta alguna. El pequeño problema es que tal potestad sólo la tienen, ex  artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, del presidente de una comunidad autónoma para arriba. Desde ahí, y hasta llegar al nivel administrativo de subdelegado del Gobierno, pueden hacerlo en su despacho, pero de palabrita. Más abajo de esa escala, me temo que todos nos regimos por la misma ley, y tenemos que acudir al llamamiento del juez. Cuando no lo haces voluntariamente, te pasa lo que a todos los demás: te mandan a la fuerza pública y te llevan por la ídem, ya seas concejal de Vic, de Albaltzisketa o de Bollullos Par del Condado.

El caso es que nuestro catedrático protagonista ha entendido que los miembros de una corporación municipal deben ser inviolables por las expresiones y opiniones vertidas en el el ejercicio de sus cargos. Lo curioso es que la Constitución no dice nada al respecto, ya que sólo contempla tal exención de responsabilidad para los parlamentarios.  Y de hecho, la Ley de Bases de Régimen Local de 1985, en su artículo 78.1, establece que los concejales responden exactamente igual que cualquier otro ciudadano cuando sus declaraciones sean constitutivas de delito.

Pero claro, eso es lo que equipara a Steven Seagal con los expertos en derecho constitucional: ambos están por encima de la ley, ya que se amparan en una norma de mayor rango, ya sea el aikido o su muy personal interpretación de la Carta Magna.

Verán, la inviolabilidad es uno de los privilegios de los parlamentarios, junto con el aforamiento. Este último se refiere a que los miembros de las cámaras legislativas sólo pueden ser juzgados por un tribunal del más alto nivel, el Supremo en el caso de los estatales, el superior de justicia correspondiente para los de las comunidades autónomas. La inviolabilidad va más allá, significa que ni siquiera puede haber juicio, no cabe persecución penal contra un parlamentario. Obviamente, semejante “carta blanca” sólo se permite para el caso de los delitos de opinión, como calumnias, injurias, etc. Además, sólo protege cuando dichas expresiones se han formulado en el ejercicio del cargo. Por eso me daba tanta risa aquella promesa de querella de Artur Mas, por el debate del “tres per cent”.

Este privilegio hunde sus raíces en los orígenes del parlamentarismo, allá por los tiempos de la Revolución Gloriosa de 1868 en Inglaterra, que dio lugar a la “Bill of Rights”, o Declaración de Derechos: para evitar que el monarca pueda mangonear a los miembros del parlamento, único límite por entonces a su poder, se establece que aquello que digan en la cámara no podrá suponer persecución contra ellos.

Es decir, de toda la vida se ha entendido que se trata de una protección para los miembros del poder legislativo, ya que son el mayor freno al ejecutivo, en el tradicional esquema de separación de poderes.

Y ahora viene lo del concejal. No cabe la menor duda de que se trata de un representante electo. Lo que no está tan claro es que sea legislativo. Es decir, puede parecer de perogrullo, pero poder legislativo es el que hace leyes, y éstas sólo surgen de un parlamento como tal. Sean las Cortes, o los distintos parlamentos autonómicos. Un ayuntamiento sólo puede generar normas de rango reglamentario, tales como las ordenanzas municipales. ¿La diferencia? Que una ley tiene alcance general, y vincula a todos los ciudadanos, incluyendo a los jueces, que deben acatarla y aplicarla, en tanto no sea expulsada del ordenamiento jurídico por el Tribunal Constitucional. En cambio, una norma reglamentaria puede ser valorada por cualquier juez ordinario competente, y declarada contraria a Derecho. En realidad, más que asimilarse al legislativo, los miembros de una corporación municipal se aproximan más al ejecutivo, aunque estén en la oposición.

Por ello, en estos tiempos, en los que vemos tanto abuso de aforamientos e inmunidades, pretender extender la inviolabilidad parlamentaria al concejo de cualquier pedanía me parece una barbaridad de grueso calibre. O pura demagogia, como prefieran.

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