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¿Conoce a Sarah Connor, Señoría?

Estos últimos días, tras los trágicos sucesos de Barcelona y Cambrils, y después de un breve periodo de simulacro de unidad frente al terror, la maquinaria propagandística ha vuelto a funcionar a pleno rendimiento

En esta ocasión, el objetivo se ha fijado sobre varios profesionales del Derecho, por unos motivos cuya estulticia no puede dejar indiferente a nadie

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Estatua dorada que representa a la justicia, en Brujas (Bélgica)

Estatua dorada que representa a la justicia Brujas (Bélgica)

Hace unos siete años, un tipo fue sorprendido tratando de pasar una cantidad bastante importante de hachís a través de la frontera con Marruecos. Como no era precisamente Moriarty, el Napoleón del crimen de las novelas de Sherlock Holmes, no adoptó más precauciones que cargar los 120 kilos de mandanga en una furgoneta, y confiar en que la suerte le sonriera. No hubo tal, y un perro adiestrado en la detección de estupefacientes olisqueó la mercancía y alertó a los agentes de la Guardia Civil, que trincaron al interfecto.

El hachís, lo mismo que la marihuana y otros derivados del cannabis, está descrito en los tratados internacionales suscritos por el Reino de España como una droga prohibida. Es decir, a diferencia de sustancias perfectamente legales, como el alcohol, cuyos efectos para la salud son comprobadamente catastróficos, su cultivo, elaboración, comercio o tráfico constituyen un delito.

¿Por qué esta diferencia? Si nos pusiéramos a elucubrar sobre los factores sociológicos, históricos y, por qué no decirlo, económicos, necesitaríamos no un artículo, sino un auténtico tratado de más de mil páginas, como la Historia universal de las drogas de Antonio Escohotado. 

Así que, por abreviar, y dando por sentado que son drogas de comercio ilícito, a los derivados del cannabis se los distingue de otras sustancias como la cocaína, la heroína o las drogas de síntesis como el MDMA, por cuanto que éstas son consideradas gravemente perjudiciales para la salud pública, mientras que aquellas no lo son tanto.

El caso es que esta diferencia, y no la cantidad de la sustancia con la que se trafique, es la que marca inicialmente la penalidad aplicada a su comercio ilícito. Las gravemente perjudiciales llevan aparejadas penas de tres a seis años de prisión, según el artículo 368 del Código Penal, mientras que las otras se quedan en un arco de uno a tres años de prisión. 

Como, obviamente, no es lo mismo uno que ciento, cuando la cantidad de droga es "de notoria importancia", las penas se incrementan en grado. Es decir, una cantidad grande de hachís conlleva una pena de tres años a cuatro años y seis meses de privación de libertad, mientras que si es de cocaína, nos movemos entre seis y nueve años. Los criterios para fijar este resbaladizo concepto, "notoria importancia", se fijan por el Tribunal Supremo, y para el caso que nos ocupa, en 2010, 120 kilos de costo constituían un alijo de los que suben el grado.

En consecuencia, el protagonista de nuestra historia fue condenado a cuatro años de prisión en 2012. Cumplió su condena entre rejas, y no parece haber constancia de que durante dicha estancia en prisión abrazara la versión más radical del islam. Si los servicios de inteligencia del Estado tuvieron conocimiento de este proceso de radicalización ideológica en algún momento posterior, no quedó reflejado en ningún informe accesible a los tribunales. Difícilmente puede concluirse que ya estuviera fanatizado antes.

El caso es que no era el primer encontronazo de este tipo con la Justicia. En 2005, había sido investigado en el marco de una operación contra el yihadismo. Su papel, según el auto que ordenó la intervención de su línea telefónica, parecía ser el de facilitar el contacto con delincuentes comunes, que debían proporcionar documentos de identidad falsificados a los terroristas. Sin embargo, los indicios contra él eran tan poco sólidos que ni siquiera llegó a ser procesado. Es decir, ni siquiera se le acusó de delito alguno, aunque la causa continuó contra otros implicados. Luego volveremos a esto.

Cumplida su condena por drogas, el Ministerio del Interior dio inicio a un expediente administrativo de expulsión de ciudadanos extranjeros, contemplado en el apartado 2º del artículo 57 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, más conocida como "Ley de Extranjería".

Este expediente de expulsión se aplica a los residentes legales que hayan sido condenados por delito doloso castigado con más de un año de prisión. En caso de condenados en situación irregular, el propio Código Penal establecía su expulsión prácticamente automática en aquella época, pero no parece que ese fuera el supuesto.

El caso es que el expediente terminó con un decreto de expulsión, pero el afectado no se conformó con esta situación, así que recurrió en vía contencioso-administrativa. El juez, a la hora de decidir, tenía en su mano la literalidad de la letra de la ley, pero también tenía jurisprudencia del Tribunal Supremo diciendo que la expulsión no podía ser automática, sino que había que valorar las circunstancias del sujeto. En este caso, se trataba de una persona con un largo periodo de residencia en España, castigado por un único delito, sin más antecedentes. Recuerden, por la operación antiyihadista no llegó siquiera a ser acusado, mucho menos juzgado.

