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Manadas y jaurías

Ya son más de diez años los que llevo ejerciendo mi profesión, y en ese tiempo me las he visto con más casos de agresión sexual de los que me gustaría

Y les puedo asegurar que no hay dos reacciones iguales en una víctima 

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Pamplona lanza una campaña contra las agresiones sexistas durante las fiestas de San Fermín

Campaña en Pamplona contra las agresiones machistas

Mientras escribo estas líneas, está pendiente de dictarse la sentencia sobre los hechos cometidos por el grupo autodenominado “La manada”, en los San Fermines de 2016. Se han escrito ríos de tinta sobre agresiones sexuales, machismo y todo lo que rodea a un fenómeno horrible, pero de momento inseparable de la sociedad en la que vivimos.

Mientras tanto, allende los mares, un grupo de actrices, algunas de ellas auténticas estrellas del firmamento cinematográfico, han alzado la voz para poner el foco sobre un sujeto casi omnipotente en Hollywood: Harvey Weinstein. “Mr. Tijeras”, le apodaban, por su tendencia a recortar o alargar el metraje de las creaciones originales de los cineastas. Es una anécdota conocida que Martin Scorsese salió hecho un paño de lágrimas tras la reunión para decidir el montaje final de “Gangs of New York”, la obra magna que llevaba años planificando, o que a Tarantino le obligó a alargar hasta el paroxismo de dos películas la excesiva “Kill Bill”. Viendo lo que surge ahora a la luz, quizás la tijera hubiera debido aplicársela el susodicho en cierta parte de su anatomía, y nos hubiéramos ahorrado disgustos.

Lo que me llama la atención es que, en un caso y otro, oigo por todas partes voces que me chirrían en la cabeza, como hombre y como jurista: "¿Que hacía una chica sola, metiéndose en un portal con cinco fulanos a los que apenas conocía?", "¿Por qué han tardado tanto en denunciar las actrices?", "¿Es justo que denuncien ahora, cuando sus carreras se beneficiaron de ese “paso por la horizontal”?"

No, no y no. Ya son más de diez años los que llevo ejerciendo mi profesión, y en ese tiempo me las he visto con más casos de agresión sexual de los que me gustaría. Y les puedo asegurar que no hay dos reacciones iguales en una víctima. Las hay que se van derechas a comisaría, todavía con la ropa con la que han sufrido la agresión, a interponer la correspondiente denuncia. Pero también las hay que intentan olvidar, borrar de su memoria el crimen, tratando de proteger su frágil equilibrio emocional, y no denuncian hasta meses, incluso años después.

Éste último caso, obviamente, dificulta la aportación de pruebas al proceso. No sólo porque desaparecen vestigios materiales, como restos biológicos, ropa manchada, o desgarros que haya podido causar una penetración forzada. También sucede que la memoria flaquea, los detalles se difuminan, y hasta las fechas bailan. De tal manera que el acusado puede llegar a generar la duda razonable en el tribunal, o incluso construir una coartada relativamente sólida. 

De hecho, he visto casos en los que, tras lograr una absolución por la debilidad de las pruebas, el inicialmente acusado pasa a ser el perseguidor de su víctima, con una querella por calumnias. O en un caso aparentemente inverosímil, en el que un sanitario era acusado de haber abusado de una paciente durante una asistencia domiciliaria, al entrar la policía científica aparecen manchas de semen en el escenario; requerido para la toma de una muestra de ADN, el investigado se niega, lo que hace que salten todas las alarmas; y de repente, sin más explicación que un posible trastorno mental, la denunciante cambia radicalmente de versión y pasa a acusar a unas personas completamente distintas, que no llegan a ser localizadas.

En cualquier caso, el sistema de Derecho Penal que se ha ido construyendo en nuestro entorno, no solo en España, se basa en un principio inalienable: la presunción de inocencia. Hasta el presunto monstruo más innombrable que pueda esbozar nuestra imaginación, debe ser tratado como inocente hasta que haya recaído sentencia, y sólo puede pisar un centro penitenciario de forma preventiva cuando haya razones de peso, enumeradas taxativamente en nuestra ley: riesgo de fuga, de destrucción de pruebas, de reiteración delictiva o de riesgo para otros bienes jurídicos de la víctima (como su vida, si ha sobrevivido al ataque inicial). 

Pero como todo, el Derecho evoluciona, y va avanzando una vertiente que hace hincapié en los derechos de la víctima. Derecho a no ser denigrada, a no atravesar un calvario en forma de proceso judicial, a no ser puesta en el ojo de un huracán que ella no ha iniciado, más que por poner en conocimiento de las autoridades unos hechos que podrían ser constitutivos de delito. Y es que esa es otra: los delitos contra la libertad sexual son de los pocos que contempla nuestro Código Penal en los que sólo se inician actuaciones previa denuncia de la víctima, sin posibilidad de actuación de oficio, salvo que se trate de menores de edad o personas con una patología mental que no les permita ejercer esa acción por sí mismas.

Poner en equilibrio ambos principios es, permítaseme el juego de palabras, tarea de un auténtico funambulista, que cruza un abismo sobre un cable, sin red, como el protagonista de “El Desafío”. No podemos llegar a una inversión de la carga de prueba, que obligue al investigado a demostrar que es inocente, como parece que pretenden hacer en Suecia, ni quedarnos en el “iba provocando” o en el tristemente célebre interrogatorio de “ ¿cerró usted bien las piernas?

Dándole vueltas a la cabeza, creo que si se aborda una reforma constitucional, podríamos tomar ejemplo de un país del que hemos copiado más cosas de las que creemos, como la institución del jurado o conceptos como la expectativa razonable de privacidad. En la Constitución de los Estados Unidos, que mira si tiene años, se contempla una enmienda que permite al acusado no declarar contra sí mismo y no declararse culpable. Pero en caso de declarar, debe decir la verdad, y si se le coge en mentira, añadirá el perjurio a la lista de cargos que pesan contra él. Curiosamente, esta misma garantía acoge a los testigos, que son tratados por igual, pudiendo no declarar en caso de que las respuestas que deban dar pudieran incriminarles en algún delito. En ese momento, invocan la quinta enmienda y no responden.

Puede parecerles que tengo excesivo gusto por las creaciones legislativas yanquis, pero lo cierto es que aquí, en España, nuestro sistema de garantías ha dado lugar a situaciones realmente chuscas: ese testigo que, al declarar bajo promesa o juramento de decir verdad, parece confesar un delito; ese mismo testigo, al comparecer como investigado por ese delito, no puede ser confrontado a su declaración testifical, ya que la otorgó sin haber sido leídos sus derechos, puesto que en ese momento no los tenía. Así que lo que dijo cuando estaba obligado a decir la verdad no puede ser tenido en cuenta, es como si no existiese. De locos.

¿Es compatible el sistema americano con nuestras raíces de derecho romano, esas que dicen que nadie puede ser condenado sin ser oído? Yo creo que sí. El acusado debe tener derecho a ser oído, pero ese derecho puede ser objeto de renuncia. De hecho, tal era la previsión que contemplaba el borrador de anteproyecto de Código Procesal Penal, ese que quedó en vía muerta hace dos legislaturas, y que nos obliga a seguir tirando con una ley de siglo y pico de antigüedad, con más parches que la colcha de Wynona Ryder. Y quizás, sólo quizás, consigamos un procedimiento penal en el que las víctimas salgan del juzgado peor de lo que entraron.

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