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Discrepancias y aclaraciones

Si han seguido este blog con alguna asiduidad, comprenderán mi estupefacción ante el escándalo de la semana: no tanto la detención y posterior ingreso en prisión de Ignacio González, como lo que ha trascendido de la situación dentro de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada

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Evidentemente, no puedo contarles nada sobre la Operación Lezo, no sólo porque se trata de una causa bajo secreto de sumario, con lo cual cometería un delito, como recuerda la nota de prensa publicada por la Fiscalía General del Estado. Es que, aunque quisiera cometer tal acto ilícito, no podría, pues carezco de cualquier fuente directa sobre el tema.

Toda mi información proviene de artículos que he podido encontrar sobre el tema, como éste y sobre todo, este otro. Pero sé cómo funcionan los engranajes internos, conozco el código de programación. Así que, haciendo un poco de ingeniería inversa, cual si estuviéramos en un capítulo de ' Halt and Catch Fire', creo que podré explicarles lo que puede estar pasando.

Como sabrán casi todos ustedes, el Canal de Isabel II es una empresa pública de la Comunidad de Madrid, que gestiona el abastecimiento de agua para sus ciudadanos. O sea, una infraestructura imprescindible, que utiliza y sufraga hasta el último sus más de seis millones de habitantes. De su importancia y tamaño, cual Paco Martínez Soria de nuestros días, me enteré en uno de mis primeros viajes profesionales a Madrid, cuando le pregunté a un oriundo qué narices era ese campo de golf que había en mitad de Chamberí.

Como todo recurso público rentable que se precie, atrae la corrupción política como la miel a las moscas. Así que, al parecer, en octubre de 2015, la Fiscalía Anticorrupción inició una investigación sobre la utilización de esta empresa para fines de enriquecimiento personal y fraudulento de alguno de sus directivos.

Sí, fue la denostada Fiscalía la que inició la pesquisa, a través de las conocidas como diligencias de investigación, que contempla el artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No es nada extraordinario, de hecho, es una práctica habitual. Cuando la investigación alcanza un punto en el que es necesaria la adopción de diligencias que puedan afectar a los derechos fundamentales, como las escuchas telefónicas, es cuando se interpone la oportuna denuncia ante el órgano judicial correspondiente, que resultó ser el decano de los Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional.

En este caso, por turno de reparto recayó en el juzgado del que, por el momento, es titular Eloy Velasco, pero que estaba desbordado de trabajo por la Operación Púnica y otros casos de similar jaez. Por este motivo, el CGPJ le había puesto un juez de refuerzo, figura que se encarga de asumir los asuntos nuevos, para que el titular se centre en los ya abiertos, y evitar que la sobrecarga derive en colapso. El que desempeñaba aquellas funciones, Alejandro Abascal, entendió que parte de la investigación de la Fiscalía no tenía conexión con el resto, y que habría que abrir una pieza separada. Se trataba, concretamente, de la adquisición de la empresa Inassa, como parte del plan de expansión en Iberoamérica, en 2001.

¿Qué relevancia tenía esta decisión? Pues que si se rompía el nexo con el resto de la investigación, tales hechos estarían prescritos. Los fiscales entendieron que no era así, y recurrieron en apelación, ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que les dio la razón. Aunque no haya leído una sola coma de las resoluciones en cuestión, ni del recurso, me puedo imaginar su contenido aproximado:

La tesis de la Fiscalía sería la de un delito continuado, de los previstos en el artículo 74, es decir, de los que se cometen aprovechando idéntica ocasión, o en ejecución de un plan preconcebido. En tales delitos, los plazos para la prescripción no comienzan a correr hasta que no se ha cometido el último de los hechos, que estaría bastante más cercano en el tiempo, y sería la ruinosa adquisición de otra empresa en 2013.

El juez, al decretar la separación de procedimientos, entendería que, tratándose de distintas personas, en distintos momentos temporales, a lo largo de varios años, no cabría apreciar la conexidad del artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y por ende, tampoco existiría la continuidad delictiva. Aquí interviene la figura de la organización criminal, aquella que se constituye por un grupo de personas, con la finalidad de actuar de forma continuada en el tiempo. Imagino que el recurso de los fiscales se basó en esto, ya que la organización criminal puede cometer delitos de forma continuada, aunque cambien alguna o algunas de las personas que la componen.

