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Competencia cuántica

Una regla no escrita dice que si alguien usa la expresión "cuántica/o", sin ser físico, probablemente lo haga mal

Así que, aunque yo hable de Derecho, probablemente, esté equivocado en lo que les cuento. O no

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Hace ya algunos años, cuando comenzaba en lo de darle a la tecla en este medio, escribí un par de artículos sobre los problemas que produce la mala redacción de ciertas leyes. Pero creo haber pasado por alto los problemas de interpretación a que lleva la obsolescencia de ciertos textos legales, producida por la promulgación y entrada en vigor de nuevas normas. El ordenamiento jurídico es una especie de hipertexto, el concepto sobre el que se sostiene la World Wide Web, esa parte que muchos toman por el todo de Internet: algunos preceptos contienen “enlaces”, hipervínculos que conducen a otras partes del mismo texto, o bien a leyes distintas, bien sean de la misma rama, bien de otra distinta. Por eso, una ley obsoleta puede contener enlaces rotos, como aquellos que conducen a páginas web que ya no existen, o las que llevan a otras que han mudado de ubicación. Ejemplo de lo primero, serían las constantes referencias a los jueces municipales y fiscales de distrito que contiene la Ley de Enjuiciamiento Criminal, figuras desaparecidas en la década de los ochenta del siglo pasado.

¿Y lo segundo? Pues como ejemplo canónico podrían valer las competencias de la Audiencia Nacional, reguladas en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La redacción del precepto data de 1985, y no se ha modificado desde entonces, mas que en lo relativo a falsificación de moneda y tarjetas bancarias, para limitarlo a grupos organizados.

El problema es que, mientras este precepto permanece inmutable, el Código Penal evoluciona, muta y se adapta a las nuevas realidades sociales. Por eso, poco queda de las “defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas” en los delitos que se investigan y juzgan en la Audiencia Nacional. El caso Afinsa, probablemente, fue de los últimos que encajaran canónicamente en la definición del artículo. Sin embargo, tenemos bien reciente la conclusión del juicio por la llamada “primera época” de la trama Gürtel, un procedimiento en el que las acusaciones que se acumulan son malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. Sí, es cierto, también aparece un tipo llamado “fraudes y exacciones ilegales”, pero se trata de un delito contra la Administración Pública, que no comparte la misma naturaleza jurídica con las defraudaciones de las que habla la L.O.P.J., delitos que afectan al tráfico mercantil y la economía nacional. O sea, delitos patrimoniales, societarios, contra los consumidores, ese tipo de cosas.

Y en eso, llegamos al asunto de Cataluña. Empiezan a caer querellas e imputaciones, y algunas de ellas acaban en la Audiencia Nacional, lo que despierta recelos, y aparece la cuestión de la competencia. ¿Es competente la Audiencia Nacional para investigar y enjuiciar este tipo de delitos? Vayamos al tenor literal del artículo 65 antes mencionado: “Delitos contra el titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor, Altos Organismos de la Nación y forma de Gobierno.” Está claro que aquí no hay portadas de “El Jueves”, ni tampoco manifestantes rodeando el Parlament. Porque esos son los últimos ejemplos de casos de este tipo vistos en este tribunal. Por cierto, ironías de la vida, en el juicio contra los manifestantes de “Aturem el Parlament”, la Generalitat y la cámara legislativa autonómica se personaron como acusación, y recurrieron la sentencia absolutoria ante el Supremo, consiguiendo la condena de ocho de los manifestantes. 

Pero, ¿que pasa con los Jordis, como se conoce popularmente a los líderes de ANC y Òmnium Cultural, o con los consellers del Govern? De primeras, el tipo delictivo que les lleva ante este tribunal es el delito de sedición, sumado al de rebelión en el caso de los consellers. ¿Son delitos contra la forma de Gobierno? No busquen este título en el Código Penal, pues no existe desde hace años, lo mismo que el de maquinación para alterar el precio de las cosas. Entonces, ¿tal tipo de conductas no están castigadas por el Código Penal? No vayamos tan rápido. Habitualmente, se suele usar como guía el título o capítulo concreto del Código Penal en el que está encajado el artículo, en lo que se llama “interpretación sistemática”. Pero no conviene abusar de ella. Por ejemplo, el delito de acceso no consentido a sistemas informáticos está en el título relativo a delitos contra el honor, la intimidad y la propia imagen, cuando es obvio que no pinta nada ahí.

