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Facu y el Pequeño Hermano

"Pequeño Hermano" es una novela de Cory Doctorow, sobre la rebelión tecnológica de los ciudadanos contra el poder establecido

Facu Diaz es... Bueno, creo que todos ustedes saben quién es, ¿no?

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Esta semana tenía en preparación un artículo en el que divagaba un poco. El verano, las vacaciones, el interminable proceso de formación de gobierno… No me venían a la cabeza muchos asuntos que requirieran de análisis jurídico, la verdad. Sin embargo, repasando el timeline de mi cuenta de Twitter, resulta que Ángel Calleja  me remite a este hilo de Facu Díaz, a quien recordarán de otras apariciones en este blog. Y se me enciende la luz roja de "alguien la está cagando muy fuerte".

Recapitulemos. El risueño Facu se pasea por Lavapiés, cuando se encuentra con un bochinche bastante importante, a cuenta de una detención policial. No me voy a meter en las razones de la misma, pues las desconozco, y a lo que parece, el protagonista tampoco las tiene muy claras. El caso es que tira de smartphone y se pone a grabar la actuación policial, pues a su juicio está siendo excesiva.

En ese momento, según sus propias palabras, varios agentes le rodean y, tras arrebatarle el móvil y amenazarle con requisárselo, le obligan a desbloquearlo y borrar varios vídeos que ha tomado. Finalmente, le devuelven el aparato y se van. Tras reintegrársele su iPhone, Facu abre la aplicación de "Fotos", y va a la carpeta de "eliminados", donde se almacenan durante treinta días los archivos borrados antes de ser suprimidos definitivamente. Recupera el vídeo que le obligaron a borrar, y lo sube a Twitter. Fin de la historia.

Evidentemente, de unos cuantos mensajes en Internet uno no puede formarse cabal conocimiento de unos hechos, como si hubiera examinado a testigos, peritos y documental. Pero examinemos la historia en abstracto, al margen de sus protagonistas, pues probablemente nunca conoceremos al resto del reparto, y quedémonos con la trama.

Hace años, este tipo de tropelías eran bastante fáciles de cometer: una cámara de fotos, o de vídeo, carece de sistemas de protección de la privacidad avanzados como los que tiene hoy cualquier teléfono móvil. Con una cámara digital, bastaba con encenderla para poder manipular los archivos, y eso por no mencionar la posibilidad de sacar la tarjeta de memoria y privar de todo el contenido al propietario.

En cambio, el iPhone, en concreto, permite activar la cámara sin necesidad de desbloquear el móvil, y guarda las imágenes en una carpeta temporal, de tal manera que pueden ser inspeccionadas, manipuladas o incluso borradas. Ahora bien, desde el momento en el que se deja de usar la cámara, y el teléfono vuelve al modo bloqueo, el material grabado se traslada a la carpeta "Carrete", y la carpeta temporal queda limpia. En consecuencia, ya no se puede acceder a esos archivos sin introducir la clave o usar la huella dactilar para desbloquear el dispositivo. Así que ya no se puede jugar al "dame tu cámara, que voy a borrar esas fotos".

Ahora bien, partamos del principio ¿puede un agente de policía impedir a un ciudadano que grabe una actuación policial en plena calle? La cuestión se planteó durante la tramitación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, aka "Ley Mordaza", cuando se barajó castigar la mera toma de imágenes de este tipo. Finalmente, quedó únicamente sancionado el uso de esas imágenes cuando pueda ponerse en peligro la seguridad de los agentes, la de las instalaciones grabadas o el éxito de una operación policial, como infracción grave, en el apartado 23 del artículo 36. Y aun esta cuestión está a la espera de que se pronuncie el Tribunal Constitucional, pues ese precepto en concreto tiene interpuesto un recurso de inconstitucionalidad, pendiente de sentencia.

Pero, a día de hoy, si nuestro protagonista hubiera estado emitiendo en directo, en un Periscope, por ejemplo, quizás se hubiera metido en un lío. O quizás no. Pero mientras se estuviera limitando a grabar, sin emitir nada, no habría infracción de ese tipo. Otra cosa serían las cuestiones relativas al derecho al honor, la intimidad y la propia imagen, pero eso tendría que ventilarse en un juzgado civil, previa demanda del interesado, no en plena calle y a las bravas.

Esto es importante, porque la policía puede incautar los efectos utilizados para la comisión de una infracción contra la seguridad ciudadana, pero no existiendo tal infracción, carecerían de habilitación legal para ello.

Mucho más grave me parece, en cambio, lo del registro del contenido del teléfono. Hasta hace bien poco, podíamos pensar que la cosa no estaba suficientemente bien regulada. Sin embargo, desde el 6 de diciembre del pasado año, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que entró en vigor ese día lo deja meridianamente claro en su artículo 588 sexies b): el examen de dispositivos informáticos obtenidos en una detención en plena calle requiere la misma autorización judicial que si se hubieran conseguido en una entrada y registro en domicilio. Es más, el apartado c) sólo contempla una excepción por motivos de urgencia, cuando haya un interés constitucional legítimo, y cuando se comunique al juez en un plazo de 24 horas, para que lo ratifique en el plazo de otras 72. O sea que eso de ir mirando el contenido del teléfono móvil de un ciudadano, por el morro, debería de irse terminando. Desde hace mucho tiempo. Que se lo pregunten a los mossos d’esquadra condenados por encubrimiento en el caso del homicidio del Raval. Y eso que nadie se planteó en ese caso el delito de daños informáticos del artículo 264 del Código Penal, el borrado de datos relevantes para una investigación, obtenido mediante coerción, por parte de un policía que abusa de su cargo.

Porque, adicionalmente, existe otra cuestión a valorar: el inciso 5º del 588 sexies c), a la hora de establecer el deber de colaborar por parte de cualquier persona que conozca el funcionamiento de las medidas aplicadas para proteger los datos contenidos en un sistema informático, excluye de tal deber al investigado, como expresión lógica del derecho a no confesarse culpable y a no declarar contra uno mismo, previsto en nuestra Constitución. En román paladino: la policía no te puede obligar a dar la clave de desbloqueo de tu móvil. Y forzar a alguien a hacerlo, con violencia o intimidación, en mi modesta opinión, podría constituir un delito de coacciones.

Así pues, desconozco si alguien interpondrá una denuncia concreta por estos hechos, o por otros similares, pero igual sería hora de que alguien abriese una investigación interna sobre si esto es una práctica generalizada, ¿no?

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