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Cuando "Cuéntame" nos alcance

Cuando yo era crío, los frailes del colegio daban mucho la matraca con lo de que “una cosa es la libertad, y otra el libertinaje”. Era la excusa para atarnos en corto. Las recientes reformas legales parecen querer devolvernos a esa época.

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Es un chiste recurrente, sobre todo en ciertos conciliábulos de Internet, cómo a medida que la serie “Cuéntame como pasó” avanza en su narración histórica, la realidad de nuestros días corre serio peligro de colisionar con la ficción. El riesgo no viene tanto de lo rápido que avanzan los Alcántara, pues la continuidad temporal plantea límites, al menos en una serie tan pegada a los sucesos reales de una época concreta. El problema es la velocidad con la que retrocedemos nosotros hacia nuestro más ominoso pasado. Tanta que, a la que nos descuidemos, los que pisan el acelerador van a acabar embistiendo los cimientos en los que se asienta todo su chiringuito.

¿De qué estoy hablando, exactamente? Pues de la reforma del Código Penal aprobada el pasado día 31 de marzo, y de las modificaciones que introduce en algunos delitos. 

Un aspecto que ha alarmado a juristas como Carlos Sánchez-Almeida, es la regulación de la llamada “pornografía infantil virtual”, y que puede llegar a afectar a comics clásicos de nuestra historia reciente. En realidad, la redacción del artículo 189, al exigir que la representación gráfica sea realista, excluye a muchos artistas underground, ya que su dibujo es figurativo, pero no realista. En otras ocasiones, es la propia temática la que impide considerar verosímil la escena. Seamos serios, que una chica, sea mayor o menor de edad, mantenga relaciones con un robot humanoide construido a partir de piezas de una fotocopiadora Rank Xerox, no puede ser considerado precisamente género documental. Porque entonces, quizás deberíamos prohibir el Episodio IV de “La Guerra de las Galaxias”, como apología del terrorismo; al fin y al cabo, el final de esta película retrata como héroes a un grupo de peligrosos antisistema que bombardean una instalación gubernamental, matando a todos los funcionarios que trabajan en su interior. Bueno, mejor no demos ideas. 

El caso es que estos comics underground que ahora parecen amenazados por la reforma del Código, surgen en España al calor de la explosión de libertad creativa que se vivió durante la Transición. Esa sacrosanta Transición sobre la que se asientan los pilares del bipartidismo, y cuyos cuarenta años de extraordinaria placidez nos venden ahora como reclamo para huir de populistas cantos de sirena. Parece un poco hipócrita cargarse lo que uno mismo asegura estar protegiendo, la verdad.

Les voy a ser sincero: toda reforma del Código Penal que suponga mayor castigo a los delitos relacionados con la pornografía infantil me parece bien. Pero ese, precisamente, es el problema. Como contábamos el otro día, al hilo de la pena de prisión permanente revisable, las mayores maldades pueden escudarse tras la más noble de las apariencias. Y ya es un clásico que las restricciones a las libertades individuales se amparen, primero, en la lucha contra el terrorismo, y después en la lucha contra el abuso de menores.

Precisamente, uno de los grandes logros legislativos de la pasada década en materia de persecución del intercambio de archivos pedófilos a través de redes P2P como eDonkey 2000, fue la inclusión del verbo “facilitar” respecto de la difusión, lo que allanaba el camino probatorio. Y es ahora, años después, cuando vemos como ese término se emplea en otros muchos delitos, unido a otras previsiones legales todavía más ominosas.

Recordemos, por ejemplo, el artículo 286 de la todavía vigente redacción del Código. Todo aquel que ha tenido que enfrentarse al estudio de este abstruso precepto ha tenido que romperse la cabeza intentando adivinar qué demonios pretendía castigar el legislador. Hubiera sido muchísimo más ilustrativo decorar el Código con un bonito banner publicitario de Digital + y Via Digital, las dos operadoras de televisión de pago existentes en aquella época, pues tras toda la retórica legal lo único que se escondía era la protección del modelo de negocio de esas dos empresas. La cosa llegaba hasta el extremo de castigar a quien se atreviese a informar sobre la forma de piratear la señal de este tipo de plataformas televisivas.

Me parece un agravio comparativo sangrante, valga el juego de palabras. En una época en la que ETA seguía asesinando, en vísperas de que una panda de yihadistas pirados volaran los trenes del 11-M, ningún precepto castigaba a quien informase sobre la manera de construir una bomba. Pero avisar sobre cómo construirse un codificador tuneado para ver los canales de pago por la filosa, ¡herejía, anatema! Al parecer, alguien debió confundir el principio de ultima ratio con el título de un videojuego de rol.

Semejante técnica legislativa aparece de nuevo en esta reforma, en artículos tan dispares como los relativos a acceso ilícito a sistemas informáticos o daños informáticos, en los que se considera delito proporcionar a otra persona una simple contraseña.

Pero, por supuesto, el apoteosis de la represión penal viene con los delitos contra la propiedad intelectual. El artículo 270 se complica y enrevesa de manera considerable, para intentar abarcar todos aquellos supuestos que hasta ahora se estaban escurriendo entre los dedos, o sea, las páginas de enlaces y sus derivados. El problema es que, si la espada flamígera se usa sin cuidado, el que la empuña puede acabar quemándose los dedos. Así, se castiga a quien “facilite” (de nuevo, el mismo verbo) el acceso a obras protegidas por la propiedad intelectual, pero como tal conducta, aplicada indiscriminadamente, abarcaría incluso a los buscadores de Internet, ha habido que introducir la llamada “excepción Google”: cuando se trate de un “tratamiento técnico” de la información que resulte “neutral”, los autores quedarán exentos de responsabilidad criminal. 

¿Significa esto que nuestro legislador ha aceptado los criterios de los tribunales norteamericanos, que protegen los resultados de un buscador bajo el paraguas de la 1ª Enmienda y su sacrosanta libertad de expresión? Me van a permitir un jocoso escepticismo. Una cosa es andar tonteando con lo de Google News, que era más un capricho y que ni siquiera reportaba beneficios directos, y otra muy distinta es andar tocándole los “bytes” a algunas de las más poderosas multinacionales de nuestro tiempo. Tonterías las justas.

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