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Conformidad y pactos nefandos

Cuando salta a los titulares de prensa una conformidad entre la Fiscalía y la defensa de algún acusado, las reacciones entre el público ajeno al mundo del Derecho oscilan entre enarcar una ceja, escamados, o directamente, poner el grito en el cielo, escandalizados por el pacto nefando, el mercadeo de bazar persa, la Justicia prostituyéndose, y otras peyorativas metáforas. Pero, ¿de qué estamos hablando, exactamente, cuando los medios nos cuentan que el acusado pactó con la Fiscalía para no ir a juicio?

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Al hablar de acuerdos entre acusación y defensa, para no llegar a juicio, la gente suele recurrir a su memoria cinematográfica, esa misma que lleva a algunos acusados a acogerse a la Quinta Enmienda, la que exime de declarar contra uno mismo... en la Constitución de los Estados Unidos. Y en esos recuerdos, siempre está el taimado ayudante de fiscal del distrito, ansioso de medrar políticamente, que quiere llegar a un acuerdo rápido para mejorar su estadística de condenas. Y ahí tienen ese tira y afloja tan peliculero:

–¿Qué me ofreces?

–Homicidio en primer grado, de quince años a perpetua, y se libra del corredor de la muerte.

–Quiero homicidio imprudente, dos años.

–¿Y a casa en seis meses? Ni de coña. Ni para ti, ni para mí, segundo grado, diez años, condicional en cinco.

En España, la Ley de Enjuiciamiento Criminal recoge esta posibilidad desde hace tiempo, al permitir dictar sentencia sin necesidad de juicio, siempre que el acusado se reconozca culpable de la más grave de las acusaciones que pesen contra él, pero lo limita a aquellos supuestos en los que la pena máxima sea inferior a seis años de prisión. Es decir, quedan fuera la inmensa mayoría de los delitos graves, tales como homicidio doloso, violación, lesiones agravadas, tráfico de drogas gravemente perjudiciales para la salud, y de ahí para arriba. En cambio, queda un campo libre y fértil para los delitos económicos y de cuello blanco, que suelen tener penas bastante inferiores.

En 2002, se dio carta de naturaleza a esta institución, llamada “plea bargaining” por los anglosajones, y “conformidad previa al juicio” en nuestro Derecho, con una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que potenciaba los acuerdos para delitos de escasa entidad, los que tienen pena inferior a tres años de prisión (por ejemplo, los delitos contra la seguridad vial), creando las Diligencias Urgentes, en las que el acusado que se reconozca culpable en el Juzgado de Guardia, se lleva de premio una rebaja del 33% de la condena. Sí, como en la Semana Fantástica de El Corte Inglés.

Pero, ¿por qué el Estado permite esto? Pues verán, los juicios son un mal necesario. Consumen tiempo y dinero, cosas de las que no andamos sobrados. En una mañana de señalamientos, en cualquier pequeña capital de provincias, se pueden celebrar de cinco a diez vistas por juzgado de lo penal. Con sus cinco o diez sentencias que el juez tiene que cavilar, razonar y redactar. Generalmente, por las tardes, o los fines de semana. Con sus cinco o diez recursos. Eso genera una montaña de pleitos que atascan nuestro sistema judicial, mal dotado de medios y personal, y lento como él solo. Por si fuera poco, causa molestias: a los testigos que se pueden tirar toda la mañana esperando, y acabar teniendo que volver a casa, porque el acusado no ha aparecido y el juicio se ha tenido que suspender, por ejemplo. Los agentes de policía lo saben muy bien, porque por cada detención que practican, hay un juicio que les va a hacer perder una mañana de pasillos.

Pero además los juicios son impredecibles. Hay causas, que se consideraban ganadas “sin bajar del autobús”, que se perdieron por una tontería. Y pleitos perdidos de antemano, que se enderezaron en el último momento. ¿Recuerdan el juicio contra el president valenciano Francisco Camps? Pues si hacen memoria, resulta que tenía otros dos compañeros de banquillo, y estaban tan seguros de ser condenados, que se avinieron a pactar para no ir a juicio.

Nunca se sabe qué acusado va a incurrir en contradicciones, qué mujer maltratada se va a acoger a su derecho a no declarar contra el cónyuge maltratador, o qué perito va a ser incapaz de sostener en el estrado lo que parecía irrefutable sobre el papel de sus informes. Y esa ruleta rusa opera para todos. Así que, como en toda negociación, como en cualquier ámbito de la vida, si no quieres jugártela, hay que perder algo por el camino. El fiscal obtiene una condena de menor entidad de la que pedía. El acusado pierde la oportunidad de demostrar su inocencia. El juez no pinta prácticamente nada.

Evidentemente, si todos pierden, todos quieren sacar algo a cambio. En los casos de corrupción política y de delincuencia económica, es frecuente que los acusados tengan abogados de relumbrón, de los que cobran mucha pasta. Y estos letrados, le guste o no le guste a la opinión pública, son estrellas de su profesión por lo mismo que Cristiano Ronaldo y Messi lo son de la suya: primero porque se lo curran, y segundo, porque tienen un talento innato para la técnica de su oficio.

En Derecho Penal, la técnica del oficio de defensor no es ponerse en plan Garrison, y soltar una arenga que haga aflorar las lágrimas y arranque aplausos de la grada. Eso queda muy bien en el cine, pero no suele dar resultado. Al igual que los duelos a espada, que cuando los ves en los Juegos Olímpicos pierden toda la plasticidad de las películas de Errol Flynn, la esgrima jurídica del buen abogado es antiestética y va directa a la yugular: no se enfrenta al fondo del pleito, proclamando una inocencia muchas veces indefendible, sino que ataca a las formas del procedimiento, buscando la nulidad; para ello, se rastrea la insuficiente motivación del auto que ordenó las escuchas; la denuncia interpuesta un día fuera del plazo de prescripción; el más mínimo error de transcripción en el acta del registro domiciliario, o se discute la validez de las pruebas biológicas, como los alcoholímetros de la Guardia Civil (hace años) o las muestras de ADN involuntarias (algo más recientemente).

Las posibilidades de que esto se consiga, cuando quien le busca las cosquillas a la causa es una defensa de nivelón, son directamente proporcionales al tamaño de su minuta. Así que muchas veces, al fiscal le interesa pactar, y obtener una condena, por ridícula que le pueda parecer a la opinión pública, mejor que ir de caballero andante, y terminar cagándola.

El juez dicta una sentencia “de modelo”, sin necesidad de mucho razonamiento, porque nadie se lo va a discutir. Y se asegura de que la sentencia va a ser firme y ejecutable desde el minuto uno. Nada de echar tardes enteras devanándose los sesos, redactando una sentencia, para que llegue la Audiencia o el Supremo, y te la pongan patas arriba.

Por su parte, al acusado le van su libertad y su patrimonio en el envite. Ponerse flamenco puede quedar muy bien ante las cámaras, pero la diferencia entre una condena de dos años de prisión y una de dos años y un día es terriblemente simple: con la primera, sales de rositas si no tienes antecedentes; con la segunda, te vas para el trullo. A menos que el Gobierno te indulte, claro. Pero aquí estamos hablando de Derecho, y eso tiene otro nombre.


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