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¿De qué va el auto del juez que prohíbe publicar datos relacionados con el "Football Leaks"?

En realidad, el magistrado no trata de silenciar una investigación sobre fraude fiscal, sino proteger una respecto a delitos contra la intimidad.

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Cristiano Ronaldo a su llegada a Gran Canaria (Alejandro Ramos)

Cristiano Ronaldo a su llegada a Gran Canaria. (Alejandro Ramos)

Estas últimas semanas, ha traído bastante cola que un juez de instrucción de Madrid haya prohibido la difusión de las informaciones relacionadas con el “Football Leaks”. Ya saben, la filtración relativa a la supuesta evasión de impuestos de Cristiano Ronaldo, entre otros ilustres millonarios del balón.

Inmediatamente, se han oído voces críticas poniendo a escurrir la resolución del magistrado. Incluso he leído comentarios sobre la calidad jurídica del auto, y no por parte de un tribunal de apelación que deba revisarla, precisamente. Por supuesto, las comparaciones con el caso de Messi y Neymar no se han hecho esperar. Mientras tanto, el portavoz del Gobierno dice no comprender la decisión, mientras que la Fiscalía la respalda.

Un carajal de desinformación, que compara peras con manzanas, y no atiende a la realidad de los distintos casos, metiendo de por medio incluso el caso Falciani. Así que dejen que sea claro, cristalino: al margen del conflicto con el derecho a la libertad de información, los casos mencionados no tienen nada que ver con éste.

El asunto del informático suizo era un procedimiento de extradición pasiva, es decir, el que se abre cuando un país extranjero requiere a España para que entreguemos a alguien que se encuentra dentro de nuestras fronteras. Entre otras cosas, en dicho procedimiento no se puede examinar el fondo de las acusaciones contra el extraditado, tan sólo si se dan los requisitos formales, como el de doble incriminación: que los hechos sean delito en el país que pide la extradición y en el que tendría que concederla. El delito de revelación de secreto bancario, que era por lo que se perseguía a Falciani en Suiza, no existía en España en aquellas fechas. Punto y se acabó.

En los asuntos relacionados con las estrellas balompédicas del Barcelona, lo que había era una investigación judicial sobre sus andanzas tributarias, iniciada por la Fiscalía, y con pruebas lícitas para sostener las imputaciones. De la misma manera, a los pocos días de la noticia que nos ocupa, se supo que el Ministerio Público también rastreaba las finanzas de otros jugadores de relumbrón, entre ellos varios exmadridistas, como Xabi Alonso, Angel Di Maria o Ricardo Carvalho.

Entonces, ¿qué pasa con CR7? Pues verán, lo que investiga el juez Zamarriego es una denuncia interpuesta por un bufete que gestiona las inversiones del astro merengue. Dicho despacho de abogados habría sufrido una intrusión en sus sistemas informáticos, con acceso a los expedientes de distintos clientes, entre los que se encontrarían varios de los representados de Jorge Mendes, conocido agente FIFA. O sea, el instructor no está persiguiendo una defraudación fiscal, sino delitos contra la intimidad del artículo 197, y los futbolistas no son los investigados, sino los perjudicados.

De hecho, tanto Cristiano Ronaldo como Pepe, otro de los jugadores afectados, se han apresurado a mostrar sendos certificados de la Agencia Tributaria en los que se acredita que ambos están al corriente de sus obligaciones con el fisco español.

La cuestión es que el delito del artículo 197 tiene un subtipo agravado, en el que se castiga con más años de cárcel al que, además de acceder a los datos confidenciales, los haga públicos. También hay premio de barrotes para el que, sin participar en el delito principal, pero conociendo el origen ilícito de los datos, los difunda. Ese es el problema, que si se demuestra que el consorcio internacional de periodistas tenía conocimiento de que la filtración provino de una intrusión informática, sus integrantes estarían cometiendo un delito. Aunque ellos dicen que su información viene de otras fuentes, y que de eso que usted cuenta, señor juez, no tenemos ni idea. No sé, si los documentos en los que se basa la exclusiva de los famosos 150 millones desviados a las Islas Vírgenes resultan tener el membrete del despacho de abogados, mala defensa me parece.

