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Informes, mentiras y metadatos

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Uno de los momentos jurídicamente chanantes de estas últimas semanas ha sido el culebrón del informe de la Agencia Tributaria en el caso de la Pieza Separada Informe UDEF-BLA N° 22.510/13, de las Diligencias Previas 275/2008 del Juzgado Central de Instrucción nº 5. "Los papeles de Bárcenas", para los amigos.

Pongamonos en antecedentes, y acudamos a las enseñanzas de Hannibal Lecter, citando a Marco Aurelio dentro de una jaula, en “El silencio de los corderos” (Jonathan Demme, 1991, a partir del minuto 2’12”):

-Primeros principios, Clarice […]. De cada cosa, pregúntese qué es en sí misma, cuál es su naturaleza.

Como es de dominio público, el juez Pablo Ruz ha pedido un informe a técnicos de la Agencia Tributaria, sobre el posible delito tributario cometido en relación con donaciones recibidas por el Partido Popular. Delito que los de Hacienda consideran que no existe, aunque lo suyo sea dar los datos y callarse las valoraciones jurídicas.

Además, se ha filtrado a la prensa un papelote sin firmar, que de primeras se ha tomado por un borrador del informe definitivo. En este pseudo-informe, el autor más prolífico del mundo, un tal “anónimo”, destaca que las donaciones al PP están exentas de tributación, al ser una entidad sin ánimo de lucro, similar a Cruz Roja o Caritas. Y se ha liado. 

Así que vamos a ir explicando conceptos, que todo esto es mucho más divertido cuando se entiende bien.

Empecemos por el principio: ¿Que es una prueba pericial? Como contábamos en su día, el juez sabe de Derecho, pero muchas otras disciplinas técnicas o científicas pueden tener relevancia en un pleito mínimamente complejo. Por ello, y para suplir la carencia de cierto tipo de conocimientos extrajurídicos, la legislación procesal contempla la figura de un experto que asesora y explica estas cuestiones al juzgador. El reverso de la figura del perito es que debe informar sobre su propia disciplina, evitando meterse en dictámenes sobre leyes. 

A pesar de esta norma, muchos peritos son aficionados a meterse en ese jardín. Al fin y al cabo [mode sarcasm: on], una ingeniería es una cosa muy difícil, para la que hay que valer, mientras que cualquier pazguato con buena memoria puede empollarse la carrera de Derecho y las oposiciones a judicatura en dos tardes [mode sarcasm: off]. Les puedo asegurar que he visto situaciones surrealistas en ese sentido.

Por ello, los jueces de instrucción, que ya tienen el culo pelado de vérselas con peritos, suelen exigir que el informe que solicitan se haga de acuerdo a los parámetros que ellos indican. Como decía el protagonista del serial televisivo que aparecía en “L.A: Confidential”: “Los hechos, señora, sólo los hechos”.

En este contexto es en el que hay que entender los términos en los que Ruz ha solicitado que la Agencia Tributaria le calcule la cuota de IVA e Impuesto de Sociedades que el PP se ahorró pagando la reforma de su sede con fondos supuestamente no declarados: “Ustedes me dan las cifras, y si es delito o no, lo decido yo”.

En la Agencia Tributaria están tan indignados con eso de que un juececillo de instrucción les ande enmendando la plana, que encabezan el informe del Impuesto de Sociedades con un “por imperativo legal”. Sí, es la coletilla que hicieron famosa los diputados de la extinta Herri Batasuna, al prometer acatar la Constitución en el momento de tomar posesión de sus cargos. Quién lo iba a decir, Hacienda también es ETA. 

El caso es que, parafraseando al Milagroso Max, de “La Princesa Prometida”, en parte tienen razón, lo que significa que en parte no la tienen.

La parte en la que la Agencia Tributaria tiene razón es en que la Ley de Impuesto de Sociedades declara que están exentas de tributar por la misma las “entidades sin ánimo de lucro”, y la Ley del IVA, habla específicamente de entidades con fines políticos. 

Lo que no cuentan los peritos es que, en el mismo artículo en el caso del IVA, un poco más adelante en el caso de Sociedades, las mismas normas tributarias advierten de que esta exención se produce exclusivamente cuando el importe no tributado se aplica a las finalidades propias de la entidad. Ya saben, pagar campañas, nóminas de empleados y esas cosas. Lo de alicatarse la sede hasta el techo no sé yo si entra en el capítulo “fines del partido”. Parece ser que a la Fiscalía Anticorrupción y a la Sección 4ª de la Audiencia Nacional no se lo parece, porque están del lado del juez

Sin embargo, en estos casos de alto copete, la diversión no tiene fin. Como decíamos más arriba, resulta que alguien redacta un argumentario sobre esa jugada, vete a saber para qué. Imagino que para consumo interno, y para alimentar la furibunda indignación de Paco Marhuenda en La Sexta Noche. Si notan que evito llamarlo informe pericial, es porque no lo es, por la falta de un elemento esencial: la identificación del perito que lo redactó, clave para que esa persona pueda ser citada a juicio en caso de que se impugne el resultado de su trabajo. Lo cachondo del tema es que, una vez más, los metadatos del documento vuelven a jugar una mala pasada al autor del panfleto. Y no ha hecho falta un experto en informática forense: ha bastado con mirar en las propiedades del documento para saber el nombre del autor, un cargo de confianza del ministro de la cosa. 

Y casi que mejor, porque a ver cómo explica el susodicho autor, en caso de ser citado, las ya famosas comparaciones con Caritas o la Cruz Roja, entidades que ni están sujetas a la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos, ni a la jurisdicción del Tribunal de Cuentas, ni acaban con las existencias de sobres de la papelería de la esquina. Si esto llega a juicio, el interrogatorio iba a parecer una película de Bud Spencer. Y por si acaso, les aclaro que no iba a interpretar precisamente el papel del que reparte las bofetadas.

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