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Boquita de piñón

Cuando aparecen imágenes de un juez con su iPad sobre la mesa no se engañen: no es un juguete pagado por los contribuyentes, al contrario que el 'kit' del que disponen los diputados.

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Gómez Bermúdez cree "impecables" las últimas decisiones de la Audiencia Nacional

Gómez Bermúdez es uno de los muchos jueces que preferería contar con medios técnicos más avanzados.

No soy espectador de tertulias televisivas. Me parecen un género que aporta poca información y mucho ruido. No obstante, su omnipresencia en televisión, toda vez que los responsables de los canales han descubierto la rentabilidad de la fórmula, hace que sea prácticamente imposible escapar a que se te cuele algún tertuliano en casa, mientras cambias de cadena.

Y eso me sucedió el otro día, con el ínclito Paco Marhuenda, director del periódico La Razón, al hilo de la declaración de la infanta doña Cristina de Borbón en sede judicial, en los juzgados de instrucción de Palma de Mallorca.

Estaban los contertulios comentando la circunstancia de que el juez Castro había tenido que adquirir un ordenador portátil de su propio bolsillo, a fin de poder sacar adelante la causa en su domicilio particular, en las tardes y fines de semana. Se quejaba el interviniente en aquel momento (creo que fue Elisa Beni, aunque puede que me falle la memoria), de la escasez de medios con que contaba el magistrado, hasta el punto de no disponer un ordenador portátil pagado por el Estado para esta labor.

Fue en este momento cuando el lenguaraz periodista y profesor de Derecho Constitucional protestó enérgicamente ante la posibilidad de que se destinaran partidas presupuestarias a la dotación informática de jueces y fiscales. "Que trabajen en sus despachos, que es lo que tienen que hacer, y que los aparatos para sus momentos de ocio se los costeen ellos".

Podría haber sacado antes a colación alguna de las boutades de este personaje, y no lo he hecho, pero es que esta vez consiguió encenderme.

Creo que les he comentado alguna vez mi visita a la Audiencia Nacional, siendo un pimpollo en prácticas. Recuerdo cómo Olga Sánchez, fiscal del caso 11M, se quejaba amargamente de lo mucho que había tenido que pelear para conseguir un ordenador portátil para sacar adelante el escrito de acusación de aquel juicio.

No era tarea menor, créanme. La calificación de la Fiscalía ocupó trescientos y pico folios, más que la mayoría de sentencias que he tenido ocasión de leer en toda mi carrera. Y, evidentemente, no era un trabajo que la fiscal pudiera desarrollar en su despacho profesional. Entre otras cosas, porque no quedó liberada de trabajo hasta unos días antes de aquel monumental juicio. Es decir, que mientras redactaba aquel ciclópeo documento, que describía con detalle los hechos del más grave atentado terrorista de nuestra historia, desgranando la participación de cada uno de los acusados, determinando los tipos penales en que habían incurrido, las penas que solicitaba para ellos, y las indemnizaciones para cada una de las 192 víctimas de aquella masacre, tenía que seguir atendiendo los numerosos y complejos casos que despacha a diario un fiscal de tan especializado órgano.

Tenía que hacer guardias y acudir a juicios. Tenía que revisar ejecutorias. Tenía que mantener al día la estadística, y controlar la situación de las personas que mantuviera el juzgado que tenía asignado en situación de prisión provisional (en un Central de Instrucción pueden llegar a ser, tranquilamente, unos 150, sobre los que hay que hacer un informe mensual y otro trimestral). Es decir, tenía trabajo más que suficiente para enterrar en papeleo al más hiperactivo de los miembros del Ministerio Público durante su teórica jornada laboral. Así que el sumario más importante de la historia reciente de este país lo tenía que despachar en su casa.

Por eso añado el adjetivo "teórica" a la jornada laboral, porque los fiscales no fichan. No tienen horario de entrada o salida. Ojalá fuera así. Eso significaría que, al sonar la campana, cual Pedro Picapiedra con toga, exclamarían "¡Ya-ba-da-ba-doo!", y dejarían los expedientes, y sus preocupaciones adjuntas, encima de la mesa hasta el día siguiente. Va a ser que no.

Los jueces tampoco pasan por esa servidumbre de los horarios, aunque, en su caso, están atados por la necesidad de atender las declaraciones de testigos, imputados y otras comparecencias, por lo que sí tienen unos días y horas en las que, indefectiblemente, deben permanecer físicamente en su juzgado.

Pero cuando digo que ojalá hubiera un horario fijo, es porque los maletines con ruedas, como el que ha hecho famoso la jueza Alaya, son uno de los complementos más de moda entre los curritos de la Justicia. En esos trolleys no viaja una muda de recambio o un neceser con artículos de tocador, como parecen pensar columnistas de pluma imprudente como Almudena Grandes. Lo que viajan son los legajos de las causas en las que hay que echar horas, concentrarse y mantener cierto nivel de aislamiento del mundanal ruido. Aquellos casos en los que hay que preparar un auto, una sentencia, un escrito de acusación o la contestación a un recurso especialmente peliagudo. Asuntos que no son compatibles con la vorágine del día a día en el barro de la trinchera judicial.

Así que se los llevan a casa. Le roban horas a su tiempo libre, legítimamente ganado y constitucionalmente protegido. Se quitan tiempo de sueño, de estar con la familia, de tener, en suma, una vida. Aquí tienen un testimonio directo para que vean si exagero.

Y por supuesto, no pueden hacerlo con los mastodónticos y obsoletos ordenadores con los que suele dotar la Administración de Justicia a jueces y fiscales. Ordenadores completamente sobredimensionados para el trabajo que desempeñan, y nada operativos para llevárselos a una sala de vistas, a la declaración de un imputado o a una guardia.

Por eso, cuando aparecen imágenes, como la que se hizo famosa  entre la comunidad hacker, del juez Javier Gómez Bermúdez, con su iPad sobre la mesa, no se engañen: no es un juguete pagado por los contribuyentes, como ese inútil "kit tecnológico" de nuestros diputados, compuesto de ordenador de sobremesa, ordenador integrado en el escaño, iPhone, iPad y conexión ADSL doméstica.

En el caso de jueces y fiscales, se trata de herramientas que salen de su sueldo. Y que, por supuesto, no suelen estar dotados de las mínimas garantías de seguridad de la información que requiere un trabajo tan delicado como el suyo, como puede atestiguar el fiscal Carlos Bautista, cuyo disco duro portátil  "voló" de su despacho en la Audiencia Nacional, con la jugosa información sobre casos como el Faisán sin un cifrado seguro que lo hiciera inútil para los ladrones.

Ya saben que, en la gran familia del Estado, la Justicia es ese pariente al que conviene mantener en la indigencia, la obsolescencia y el atasco permanente, como gráficamente plasmó Forges hace algunos años.

Así que, señor Marhuenda, la próxima vez que quiera hablar de las condiciones en que trabajan los jueces y fiscales de este país, recuerde la profesión que supuestamente ejerce, la de periodista, y baje un momentito a la realidad a documentarse, antes de abrir la bocaza.

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