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Comuniones forzosas y ruedas de molino

Jueces que obligan a niños no creyentes a hacer la primera comunión, o cómo hacer titulares que, leyendo la noticia con atención, no tienen una palabra de ciertos

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Estas últimas semanas, entre tanta corrupción y tanto mangoneo, una noticia de los tribunales ha causado cierto revuelo. El titular, grosso modo, venía a ser el siguiente: “Un juez obliga a un niño de ocho años a hacer la primera comunión contra su voluntad”.

Con antecedentes como el ominoso magistrado Ferrán Calamita, inhabilitado y expulsado de la carrera judicial por tratar de impedir que una mujer adoptase a un hijo de su pareja, también mujer, las alarmas saltaron de inmediato.

Como deben intuir aquellos que me leen desde hace algún tiempo, no soy precisamente un capillitas. De hecho, todo lo que huele a sacristía me tira bastante para atrás. Pero si la noticia se analiza más allá de titulares escandalosos y de las manipulaciones interesadas de asociaciones que meten el cuezo, igual resulta que no hay nada.

Comencemos por el principio. El Código Civil dispone que las decisiones importantes que afectan a un menor deben ser adoptadas, conjuntamente, por ambos progenitores. No obstante, en el caso de un matrimonio disuelto por divorcio, o de una pareja de hecho separada, es muy posible que no se produzca ese deseable acuerdo. En esos casos, el artículo 156 del Código exige, para romper el impasse, que el juez atribuya el poder de decidir a uno de los dos cónyuges. 

Como vemos, el juez no obliga a nada, simplemente tiene que dar la razón a uno de los dos. En estos casos, como les he comentado en alguna otra ocasión, la Justicia aparece como ese servicio público que, como mínimo, deja insatisfecho al cincuenta por ciento de sus usuarios: el otro cónyuge, comprensiblemente, se quedará con un palmo de narices, y muy posiblemente jurando en arameo contra el magistrado.

Ahora bien, pongámonos en un caso como el que ha sido noticia. Ante la proximidad de uno de los hitos tradicionales en la infancia de un niño de padres católicos, el rito de la primera comunión, la Iglesia católica exige que el menor pase por una serie de cursos formativos que, supuestamente, deben proporcionarle conocimiento suficiente sobre la ceremonia que va a afrontar. Es lo que se conoce como “catequesis”. 

¿Un proceso de adoctrinamiento religioso? Puede ser. Pero lo cierto es que el artículo 27 de nuestra Constitución obliga a la Justicia a permitir que los padres den a sus hijos la formación moral y religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Por parte de la asociación que ha dado publicidad a este asunto, Granada Laica, se afirma que el niño tiene derecho a la libertad religiosa y de culto, según el artículo 16 de la Carta Magna, y que este derecho se ha vulnerado. En realidad, se han dejado en el tintero que también tiene derecho a la libertad personal, según el artículo 17, y a la libre deambulación, según el artículo 19, por lo que los padres tampoco podrían impedirle irse de botellón con sus amigotes de primaria. Seamos serios.

El problema radica en un conflicto entre ambos progenitores, cuando uno de los dos, padre o madre, decide que su hijo no va a pasar por el trauma de recibir su primera hostia, mientras que el otro dice que sí, que se va a vestir de marinerito. Es en estos casos cuando el juez se ve obligado a adoptar una resolución que atribuya el poder de decidir a uno y se lo niegue al otro. Según el mencionado artículo 156 del Código Civil, el menor sólo debe ser oído cuando tenga madurez suficiente, lo que se entiende que ocurre, en todo caso, desde los doce años. Pero con ocho años, la norma es que no, no se le lleva al juzgado a someterle a un interrogatorio con el juez y el fiscal, porque igual eso sí que resulta contraproducente.

Y en cualquier caso, las normas de la carga de la prueba obligan al que alega un hecho a acreditarlo. En este caso, si la madre entiende que su hijo es lo suficientemente juicioso para que tenga que ser escuchado, debería aportar alguna mínima prueba. Yo qué se, quizás una redacción escolar en la que cuente cómo, tras leer a Hegel en la guardería, y abrazar el materialismo histórico-dialéctico, sufrió una crisis de fe. O algo así.

Y es que en todo este asunto se está poniendo el énfasis en que el menor no es creyente, el menor no quiere hacer la catequesis, pero olvidamos la coletilla fundamental: según la madre. Es decir, una parte procesal que alega en juicio, y que está obligada a probar lo que alega.

En cualquier caso, un juez no puede decidir según sus convicciones religiosas personales sino, precisamente, en base a las pruebas de que disponga. En la escasa estadística de jueces condenados por prevaricación y expulsados de la carrera judicial, consta uno que alteró un régimen de visitas para que un menor asistiese a una procesión de Semana Santa, y la cacicada le costó la toga.

Por ello, resulta de interés indagar sobre la situación previa a estos hechos, de dónde viene cada uno de los litigantes y hacia dónde dice que va. 

En el presente caso, por lo que se nos cuenta, se trata de una pareja que contrajo matrimonio por el rito católico, algo que es ciertamente habitual, aunque cada vez menos. Menos habitual todavía es que, tras la ruptura, solicitasen la nulidad ante un tribunal eclesiástico, algo que suelen instar sólo quienes pretenden contraer nuevo matrimonio religioso. Y caramba, quien instó la nulidad fue la mujer.

También fue la mujer la que solicitó, tras perder la custodia en favor de su exmarido, que el padre matriculase al niño en el muy religioso colegio de los Escolapios de Sevilla. 

Es decir, estamos hablando de una persona que, durante toda la vida de su hijo, ha procurado darle una formación religiosa. Y de repente, en contra de todos sus actos anteriores, decide que su hijo no puede hacer la comunión, y es más, que la fase preparatoria para dicho rito iniciático va a ser gravemente perjudicial para su hijo. 

¿Qué ha cambiado aquí? 

Pues en primer lugar, que con el atasco que llevan los tribunales andaluces, si se acude a la vía ordinaria, lo más seguro es que la sentencia llegue cuando el crío empiece a afeitarse. Así que se acude a la vía más rápida para que un juez se pronuncie: invocar la vía procesal extraordinaria del artículo 158 del Código Civil, un juicio de señalamiento preferente. El problema es que este tipo de procedimiento sólo sirve para evitar que un menor se vea sometido a peligros o situaciones perjudiciales, así que hay que cargar las tintas sobre el terrible trauma de la catequesis.

Pero, sobre todo, hay que ir a la intrahistoria de lo que suele pasar en este tipo de procedimientos, que esto no es precisamente una historia original: 

La madre tiene la custodia del menor, pero entorpece el régimen de visitas de forma reiterada, impidiendo la comunicación con el padre, así que este demanda en juicio solicitando la custodia. Y gana. El niño deja la ciudad donde reside con la madre y se traslada al domicilio paterno. Eso significa que la comunión, esa gran comilona familiar con abundancia de regalos, no se va a celebrar en el ámbito familiar de la madre, sino que todo bascula hacia la familia del padre. Además, las clases de catequesis pueden afectar al régimen de visitas del progenitor no custodio, que ahora es la madre. Sinceramente, cualquiera que haya trabajado unos años en un juzgado de familia sabe que  hay formas más sutiles de declarar la guerra.

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