Así que la resolución judicial fue favorable al interesado, revocando el decreto de expulsión. ¿Podría haber sido más estricta? Sin duda. Pero tampoco debió de ser excesivamente laxa, pues el abogado del Estado tenía la opción de haber recurrido esta resolución en primera instancia, ante el Tribunal Superior de Justicia correspondiente, y no lo hizo. 

Esta es una historia común y anodina en los tribunales españoles. Casos como éste no revisten especial repercusión, porque pasan a diario, centenares de veces, y nadie se escandaliza. Lo que sucedió a continuación es lo que hizo que todo esto llegara a conocimiento del público.

El antiguo traficante novato se convirtió en imán de una mezquita en Ripoll, y según se nos cuenta, organizó la célula terrorista que cometió los atropellos masivos de la Rambla de Barcelona y de Cambrils, y cuyo objetivo primigenio era muchísimo más sanguinario. Por suerte, el plan original falló, y al producirse la explosión en el piso en el que preparaban las bombas, el imán acabó sus días entre los escombros.

Entonces, alguien comienza a bucear en el pasado del tipo y encuentra esta historia. El ventilador de mierda se pone a funcionar, y en las redes sociales se acaba pidiendo la cabeza del juez de lo contencioso que, sorpresa, no se limitó a aplicar la letra de la ley como una máquina, sino que aplicó criterios interpretativos. Es decir, exactamente lo que se supone que tiene que hacer.

Pero aquí no acaba la cosa, no se crean. Hemos llegado mucho más allá. Lo que me indigna de toda esta historia son varias cuestiones.

La primera es de simple física elemental. Mientras en algún laboratorio de investigación avanzada no descubran lo contrario, el viaje en el tiempo es imposible. Ningún Terminator serie T-800 va a aparecer en pelota picada, en medio de una bola de luz, buscando a Sarah Connor, para evitar que tenga a un hijo que acabe liderando la resistencia humana contra Skynet. Y en consecuencia, tampoco nadie de nuestra época puede viajar a 2015 y decirle al oído al juez que esa persona, a la que está a punto de librar de la expulsión administrativa, terminará organizando el atentado terrorista yihadista más trágico desde el 11 de marzo de 2004.

La segunda, que en Derecho, hay una máxima fundamental: "Quod non est in actis, non est in mundo". Lo que no está en el papel, no existe. En el momento de decidir la cuestión, el juez de lo contencioso administrativo no tenía en su mano más que el expediente de extranjería, el decreto de expulsión, y los argumentos y pruebas presentados por el justiciable en su defensa. Como les he dicho, ningún informe de inteligencia sobre su radicalización estaba sobre la mesa de Su Señoría, así que no tenía ningún otro material que pudiera utilizar para elaborar su resolución. Una, insisto, idéntica a los miles que se dictan todos los años en los juzgados de este tipo.

Pero la tercera, probablemente, sea la más importante: la razón por la que se ha dado publicidad a toda esta historia. ¿Recuerdan que hablamos de una operación antiterrorista? Pues bien, una de las personas que sí acabaron en el banquillo de los acusados, de quien nos dicen que influyó en la posterior radicalización yihadista del imam de Ripoll, tuvo un abogado en esa causa. ¿Escandaloso? Al contrario. Lo terrible hubiera sido que a tal persona se le hubiera negado el fundamental derecho a la defensa, básico en un Estado de Derecho.

El problema es que dicho abogado, a día de hoy, es un destacado político de izquierdas. Y en aplicación de la teoría de los seis grados de separación, pretende colocarse a este letrado en la picota, por haber defendido a alguien que, muchos años después, al parecer, tuvo influencia en la deriva religiosa de otra persona completamente distinta. Demencial. 

En una década larga de trayectoria profesional, he compartido estrados con abogados que defendían a personas acusadas de crímenes abyectos: asesinatos, violaciones, actos de pederastia, atracos con rehenes… Lo peor del Código Penal. En algunos casos, estas defensas consiguieron la absolución de sus clientes, bien porque la investigación dejó resquicios procesales, bien porque los hechos no quedaron acreditados. Me da igual, fueron absueltos. En otros casos, la acusación fue suficientemente sólida para enervar la presunción de inocencia, y se consiguió la condena de los culpables.

Lo que bajo ninguna circunstancia se me ocurriría es formular ningún tipo de reproche, o albergar cualquier tipo de rencor, contra unos profesionales que no sólo se limitan a ganarse el pan, sino que resultan fundamentales en un modelo de Estado que pueda aproximarse a lo aceptable: garantizan el derecho del acusado a su defensa, en un juicio justo, con todas las garantías.

Sin tal derecho, o con el mismo coartado por presiones inaceptables, no podemos jactarnos de vivir en una democracia. Estaríamos en un tipo de Estado que no es en el que quiero vivir. 

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