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Cosas que empiezan por "ref"

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Hace muchos años, más de los que me gustaría, tuve un excelente profesor de Teoría del Estado y Derecho Constitucional en la universidad. En cierta ocasión, en plena clase, a la hora de analizar las diferencias entre los modelos de forma de Estado, distinguiendo entre los centralizados y los descentralizados, nos soltó una parrafada que nos dejó patidifusos:

-Ahora resulta que Manuel Fraga-Iribarne, ya saben, el antaño líder de Alianza Popular, promueve el federalismo. La mayoría lo interpretan en clave electoral, porque está en la presidencia de Galicia, y quiere fingir una cierta apertura de ideas. En realidad, Fraga sigue siendo un conservador a ultranza, y va mucho más lejos de lo que creen los que le critican.

En ese momento, nuestro profesor, gran dominador de los tiempos escénicos, hizo una pausa dramática, dejándonos con ganas de más información. Y nos la dio:

-Ese extraño experimento que conocemos como Estado de las Autonomías, es una figura con una tendencia centrífuga. El Estado central comienza abriendo la mano con algunas competencias, y las autonomías cada vez reclaman más y más. En cambio, el Estado federal parte de un pacto inicial en el que se distribuyen todas las competencias posibles, y que es el máximo al que puede aspirar cualquier estado miembro de la federación. A partir de ahí, el movimiento es centrípeto, y el Estado federal comienza a reabsorber competencias de las inicialmente cedidas. En suma, la propuesta de Fraga pretende invertir la inercia política para las próximas décadas. Sólo tiene un problema: que en la Moncloa está Felipe González, que no tiene la menor intención de convocar un referéndum de reforma constitucional.

En los últimos años, me he acordado de mi viejo profesor de Constitucional en muchas ocasiones. Imagino que, con la ácida lucidez que dan los años, debe de estar partiéndose de risa desde su jubilación, ante el estrambote que estamos viviendo con la cuestión catalana. En cuanto al difunto político gallego del que nos hablaba, si éste pudiera volver desde la tumba, sin duda correría a gorrazos a sus torpes herederos. Y ya de paso, dado lo aficionado que era a solucionar los asuntos “a su manera”, hubiera tenido de sobra también para parte de la oposición.

Porque, es obvio, en algún momento habrá que encontrar una salida para la olla a presión en que se está transformando el Procés. La simple aplicación del Código Penal ya no basta. Esto no es un capricho pasajero de los catalanes, y no se les va a pasar sólo con cerrar los ojos y desearlo muy fuerte. Habrá que tomar decisiones difíciles y trascendentales.

Pero eso, estimados lectores, exige una amplitud de miras que trasciende la visión cortoplacista con la que la naturaleza dotó a nuestra clase política. Una cita apócrifa, atribuida a sir Winston Churchill, dice: “Un político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones”. El problema con las citas en Internet, como dijo Abraham Lincoln, es que cualquiera puede inventárselas. 

No obstante, la frase sigue siendo una verdad rotunda, y la desgracia es que en España faltan estadistas. Porque va para veinticinco años de aquella esclarecedora clase de derecho constitucional, y han pasado muchos gobiernos por la Moncloa, algunos de ellos con mayoría absoluta. Tiempo más que suficiente para impulsar una reforma constitucional que dejara bien remendadas algunas de las costuras del apaño que supuso la Transición del 78.

Pero nadie ha tenido el valor de abrir el melón. Entre otras cosas, porque la forma territorial del Estado es sólo una de las cuestiones que se hubieran planteado. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se gestó el texto de la Carta Magna, se decidió que ciertas cuestiones era mejor encerrarlas en una cripta, protegidas por los siete candados de un procedimiento de reforma especialmente rígido. Para algunas de estas materias, la protección era perfectamente entendible: por ejemplo, los derechos fundamentales y las libertades públicas, que no pueden quedar al arbitrio de una mayoría absoluta. Para otras, era una cuestión de contexto político: con el ruido de sables como banda sonora casi permanente, la unidad territorial del Estado y el régimen monárquico eran una cuestión prácticamente intocable. Hoy en día, ya no tenemos sobre nosotros esas tutelas, incomprensibles para quien no tenga la edad de haber pasado miedo un 23 de febrero de hace treinta y muchos años, así que no deberían hacer falta tantas cautelas.

