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El hundimiento

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En las próximas semanas vamos a asistir a un fenómeno pocas veces visto: la voladura controlada del sistema judicial penal de un país. La paralización de los órganos judiciales y de las Fiscalías por culpa de una reforma legal que, paradójicamente, afirma pretender todo lo contrario: su agilización.

Es lo que tienen los brindis al sol, y creer que, como el papel lo aguanta todo, la realidad también debe hacerlo. Uno puede establecer por decreto que los días pasan a tener 48 horas, pero eso no significa que la Tierra vaya a girar más despacio sobre sí misma. También se puede derogar, con mayoría absoluta parlamentaria, la ley de la gravedad, pero si uno se lanza al vacío para probar su capacidad de vuelo, seguirá estrellándose contra el suelo. Se puede obligar a los médicos a establecer que una gripe se cure en dos días, aunque los síntomas continuarán durando una semana con medicación, y siete días sin ella. Pues por la misma, se puede establecer que las causas judiciales normales se tramitarán en seis meses, y las complejas en 18, sin ningún tipo de asignación presupuestaria adicional, ni para personal ni para medios, a coste cero. La realidad, en cambio, es tozuda.

Si uno escucha al ministro de la cosa, parece que todo es una pataleta de jueces, fiscales y otros operadores jurídicos. Esos vagos no quieren ponerse a trabajar, y las causas que ellos llevan se perpetúan en los tribunales por su pachorra y por el gusto que da acumular el papel durante años.

En realidad, la explicación más benévola es que quien hace semejantes manifestaciones, o las corea, no ha pisado en su vida un juzgado de trinchera, y vive en su mundo de fábula, lleno de unicornios rosas, en el palacio de justicia de la calle de la piruleta, en el barrio de la gominola. 

Podría seguir todo el día con metáforas ocurrentes o despotricando en abstracto, pero me gusta ir a lo concreto, así que vamos a hacer una inmersión en la realidad judicial de este país. Cuando una denuncia ordinaria, un atestado policial o cualesquiera otra de las formas de iniciación de un proceso penal tiene su entrada en un organismo judicial, pasan varias cosas.

La primera, que el asunto va al decanato de los juzgados, para reparto, en función de las normas establecidas al respecto. Una vez determinado el órgano que se encargará de todo esto, se incoa el procedimiento: en la mayoría de los casos, diligencias previas de procedimiento abreviado, sólo excepcionalmente se abrirá como sumario ordinario o como procedimiento ante el Tribunal del Jurado. A continuación, el juez ordena las primeras diligencias: toma de declaración a quien aparece como imputado, consulta de su hoja de antecedentes, y oír al perjudicado o denunciante.

Aquí ya aparece un primer problema: los funcionarios que tienen que dar curso a estos trámites iniciales tienen ya una pila acumulada de trabajo de notable importancia, y tienen que seguir un cierto orden en su tratamiento. En la práctica, eso significa que el nuevo caso se pone a la cola. Primer retraso.

Pero por mucho que se corra, por mucho que se agilicen esas gestiones iniciales, aparecen otros imponderables.

Por ejemplo, el imputado y el perjudicado tienen que ser citados personalmente, por escrito, en un domicilio. Nada de correos electrónicos, mensajes SMS o moderneces de esas. Papel sellado, con la firma del juez, entregado en mano. Cuando se sabe dónde hacerlo, claro: la gente tiene la desagradable costumbre de cambiar de domicilio y no notificarlo al juzgado, así que la dirección conocida muchas veces no es válida y hay que ponerlos en averiguación de paradero. A esperar.

O puede ser que unos u otros vivan fuera del partido judicial, con lo que hay que acudir a la comunicación entre juzgados, para que la notificación la realice el juzgado del lugar donde se encuentra el destinatario. Este proceso se conoce como “exhorto”, y por ejemplo, en los juzgados de Plaza de Castilla, Madrid, acumula un retraso medio de seis meses. Sólo para notificar.

Imagínense que el imputado no comparece voluntariamente. Hay que hacer una segunda citación y, en su caso, ordenar que sea traído por la fuerza pública. Pero para que lo traigan, primero la policía tendrá que encontrarlo, y como esto no es una película, en la que se localiza vía satélite hasta al prófugo más escurridizo, pues lleva su tiempo. Más esperas.

Todo esto se agiliza, desde luego, cuando el imputado entra en el juzgado por la puerta de los calabozos, lo que sucede cuando ha sido detenido en el acto, por supuesto. Pero sigamos con el perjudicado. Hay que oírle como testigo, para lo que habrá que encontrar un hueco en la sobrecargada agenda del juzgado, entre otros señalamientos, guardias, juicios por delitos leves y demás cosas de estas en las que echamos el tiempo. 