Pero vamos a ponernos en lo peor, vamos a imaginar que el certificado expedido por los chicos de Montoro no tiene valor, porque desconocían las trapacerías que se revelan en el “Football Leaks”. Vamos a ponernos en que ese fraude es real, y que el dueño de los abdominales más rentables del planeta tiene que sentarse en el banquillo de un tribunal. Lo dijimos en su momento, al hilo de los famosos “papeles de Panamá”: si la fuente de la filtración periodística es la comisión de un delito, la validez de la prueba es nula.

Pero, incluso, vamos a aceptar pulpo como animal de compañía. Vamos a considerar que, conforme a la muy restrictiva jurisprudencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, los datos financieros de una persona no integran el núcleo de su intimidad. Que el autor del asalto informático a los ordenadores del despacho de abogados, además, no ha vulnerado ninguna medida de seguridad, por lo que tampoco incurriría en un delito de acceso ilícito del artículo 197 bis, un tipo que no requiere que se ponga en solfa la privacidad de persona alguna, sino que protege la confidencialidad y seguridad de los sistemas informáticos per se. Da igual. Si el origen de la información es el acceso de un tercero no autorizado a datos protegidos, que no está respaldado por una orden judicial, la prueba sigue siendo nula.

Por hablar de pruebas nulas en casos de delito informático, aquí hay una comparación que sí es pertinente: hace poco, se ha dictado la sentencia firme sobre el asunto del ataque de denegación de servicio contra la Junta Electoral Central, en 2011. La inicial sentencia absolutoria del Juzgado de lo Penal de Gijón había sido recurrida en apelación por la Fiscalía, pero el recurso ha sido rechazado, y la absolución se ha confirmado. Como ya les comenté en alguna ocasión, estas resoluciones judiciales dictadas años después de la noticia periodística, rara vez vuelven a ocupar titulares, y menos todavía cuando se trata de una sentencia que resuelve un recurso, sin juicio, sin imágenes de gente sentada en un banquillo, ni nada que despierte el morbo informativo.

Sin embargo, de la sentencia asturiana debemos extraer una enseñanza muy importante, dolorosa para los servidores del Estado, porque señala un trabajo mal hecho, pero que debe servir para no volver a incurrir en los mismos errores: uno de los fundamentos de la absolución, por falta de pruebas, ha sido la anulación de los análisis periciales sobre los ordenadores incautados a los entonces sospechosos. Al presentarse ante el juzgado, para el clonado de los discos duros y su posterior revisión forense, las CPU’s no estaban debidamente precintadas, sino que tenían expuestos los puertos de conexión. Es decir, se había roto la cadena de custodia, y ello arrojaba dudas sobre los datos obtenidos por los expertos policiales.

Quedémonos con ese pronunciamiento judicial, que pone en duda una evidencia digital porque no ha sido debidamente custodiada con todas las garantías, aunque los equipos incautados hayan estado bajo la vigilancia de la policía. Y ahora, con esa perspectiva, miremos al caso “Football Leaks”: no es que sea la policía, es que son terceros desconocidos los que han obtenido la información no se sabe muy bien cómo, la ha tenido en su poder en no se sabe qué condiciones, y en lugar de presentarla a un juez, se la han mandado a unos periodistas, de los que tampoco sabemos cómo han custodiado los datos. Y, a diferencia de lo relativo a las tarjetas black, el titular de los datos descubiertos no ha hecho una auditoría interna que haya operado  la transubstanciación de las evidencias.

De verdad, ¿se cree alguien que un tribunal va a admitir semejante prueba de cargo para fundar una posible sentencia condenatoria? Pues eso. Lo demás, es vender envoltorios para los bocadillos de pasado mañana.

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