Según se cuenta en los artículos que les enlazaba más arriba, el argumento fue tenido en cuenta y el auto de la Audiencia estimó el recurso de apelación, manteniendo todos los hechos en el mismo "sumario".

Hasta aquí, todo normal. Dentro de lo normal que puede ser la implicación de una persona que ha llegado a presidir la tercera comunidad autónoma con más población de España, claro. Entonces llega el momento de la "explotación". No busquen el término en ningún manual de Derecho, porque no lo encontrarán: se refiere al punto en el que hay que adoptar medidas de tal naturaleza que implican el conocimiento de la operación por parte de los sospechosos, aunque formalmente continúe el secreto de las actuaciones. Por ejemplo, que registren tu casa, tus oficinas y te lleven detenido. Ahí, hasta el menos perspicaz intuiría que esos señores tan serios de la Guardia Civil que te engrilletan tienen algo contra ti.

En ese preciso momento, aparece en escena el nuevo fiscal jefe de Anticorrupción, quien no estaba en el cargo cuando la investigación echó a andar, ni tampoco cuando se estimó el recurso de apelación al que nos referimos. Ignoro en qué términos, o por qué razones, pero según se nos cuenta, el jefe solicitó a los fiscales encargados del caso que excluyeran Inassa de los múltiples registros que se iban a practicar simultáneamente. Imagino que compartía el criterio del juez Abascal, lo que no es nada insólito. Salvo por el detalle de que Abascal ya no está de refuerzo, que el caso lo lleva el juez titular... y que la Audiencia Nacional ya se ha pronunciado al respecto, en sentido contrario.

Técnicamente, plantear una separación de procedimientos no supone paralizar una investigación. Pero la importancia de que todas las entradas se realicen a la vez es que, en caso contrario, los implicados en las que queden excluidas podrían poner a funcionar la trituradora de papel y el borrado seguro de discos duros, y ya sabemos lo que pasa luego. Recuerden lo que decía Gómez Bermúdez en "La Sexta": los discos duros no se piden, se cogen.

Lejos de amilanarse ante la orden recibida, los fiscales del caso invocaron el artículo 27 del Estatuto. Según la nota de prensa, estos son los cauces establecidos, y se trata de una "puntual discrepancia técnico-jurídica". Claro que sí, guapi. Y el Brexit no ha sido más que invocar la aplicación de un artículo concreto de un tratado internacional. Formalmente, ambas cosas son correctas, pero creo que a nadie se le escapa que lo de los británicos es algo un poquito excepcional, ¿no? Miren, esto es lo que dice, textualmente, el tan traído y llevado precepto:

El Fiscal que recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente, se lo hará saber así, mediante informe razonado, a su Fiscal Jefe. De proceder la orden o instrucción de éste, si no considera satisfactorias las razones alegadas, planteará la cuestión a la Junta de fiscalía y, una vez que ésta se manifieste, resolverá definitivamente reconsiderándola o ratificándola.

Decirle a un fiscal jefe que su orden es ilegal, o como mínimo, improcedente, es algo parecido a darle cita en el convento de los Carmelitas Descalzos a mediodía.  Supone llevar el asunto a una junta extraordinaria de la fiscalía correspondiente, donde se debatirá el asunto, constando el resultado de la votación en acta. Al igual que un referéndum, es un envite que no se echa si no es para ganarlo. En caso contrario, las consecuencias pueden ser desastrosas para el que lo juega.

Así que no me sirve esa explicación de que el fiscal jefe, aunque pudo imponer su jerarquía, sosegadamente prefirió aquietarse al criterio de veintidós de sus veintitrés subordinados. Porque las palabras se las lleva el viento, pero el acta de una junta de fiscales es algo mucho más serio, algo por lo que se pueden tener que dar muchas explicaciones si se demuestra que, contra el criterio de una mayoría aplastante, se tomó una decisión arbitraria o injustificada.

En cuanto a la pírrica victoria que supondría excluir la organización criminal como uno de los delitos a tener en cuenta en este momento, no termino de verle el sentido: en este momento, para solicitar prisión provisional para los investigados, como se ha visto, no es necesario. Cuestión distinta es lo que pase cuando, concluida la investigación, se traslade la causa para formular acusación, algo de lo que todavía estamos muy lejos. Veremos qué pasa entonces. 

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