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Hogwards, escuela de leyes

No, no me he equivocado al escribirlo. No me estoy refiriendo a la escuela de magia y hechicería de la saga de Harry Potter, sino a una creación original, como Shary Bobbins, ya saben.

Últimamente, esto de las disfunciones humanas da para mucha creatividad.

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La escuela de leyes de Hogwards debe ser ese sitio fantástico e irreal del que salen los asesores jurídicos de muchos de nuestros políticos. Imagino que, en lugar de asignaturas como “Defensa contra artes oscuras”, “Pócimas” o “Encantamientos", tendrán otras como “Pasarse los principios básicos de la Constitución por el forro” o “Argumentar jurídicamente contra la lógica más elemental”.

Empecé a sospechar que dicha institución académica existía, allá por 2005. Fue tras un debate en el Parlament de Catalunya, ¿recuerdan? Cuando en una réplica a Artur Mas, el entonces president Pasqual Maragall se levantó, cogió el micro y dijo aquello de: “Ustedes tienen un problema, y ese problema se llama 3%”.

Yo, que en aquel entonces era un poco parva, no me enteré de qué había tan ofensivo en un simple guarismo. Porque lo cierto es que el destinatario de la frase se ofendió. Se ofendió muchísimo. Tanto que anunció una querella, por un delito de calumnias. Ya saben que la calumnia consiste en acusar falsamente a alguien de haber cometido un delito, sabiendo que es mentira. Lo que los yanquis conocen como “libelo”, y que es de las pocas excepciones que admiten a su férrea defensa de la libertad de expresión. Sinceramente, mencionar un simple porcentaje no parece una acusación a nadie, de nada. Que alguien, al recibir semejante réplica, considere que se le está acusando de ser un corrupto que percibe sobornos, a razón de un tres por ciento de comisión, sobre el presupuesto de cada obra ilícitamente adjudicada… No sé, me recuerda a aquel tipo que vi en una ocasión, acusado de varios incendios de coches, y que al ser sorprendido por la policía, escondido entre unos contenedores y apestando a gasolina, arrojó un encendedor lejos de sí y exclamó: “Yo no se nada de esos fuegos”.

Pero lo peor no es eso, desde un punto de vista jurídico. Lo peor es que me tomé la molestia de acudir al Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979, por si mi intuición me había fallado, pero no: en el artículo 31, apartado 2º, se establecía claramente que los parlamentarios catalanes eran inviolables por las opiniones emitidas en el ejercicio de sus cargos. O sea, que por muy gorda que fuera la barbaridad que hubiera dicho el president Maragall, como parlamentario autonómico con acta en vigor, no se podía seguir procedimiento penal alguno contra él.

Empecé a sospechar que el acceso a la escuela de leyes de Hogwards estaba situada en el anden 9 y 3/4 de la estación de Sants, en Barcelona. Porque lo cierto es que algunas de las mejores perlas jurídico-chanantes oídas en los medios salían de sus representantes políticos, quienes seguramente estaban asesorados por egresados de tan magna como secreta institución.

Sin embargo, para mi sorpresa, he descubierto que el campus central debe encontrarse en la Comunidad de Madrid. Porque no se trata ya una declaración insostenible, o de un argumento que se cae por su propio peso. En un increíble salto hacia el absurdo, la última creación de los graduados de la facultad de Hogwards es el proyecto de ley autonómica de la Comunidad de Madrid, sancionando administrativamente los insultos en Internet. Se llama, pomposamente, Ley sobre la Igualdad de Trato y la Protección contra las Acciones de Incitación al Odio, la Discriminación y la Intolerancia. La sarta de barbaridades que contiene esta propuesta normativa es de tal calibre y variedad, que no sé por donde empezar. Bueno, empezaremos por lo más suave, e iremos aumentando el nivel de mala baba:

Lo de que una administración pública se persone como acusación en un juicio penal es una tomadura de pelo y un postureo que tocaría bastante las narices de por sí, si no fuera por el sutil detalle de que no se tira de los servicios jurídicos propios: se suele recurrir a los servicios de un despacho de abogados externo. Y eso ya es meter la mano en la cartera del contribuyente por el morro. Miren, en este país hay dos cuerpos de funcionarios dedicados en exclusiva a ejercer acciones legales en nombre de los contribuyentes: la Fiscalía, cuando se trata de asuntos penales, y la Abogacía del Estado, en casos de índole patrimonial. Cada uno es especialista en su campo, mucho más que cualquier bufete que puedan pagar las maltrechas cuentas de las entidades locales. De hecho, hay fiscales especializados en la persecución de delitos de odio y discriminación.

Además, sinceramente, espero que lo de “acusación particular” sea una errata del redactor. En este tipo de delitos, la acusación particular sólo la pueden ejercer individuos de los colectivos afectados. Cualquier administración pública, que no sea el Ministerio Fiscal, sólo puede intervenir como acusación popular.

Pero esto son minucias. La materia de la que estamos tratando es harina de otro costal. Ya advertía David Bravo que algunas conductas, que no están obteniendo en los tribunales penales la respuesta que al Ejecutivo le gustaría, están siendo derivadas hacia la sanción administrativa. La “lucha contra la piratería” de propiedad intelectual pasó a la Ley de Economía Sostenible, alias Ley Sinde-Wert. La represión de la protesta en la calle, a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, también conocida como Ley Mordaza. Ahora toca la libertad de expresión en Internet, que parece no estar lo suficientemente regulada con el Código Penal y la Ley Orgánica de Protección del Derecho al Honor. ¿Por qué? Porque, al parecer, dejar estas cosas en manos de un juez no mola. Que luego, van y te absuelven a Rita Maestre.

Pero lo peor, lo dejó para el final. Es la competencia normativa. Miren, la ley proyectada afecta a varios derechos fundamentales, como son el secreto de las telecomunicaciones (a ver, si no, cómo pretenden identificar a los infractores, si no hay ningún tipo de traza de sus conexiones), pero sobre todo, a la libertad de expresión y el derecho al honor, que son los dos que entran en conflicto al analizar estas cuestiones. ¿Y saben lo que pasa? Que regular una materia que afecta a derechos fundamentales requiere un tipo de norma especial, que es la ley orgánica. La ley orgánica está prevista en nuestra Constitución para la organización de las instituciones fundamentales del Estado, y específicamente, para el desarrollo de los derechos fundamentales. ¿Por qué me escandaliza esto? Porque las comunidades autónomas no pueden dictar leyes orgánicas, sólo las Cortes Generales tienen esa potestad.

O sea, que nos llenamos la boca con el respeto a la Carta Magna de forma muy selectiva: si son esos separatistas catalanes, que pretenden hasta prohibir las muy españolas corridas de toros, leña al mono; pero si es Madrid, Madrid, Madrid, como en el chotis, luego ya tal.

Ya que nos recortan los derechos y el estado de bienestar, podrían tener la delicadeza de no insultar nuestra inteligencia. Y por favor, despejen los despachos de los magistrados del Constitucional, que eliminar este engendro de nuestro ordenamiento jurídico debería tener prioridad.

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