La clave de bóveda del sistema es que el título preliminar de la Constitución, incluido su artículo 2, puede ser reformado, si así lo acuerdan una mayoría de dos tercios de las dos cámaras legislativas. O sea, tendrían que votar a favor 240 diputados y 178 senadores. A continuación, se disolverían esas Cortes y se convocarían elecciones generales. Las nuevas Cortes, Congreso y Senado, tendrían que ratificar ese acuerdo por una nueva mayoría de dos tercios. Finalmente, la reforma constitucional tendría que ser aprobada en referéndum, por mayoría simple de votantes. Es decir, la unidad indisoluble del Estado no es una cuestión inamovible, aunque sí peliaguda.

Además de las mayorías reforzadas que esto exige, puestos a tener que pactar, celebrar nuevas elecciones y convocar un referéndum, es obvio que ciertas cuestiones entrarían en el bombo de la negociación entre las distintas fuerzas políticas, siendo la más obvia la disyuntiva entre mantener la monarquía u optar por la república. Así que nadie ha tenido narices de planteárselo en serio en estas casi cuatro décadas de vigencia del texto.

El problema es que, a diferencia del Reino Unido, vivimos en un país de tradición jurídica fundamentalmente escrita. Los británicos carecen de texto constitucional como tal, y no habiendo nada grabado en piedra, todo se puede modificar con el suficiente grado de acuerdo. Su Parlamento, en la práctica, funciona como unas cortes constituyentes permanentes, y de ahí viene la expresión “soberanía parlamentaria”, que ellos usan. De hecho, una expresión clásica en su literatura política es que el Parlamento puede hacer prácticamente cualquier cosa, salvo transformar a un hombre en una mujer, o viceversa. Por lo tanto, convocar el referéndum escocés fue más un problema de voluntad y consenso político, que de complejas cuestiones jurídicas.

En el caso español, no sucede lo mismo. Mientras no haya una reforma constitucional, el Gobierno Central no puede ni plantearse el permitir una consulta vinculante, y menos todavía una declaración unilateral de independencia. Tampoco las Cortes Generales, pues no son las titulares de la soberanía, que corresponde al pueblo español en su conjunto.

¿Significa eso que no se puede dejar que los catalanes muestren su parecer en las urnas? Yo no iría tan lejos. Porque el mecanismo de reforma rígido que he descrito afecta a pasajes muy concretos de la Constitución, pero no al Título VIII, el que regula, entre otras cosas, las competencias de las comunidades autónomas. Tampoco al Título III, que recoge, en su artículo 92, la posibilidad de convocar consultas a la ciudadanía para decisiones de especial trascendencia. Una reforma aprobada por tres quintos de las dos cámaras legislativas, sin necesidad de disolución automática y posterior referéndum, podría reformar estos preceptos de la Carta Magna, y autorizar a una comunidad autónoma para poder llamar a sus ciudadanos a las urnas.

Esto, sin ir más lejos, es algo parecido a lo que se hizo en Canadá. Tras una larga época de exaltación independentista, el gobierno de Ottawa y los separatistas de Quebec llegaron a una especie de pacto de no agresión, que fue refrendado por la Corte Suprema de Justicia en una sentencia de 20 de agosto de 1998. Con la bendición de los tribunales, se promulgó la Clarity Act, de 29 de junio de 2000. En esencia, en dicha ley se reconoce la posibilidad de un referéndum que exprese la voluntad mayoritaria del pueblo de Quebec, pero siempre que la Cámara de los Comunes (el parlamento federal canadiense) se pronuncie sobre la claridad de la pregunta, o sobre las mayorías necesarias. En todo caso, una hipotética secesión requeriría una auténtica reforma constitucional.

De verdad, ¿tan difícil es intentar algo parecido aquí? Porque, a estas alturas, poco va a cambiar el panorama lo que suceda el uno de octubre: en las posiciones actuales de uno y otro lado, vamos a salir perdiendo todos.

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