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Consecuencias inesperadas

Son las que se pueden derivar de la política de apretar los resortes represivos contra las manifestaciones callejeras. Algunas reacciones de los tribunales están evidenciando que la estrategia policial puede tener un recorrido muy corto.

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Saben ustedes de sobra que Madrid está convertido últimamente en un manifestódromo, en el que las protestas contra distintas decisiones del Gobierno, sea central, autonómico o municipal, se ven prácticamente a diario. Saben igualmente que la Delegación del Gobierno central en la Comunidad Autónoma de Madrid, responsable de la dirección de las fuerzas y cuerpos de seguridad en dicho territorio, se ha puesto muchísimo más severa que en la anterior legislatura. Tan severa, que se ha pasado de frenada en muchas ocasiones, bien por la vertiente jurídico-formal, bien por la dolorosamente material. Por vertiente material me refiero al uso de la fuerza para disolver concentraciones que, en ese momento, eran mayoritariamente pacíficas. En cuanto a lo jurídico-formal, viene por el uso perverso de la legislación relativa al derecho de reunión, y la que regula la seguridad ciudadana. Digo que es un uso perverso porque, donde la ley concede un derecho no sujeto a restricciones previas, y que sólo puede ser limitado por causas graves y muy concretas, la interpretación gubernativa pretende dar la vuelta a la tortilla y transformarlo en algo acotado a priori, que sólo puede ser ejercido previa autorización.

Ya lo comentábamos otro día, a cuenta del derecho de reunión, del que la Constitución dice bien clarito que no está sometido a autorización previa. Sin embargo, cuando la reunión pública supone ocupación de la vía pública, la manifestación debe comunicarse a la autoridad competente, la Delegación del Gobierno. Ahora bien, tal y como explicábamos en aquella ocasión, aquel que se atreva a firmar dicha comunicación se arriesga a que le empaqueten por cualquier disturbio que se haya producido en la zona de la manifestación. Aunque fuera uno que pasaba por allí. Aunque se trate de personas claramente ajenas a la organización de la manifestación, cuando no frontalmente opuestos a la finalidad de la misma. Por ello, nos encontramos en un círculo vicioso en el que, sí o sí, la Administración va a sancionar a alguien. El caso es amedrentar.

El caso es que, en realidad, estas sanciones demuestran que el Leviatán estatal es un gigante con los pies de barro. ¿Recuerdan esta noticia? Muchos se dieron golpes de orgullo en el pecho, al entender que un juzgado de Madrid avalaba la legitimidad de las protestas, y le daba un “zas, en toda la boca” a la Delegación del Gobierno.

En realidad, de la sentencia no se deduce que el órgano judicial entrase en ningún momento a pronunciarse sobre tal cuestión. Y no podría ser de otra manera: la manifestación no había sido comunicada previamente, por lo que, de acuerdo con la ley, el agente actuaba dentro de sus competencias al ordenar al manifestante que abandonara el lugar. El fallo, por el contrario, es mucho más interesante que todo eso: se revoca la sanción administrativa porque no se identifica al agente de policía que dio la orden incumplida; el recurrente presenta testigos que desmienten la versión policial, pero como la policía no señala quiénes fueron los agentes concretos que intervinieron, la tan cacareada presunción de veracidad de los policías se va por el desagüe, prevaleciendo la de inocencia. Así que, con el apoyo del fiscal, el juez estima la pretensión del recurrente, y revoca la sanción gubernativa.

¿Y por qué haría tal cosa la policía? Bueno, pues es una mera especulación, pero quizás fuera porque el agente que dio la orden era un miembro de la UIP desplegada en la zona (“indicativo Puma”, según la sentencia). Y no quiera Dios que, una vez debidamente identificado, le vaya a caer una deducción de testimonio al juzgado de guardia, por las agresiones que hubiera podido cometer contra otros manifestantes, amparado por el anonimato de la capucha y el número de funcionario convenientemente oculto bajo el chaleco anti-trauma.

Ahora vayamos a otra resolución judicial, la que se recogía aquí. Se trata de un auto de sobreseimiento provisional en un caso de atentado contra la autoridad, también en una de estas manifestaciones. Las grabaciones de vídeo de los asistentes, y la falta de consistencia de la versión policial (que habla de grupos organizados y violentos, sin aportar ni una puñetera prueba), hicieron que, también aquí, el fiscal se posicionase a favor de los imputados, mostrándose conforme con el sobreseimiento pedido por su defensa, que el juez acordó finalmente.

Las conclusiones de esta resolución deberían preocupar, y mucho, en ciertas esferas del poder ejecutivo: se viene a decir que, cuando la actuación policial es desproporcionada y abusiva, el agente de policía pierde la aureola de intangibilidad que le otorga su condición de representante de la autoridad. Es decir, que pasa a ser un particular más.

Esta resolución, y la doctrina jurisprudencial en la que se apoya, vienen a decir que, si algún día, en una manifestación, uno de esos energúmenos con capucha y casco carga de forma injustificada contra un transeúnte inocente, y el transeúnte resulta ser cinturón negro de kárate, y le parte la cara al policía, no habría atentado a la autoridad, sino legítima defensa. Además, en caso de que llegasen a un juicio por atentado, el agente debería identificarse como testigo, pues en caso contrario la acusación contra el particular carecería de pruebas. En ese momento, en el de identificarse como testigo, el agente podría ser denunciado por las víctimas de sus agresiones. La mayoría de procedimientos penales contra UIP's que se extralimitan terminan fracasando por la misma razón que los delitos de hurto de carteras: falta de autor conocido. Sin embargo, si él mismo se identifica a la hora de comparecer como testigo-denunciante, se metería solito en la trampa.

En resumen, la pérdida de legitimidad a los ojos de la ciudadanía no es el único de los problemas a los que se enfrentan unas fuerzas de seguridad que están dejando de ser símbolo de protección, para pasar a serlo de amenaza. Si quieren leer una magistral pieza sobre este tema, tienen la que dejó Francisco Jurado ( @SuNotissima) aquí mismo, el otro día.

Pero, además, tienen otro frente abierto, y es el de la respuesta a las agresiones. Me refiero, por supuesto, a la respuesta jurídica. Si algo han demostrado los movimientos ciudadanos surgidos en los últimos dos años y medio, es que son capaces de organizarse de forma muy eficaz, sin necesidad de estructuras ni organizaciones estables, incluso poniendo contra las cuerdas de los tribunales a jerarcas supuestamente intocables. Y en este caso, muchos manifestantes denunciados están empezando a acudir a los juzgados con un auténtico arsenal de pruebas videográficas. A la que estas pruebas tengan un blanco procesal concreto, las condenas van a empezar a caer. Se avecinan tiempos interesantes. 


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