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El Constitucional y el pensamiento mágico

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Cuando afronté el reto de escribir estas parrafadas semanales, me guié por el espíritu divulgador del inmenso Carl Sagan en su “Cosmos”. Se trataba de acercar una materia compleja y abstracta, como el Derecho, a un lector no interesado en sesudas publicaciones especializadas. De esa manera, una pequeña luz de conocimiento haría retroceder las sombras de la superchería y la manipulación.

Porque, así como se recurre a la superstición y lo sobrenatural para explicar fenómenos del mundo físico cuando no se conocen suficientemente, también hay quien recurre a la conspiración y los poderes fácticos para tratar de comprender determinadas resoluciones judiciales. Y como siempre en estos casos, inexplicado no equivale a inexplicable. 

Lo que sucede es que, en muchas ocasiones, no nos gusta el resultado. Es mucho más poético creer que los cuerpos arrojados al vacío se precipitan al suelo por la felicidad de retornar a la Tierra, que algo tan prosaico como la Ley de la Gravedad.

Esto ha vuelto a suceder, una vez más, al hilo de la presentación del recurso de inconstitucionalidad contra la resolución del Parlament catalán por parte del Gobierno central.

Me ha resultado curioso que un destacado político del nacionalismo vasco publicara un tuit como éste:

El autor no es un cualquiera. Joseba Azkarraga fue consejero de Justicia del Gobierno Vasco en dos legislaturas. Ocho años al frente del departamento que proporciona medios auxiliares, tanto humanos como materiales, a la Administración de Justicia en Euskadi. Uno tiende a pensar que alguien con semejante bagaje profesional conocería el artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que no es precisamente una norma publicada anteayer:

La admisión de un recurso o de una cuestión de inconstitucionalidad no suspenderá la vigencia ni la aplicación de la Ley, de la disposición normativa o del acto con fuerza de Ley, excepto en el caso en que el Gobierno se ampare en lo dispuesto por el artículo 161,2 de la Constitución para impugnar, por medio de su Presidente, Leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de Ley de las Comunidades Autónomas.

Para entendernos, el artículo 161.2 de la Constitución regula la vía de recurso de inconstitucionalidad contra las disposiciones de los órganos de las comunidades autónomas. Y a continuación, establece que la mera interposición del recurso suspende la vigencia de la resolución recurrida. Es decir, que una vez se admite a trámite el recurso, lo que es obligado siempre que se cumplan los presupuestos formales del mismo, automáticamente queda suspendida la resolución. Déjenme que lo repita: au-to-má-ti-ca-men-te. No cabe otra posibilidad, sea la composición del Constitucional la que sea, ya se trate de magistrados conservadores, ya sean próximos al Partido Comunista de Corea del Norte.

Sin embargo, la inmensa mayoría de recursos presentados ante el Tribunal Constitucional no pasan el filtro de la admisión a trámite. ¿Qué sucede aquí? 

Pues que no son lo mismo. Además del recurso de inconstitucionalidad, el TC conoce de otro tipo de recursos, los de amparo. Tienen notables diferencias y efectos, y confundirlos puede llevar a que se dé pábulo a teorías conspiranoicas. 

Veamos:

El recurso de inconstitucionalidad, en sentido estricto, es el clásico de todos aquellos sistemas en los que existe un órgano supremo de control de la constitucionalidad de las normas y resoluciones de las distintas ramas de la Administración del Estado. En otros países, como Francia, ese órgano de control no recibe el equívoco nombre de “tribunal”, ya que no está encuadrado en el poder judicial. Por ejemplo, en Francia se le conoce como Consejo Constitucional, aunque nosotros hemos copiado el modelo alemán. Para entendernos, los magistrados del TC, aunque reciban ese nombre, no son jueces de carrera y no se rigen por la Ley Orgánica del Poder Judicial, al menos mientras dure su mandato. Por eso, y a diferencia de los jueces “de verdad”, no tienen vetada la afiliación a partidos políticos (aunque ética y estéticamente pueda producir un rechazo más que justificado). De hecho, cuando un juez de carrera resulta elegido para ocupar un cargo en el Tribunal Constitucional, cesa en sus funciones temporalmente y pasa a la situación administrativa de “servicios especiales”, exactamente igual que si hubiera resultado elegido diputado, y sólo volverá a estar en situación de "servicio activo" cuando ponga fin a sus funciones en Constitucional.

