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Estimada socia

En el artículo de la semana pasada, una socia de este medio escribió dos comentarios consecutivos y un tuit, en los que amablemente me solicitaba que dedicase un artículo a asuntos de menos titulares y más cercanos a la calle. Porque la impunidad no es coto reservado de los poderosos. Los imputados de a pie también se escapan por las rendijas del sistema.

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Cuando un asunto judicial acapara titulares de portada, sus entresijos procesales suelen ser examinados con lupa, con mejor o peor fortuna. Con no poca frecuencia, se trata de causas sobre delitos económicos, relacionados con la corrupción, que soliviantan al ciudadano. Sobre todo, cuando la investigación judicial se atasca o cuando pincha en hueso. La sensación permanente es que el poderoso resulta impune, mientras el pueblo es aplastado por el rodillo de la Justicia.

No conozco los casos de alto nivel en primera persona, ya que no soy más que un “machaca” de la Justicia, que trabaja en provincias. Lo único que hago aquí es análisis jurídico, con fines divulgativos, de material disponible de fuentes públicas.

Pero, desde luego, si de algo puedo hablar con conocimiento de causa, es de los casos de menudillo, de los que ocupan al común de los ciudadanos, y que abarcan la práctica totalidad de mi quehacer diario. Y le puedo decir, estimada socia, que su temor es infundado. La impunidad no es coto reservado de los poderosos. Los imputados de a pie también se escapan por las rendijas del sistema.

Y es lógico. El Derecho Penal que hoy conocemos se inventó para que los perseguidos por un delito pudieran escapar de la Justicia. ¡Huy, lo que ha dicho el Teniente Kaffee! Pues se lo vuelvo a repetir: el Derecho Penal está pensado para dar una oportunidad a los sospechosos. Porque antes de conceptos como el de “imperio de la ley”, tal y como lo conocemos, el Estado era una máquina de picar carne humana, regido por el capricho de gobernantes ajenos a cualquier control de sus súbditos. Si se cometía cualquier acto contrario a las leyes en vigor, se buscaba a un culpable, fuera verdadero o no. Estamos hablando de épocas de Inquisición, confesiones obtenidas por una tortura permitida por las leyes, ejecuciones sumarísimas o largos años de galeras sin nada parecido a un proceso judicial. Así que las normas penales contemporáneas, tanto sustantivas como procesales, se crearon para poner palos en la rueda de aquella cruel maquinaria.

El objetivo se ha cumplido, porque hoy en día el culpable muchas veces escapa por la puerta falsa, por esos vericuetos procesales por los que se interesaba nuestra socia.

Por ejemplo, por defectos formales en la identificación: la víctima reconoció al ladrón en una batería de fotografías que le enseñó la policía, pero resulta que no se citó a juicio al agente que le enseñó los álbumes de reseñas. Al ser una diligencia no practicada ante el juez, y sin presencia de letrado, el reconocimiento fotográfico debe ratificarse por el agente en el acto del juicio, para dar oportunidad de contradicción a la defensa del acusado. En ausencia del agente, prueba nula, y si era la única evidencia directa contra el culpable, la absolución está al alcance de la mano.

Otras veces son fallos estructurales del sistema los que dejan libre al culpable. Las bandas de rateros que operan en el metro, en zonas comerciales y otros lugares concurridos, metiendo mano en bolsos, bolsillos y carteras, se cuidan muy mucho de llevarse más de 400 euros de una vez. Si se quedan por debajo, la infracción es considerada falta, por lo que no se les puede detener, ni se les puede obligar a comparecer a juicio. La pena, si se les juzga “en ausencia”, será una multa incobrable (suelen ser insolventes). Desde la reforma de 2003, la comisión de cuatro faltas de hurto en un solo año es considerada delito y conlleva pena de prisión.

El problema es que ni el Gobierno de Aznar, ni el de Zapatero, ni el de Rajoy se han preocupado de dotar a la Justicia de un registro central de condenados por falta, similar al que hay para los penados por delito, así que es materialmente imposible condenar a nadie por semejante modalidad acumulada, ya que no hay datos para hacerlo.