Imaginen la cosa más tonta: un hurto, una alcoholemia con accidente sin víctimas. Los perjuicios han de ser valorados, y no sirve la factura, porque los bienes tienen la desagradable tendencia a depreciarse con el tiempo, por lo que para averiguar su valor a efectos legales (por ejemplo, para saber si superan la frontera de los 400 euros, que separa los delitos menos graves de los leves, antiguamente conocidos como faltas) hay que tasarlos. Pase la causa al perito judicial: más esperas.

No quiera el FSM que, mientras tanto, el abogado de la defensa decida interponer alguno de los recursos a los que le autoriza la ley, porque eso hay que notificarlo a las demás partes, esperar las alegaciones de los interesados y resolver. Si el recurso es de reforma, cabe la interposición de recurso de apelación subsidiario, con lo que, al primer recurso le seguirá otro, éste ante la Audiencia Provincial. Más retrasos.

Imagínense que se trata de una simple pelea de bar, o de un caso de malos tratos: aquí hay que mandar a la víctima de las lesiones al médico forense, para que se valore el alcance de las mismas. Si se trata de un caso de violencia de género habitual, la víctima deberá pasar por una unidad de valoración forense integral, para que, además del médico forense, sea examinada por psicólogo y trabajador social, a los efectos de acreditar la afectación que sufre por la situación continuada de violencia física o psicológica, más allá de los efectos de las agresiones puntuales. Las consultas de estos profesionales no están precisamente vacías, así que hay que ponerse a la cola de una larga lista de espera. Más retraso.

Todo esto que les acabo de contar son los casos más sencillos, los que ni de coña marinera van a ser considerados de especial complejidad. Es decir, los que tienen que ser tramitados en ese plazo de seis meses. ¿Han percibido algún factor en común? Sin duda: falta personal, faltan medios, faltan aplicaciones informáticas que agilicen las gestiones y eviten trámites burocráticos impropios del siglo XXI. Pero solucionar todo esto, también tiene un denominador común: hace falta pasta, mucha pasta. Carretadas de dinero para modernizar y adecuar las infraestructuras judiciales.

¿Cuál es la solución del legislador para conseguir solucionarlo a coste cero? Imponer el control del cumplimiento de los plazos a un operador concreto: el fiscal. Sólo hay un pequeño inconveniente. El fiscal no forma parte del juzgado, no tiene ningún poder efectivo para hacer cumplir sus instrucciones a los funcionarios del juzgado y no tiene acceso a las causas más que cuando el juzgado le da traslado de las mismas. He leído algún artículo de opinión en el que se afirma lo contrario, que según la ley el fiscal se persona en las diligencias penales desde su incoación, como dice la letra de la ley. ¿Saben la aplicación práctica que tiene esa bonita declaración de intenciones? Más o menos la misma que el derecho a la vivienda digna en el artículo 47 de la Constitución.

En la práctica, esa intervención inmediata se traduce en que al fiscal se le notifica el auto de incoación del procedimiento... pero no se le da traslado del susodicho procedimiento. La primera vez que la mayoría de expedientes judiciales visita la mesa de un fiscal es cuando el juzgado ha terminado con ellos y se envían para que se emita el escrito de acusación.

En muchas comunidades autónomas, los ordenadores de las fiscalías no pueden acceder a la información de los juzgados directamente, y en las restantes sólo tienen una visión fragmentada y completamente insuficiente de los asuntos. El expediente electrónico en los juzgados sigue siendo esa oveja eléctrica con la que sueñan los androides jurídicos. Por ello, resulta imposible realizar estas gestiones por vía telemática: o se acude físicamente al juzgado, o se pide que la causa se lleve a la fiscalía de turno.

En el primer caso, el fiscal que se persona en el órgano judicial deja de atender el resto de trabajo que ya tenía, como despachar ejecutorias, preparar escritos de acusación o contestar recursos, no hablemos ya de los días en los que tiene que acudir a juicio o atender una guardia. En el segundo caso, cada expediente que abandona el juzgado deja de poder ser tramitado, bien para tomar declaración a testigos e imputados, bien para que el juez dicte alguna resolución.

Además, todo este trajín que conlleva la nueva ley requiere, amén del estudio individualizado de cada causa, una labor ingente de registro y auditoría para la que, simplemente, no se ha previsto herramienta alguna. Ni se ha desarrollado el software que permita el control necesario, ni se han previsto cauces procesales específicos, ni hay funcionarios suficientes en las oficinas de las fiscalías para realizar estos trámites.

En suma, un caos deliberado que va a traer consecuencias judiciales todavía no suficientemente calibradas. ¿Rodarán cabezas por ello? Seguramente, pero no serán las de los responsables políticos de este despropósito, como de costumbre. La ley entra en vigor a principios de diciembre, con las Cortes disueltas y las elecciones en ciernes. Para cuando nos demos cuenta del alcance del desaguisado, habrá un nuevo Gobierno emanado de las urnas, con cuatro años de legislatura por delante. Así que, como dice un buen amigo, ya saben: a votar se va leído.

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