Pero hablábamos del recurso de inconstitucionalidad: en estas funciones de control, tradicionalmente ha estado limitado el acceso al recurso. Para evitar que cualquier ciudadano particular pueda paralizar el funcionamiento de la maquinaria del Estado mediante la simple presentación de un papelote, sólo pueden interponerlo el gobierno central, a través de su presidente, el Defensor del Pueblo, cincuenta diputados, cincuenta senadores, los gobiernos autonómicos o sus asambleas legislativas.

Lo de los cincuenta parlamentarios, de una u otra cámara, fue una concesión a que  no sólo el partido en el poder, sino también los representantes minoritarios de la soberanía popular, tuvieran una vía de impugnación de normas inconstitucionales. Por esa vía, por ejemplo, se tumbó uno de los artículos de la antigua Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana de 1992, el que modificaba el concepto de “delito flagrante”, y permitía que meras delaciones anónimas facultasen a la policía para entrar en un domicilio sin autorización judicial. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca trató de usar esta vía para atacar la normativa que permite los desahucios “express”, pero como es obvio, no disponen de cincuenta diputados o cincuenta senadores entre sus filas, así que “invitaron” a los parlamentarios del Grupo Socialista a “sumarse” a “su” recurso”, como ya explicamos en su día. Así pues, al final, lo que cuenta para interponer un recurso de inconstitucionalidad es ser uno de los sujetos habilitados.

Por otro lado, tenemos el recurso de amparo. El amparo lo puede solicitar cualquier ciudadano contra cualquier acto o resolución de cualquiera de las administraciones públicas que le afecte, y esto incluye las sentencias de los tribunales. Esto implica que toda sentencia firme, contra la que no quepa recurso alguno, ordinario ni extraordinario, puede ser recurrida en amparo ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, uno de los motivos para interponer recurso de casación civil ante el Tribunal Supremo, que ese sí que es un tribunal “de verdad”, es la vulneración de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. Así pues, tendríamos que una sentencia dictada por un Juzgado de 1ª Instancia puede ser apelada ante la Audiencia Provincial, que dictará una nueva sentencia, que puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, que dictará una tercera sentencia, que a su vez puede ser recurrida en amparo ante el Constitucional. 

Sin embargo, y a diferencia del caso del recurso de inconstitucionalidad, en el amparo el artículo 50, apartado 1º, inciso b), de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional exige que la cuestión planteada ante el TC tenga una especial trascendencia constitucional, que exija una resolución sobre el asunto. O sea, que existe un filtro previo. Y en esa curva es en la que se matan la inmensa mayoría de los recursos. Sobre todo, los que hacen uso del resobado argumento del artículo 24 de la Carta Magna, el que contiene el derecho a un juicio justo y con todas las garantías: si la sentencia firme es contraria a los intereses de mi cliente, razonan los abogados que tiran de este auténtico cliché procesal, es porque el juicio no ha sido justo, ergo hay que anularlo. Esto ya no cuela tan fácilmente.

En definitiva, y a diferencia del recurso de amparo, que tiene que pasar esa criba previa, el recurso de inconstitucionalidad es de admisión prácticamente segura, y esa admisión, en el caso de recursos contra resoluciones y actos normativos de las Comunidades Autónomas, suspende automáticamente la vigencia de aquello que se ha impugnado. Sin necesidad de buscar finalidades o motivaciones ocultas. Así que no dejen que les cuenten milongas. Cuando llegue la sentencia, ya hablaremos.

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