Las infracciones contra el patrimonio no son las únicas que tienen su preocupante tasa de impunidad. Los delitos contra la seguridad vial son otro ejemplo, a pesar de lo contundente de la redacción del artículo 379.2 del Código Penal. Por un lado, está el margen de error de los alcoholímetros, hasta de un 10%, que hace dudoso que un resultado de 0,65 miligramos de alcohol por litro de aire espirado signifique que, realmente, el sujeto tenía una tasa de alcohol por encima de 0,60. Ante la duda, archivo o absolución.

Por otro lado, tenemos la doctrina constitucional sobre la prueba de alcoholemia: al tratarse de un test realizado sin presencia de abogado defensor, podría infringir los derechos fundamentales del acusado, en caso de aceptarlo como prueba sin posibilidad de contradicción. Por ello, para que tal prueba sea admisible, y como es físicamente imposible repetirla en el momento del juicio, los agentes de policía que realizaron la prueba deben ser citados como testigos, para ratificarse.

El problema es que, muchas veces, aparece una auténtica legión de agentes en el atestado: los que pararon al conductor, los que le llevaron a comisaría, los que le tomaron declaración, los que le leyeron sus derechos y, finalmente, los que practicaron la prueba. Un error de citación, y puedes tener a ocho agentes en el juicio, de los cuales ninguno te sirve para nada, ya que el decisivo, el que realizó la prueba, quedó sin citar. También tenemos la posibilidad de que la máquina de análisis no haya pasado la revisión anual, o esté fuera de fechas, por lo que su resultado puede ser puesto en duda por la defensa, tirando por tierra la posible única prueba del delito.

En el caso de que, habiendo resultado herido el conductor, se le tenga que trasladar al hospital, el problema reviste tintes de pesadilla, pues frecuentemente la muestra de sangre tomada en el centro médico será anulada en juicio por haberse realizado de forma incorrecta. Si el conductor no iba borracho, sino drogado, la posibilidad de determinar de forma objetiva el grado de intoxicación en el momento exacto de los hechos es sumamente difícil, pues las herramientas disponibles hoy en día no tienen esa capacidad. La alegación del abogado será que la cocaína consumida por su cliente, dos días antes de los hechos, es la que aparece en los análisis, lo que no implica que estuviera afectado en el momento de ser parado por la policía.

También tenemos la violencia de género, por supuesto. La mujer que acude a la policía porque su marido le ha dado una bofetada o un puñetazo en el estómago, o la ha amenazado con un cuchillo. Testigo único del delito. No importa, porque el testimonio de la víctima, si es persistente (desde la denuncia en comisaría al juicio, pasando por la declaración en el juzgado de instrucción), sin incoherencias, y ausente de motivos espurios, como el ánimo de venganza o de obtener beneficios en un proceso de divorcio, es suficiente como prueba de cargo para obtener la condena del agresor.

Pero la inmensa mayoría de los sobreseimientos y absoluciones de maltratadores se producen porque la propia víctima elimina la única prueba existente, su testimonio, al acogerse a su derecho a no declarar. Al día siguiente, tras pasar su marido la noche en el calabozo, empieza a arrepentirse de haber denunciado, y se niega a ser reconocida por el médico forense. En el momento de declarar ante el juez, ya se ha reconciliado con su maltratador, y se acoge al derecho reconocido en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta norma, que existe prácticamente desde la redacción original de la norma procesal, estaba pensada para evitar a los familiares de un delincuente el mal trago de estar obligados a declarar contra su pariente. Pero, claro, el legislador de 1882 estaba pensando en aquel que delinque de puertas para afuera, no en el caso en que las víctimas son las que comparten techo con el agresor. A pesar de los esfuerzos y peticiones de fiscales, jueces y abogados de mujeres maltratadas, esa norma no se ha modificado, por lo que continua siendo el principal coladero de los agresores machistas.

Y eso, estimada socia, es un pequeño resumen de las sombras y espacios de impunidad en tres de los tipos de delitos que copan las estadísticas criminales. Delitos de los que se cometen por gente corriente, nada de poderosos financieros o políticos bien conectados. Ni siquiera pequeños o medianos traficantes de droga, los Walter White del barrio, los que pueden pagar defensas caras. Le hablo de causas ganadas por abogados de turno de oficio, de los que no se van a forrar con estos clientes, sino que tienen problemas incluso para cobrar sus servicios. Porque a nuestra Justicia no le importa que todos los culpables sean condenados, sino que sólo los culpables lo sean.

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