El principal problema es que los hechos que estamos viendo son tan extraordinarios, que apenas existe precedente del que nos podamos guiar. Elisa Beni, entre otras personas que han estudiado el tema, ha aludido a un auto de la Sala de lo Penal, en la investigación de Baltasar Garzón sobre los crímenes del franquismo, en el que se llegaba a decir que el delito de rebelión “no ha sido nunca competencia de esta Audiencia Nacional”. En realidad, la cuestión no es tan sencilla, porque los precedentes judiciales tienen que versar sobre el mismo punto discutido, usar idénticos razonamientos y que estos sean fundamentales en la decisión, y no argumentos “a mayor abundamiento”, también conocidos con el latinajo de obiter dicta. 

Lo que sucedió en el caso de Garzón, es que el ex-magistrado hizo un trile jurídico de primera magnitud, para tratar de asumir una causa que no le correspondía. En primer lugar, porque era público y notorio que todos los investigados en aquella causa, como un tal Francisco Franco Bahamonde, llevaban tiempo criando malvas, por lo que no se podía abrir causa penal alguna contra ellos. En segundo lugar, porque cualquier posible delito cometido en la dictadura llevaría décadas prescrito. ¿Cómo trató de evitar la prescripción? Acudiendo al delito continuado de detención ilegal, que no habría prescrito al tratarse de una situación mantenida en el tiempo. Pero la detención ilegal no es competencia de la Audiencia Nacional, así que tiró del as en la manga del delito de rebelión, que sí estaría prescrito, pero le permitía atraer la competencia a su juzgado. Era un andamiaje jurídico cuya finalidad es digna de encomio, pues las víctimas de la dictadura merecen reparación y auxilio institucional, pero que no se sostenía desde un punto de vista jurídico-penal. 

Aun así, la Audiencia se pronunció sobre una hipotética competencia objetiva, descartándola. Y en mi humilde opinión, se metió en un jardín innecesario. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista sustantivo, la ley vigente tiene que ser anterior a los hechos, por lo que el Código aplicable sería el de 1932, cuyo Título II, Sección 3ª, “Delitos contra la forma de gobierno”, artículos 167 a 173, recogía una serie de conductas entre las que figuraba un delito de rebelión armada, que encajaba como un guante con el golpe de estado del 18 de julio de 1936 y todo lo que vino detrás. Pero aunque aplicásemos el Código de 1973, el vigente a la fecha de creación de la Audiencia Nacional, seguían existiendo los delitos contra la forma de gobierno en los artículos 163 y 164, que definían conductas exactamente iguales.

¿Que pasó desde 1995, con el llamado “Código Penal de la Democracia”, vigente en 2008? Que, a la vista de los problemas concursales que surgían entre estos delitos y los de rebelión y sedición (similares a los que ocasionaban los tipos de tráfico de drogas y contrabando), se suprimieron los primeros. 

La sentencia del Supremo que decidió sobre la querella contra Baltasar Garzón por este asunto, absolviéndole, pasó piadosamente por encima de este embrollo, y se limitó a determinar que el magistrado había aplicado mal la ley, por las razones expuestas al principio, pero sin meterse en el berenjenal de la competencia objetiva, que no tenía ningún sentido.

Así pues, a día de hoy, ¿tiene competencia la Audiencia Nacional en un delito como el de sedición? Depende. Es un delito de escasa aplicación, aunque existen unas pocas sentencias al respecto, generalmente en supuestos muy particulares, en los que los acusados no pretendían subvertir el orden constitucional, sino simplemente obtener un beneficio personal. Por ello, no es de extrañar que hayan sido juzgados por tribunales provinciales. Sin embargo, en mi modesta y discutible opinión, el alcance de los hechos acaecidos en Cataluña afecta de lleno al bien jurídico protegido, el de “la forma de Gobierno”, y por lo tanto, determinaría la competencia de la Audiencia Nacional. Hasta ahí puedo llegar.

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