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¿Matar al mensajero?

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Recientemente, se ha sabido que la fiscalía de Madrid ha formulado escrito de acusación contra dos periodistas de ABC, por publicar un artículo sobre las conversaciones entre dos supuestos miembros de la Camorra, organización criminal que tiene sus raíces en Nápoles. En esa conversación, al parecer, los interlocutores hablan del ínclito ex-tesorero del PP, "el del escándalo", del que citan una perla que éste le habría soltado a uno de ellos: “Mafia y política son lo mismo”. Con la que está cayendo en este país, en materia de corrupción, semejante frase da para que la gente empiece a pedir que se instale una guillotina en la Plaza Mayor. 

La cuestión es que a los periodistas les piden dos años y seis meses de prisión, pena que, de confirmarse en el juzgado de lo penal, acarrearía ingreso en prisión. ¿Por qué? Pues porque el contenido de las conversaciones lo obtuvieron de forma supuestamente ilícita. Obviamente, cuando estamos hablando de crimen organizado, o de turbias relaciones con el mundo de la política, que al periodista que lo cuenta se le ponga semejante espada de Damocles sobre la cabeza parece desproporcionado. Sin embargo, todo cambia un poco a la luz de la experiencia: todo delito tiene un arco de penas; en ausencia de atenuantes y agravantes, se suele ir a una petición intermedia. Eso no implica que el juez, en la sentencia, tenga que aceptar la petición de la acusación como única vara de medir. Opera como máximo, no puede condenar a más de lo que se le pide, pero evidentemente puede condenar a menos. Sobre todo, si se tienen en cuenta las circunstancias del caso.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? De repente, a la gente le resulta inconcebible que un periodista tenga límites en el ejercicio de su trabajo, como tienen todas las demás profesiones del mundo. Al parecer, el Código Penal no rige para los sagrados garantes de la libertad de información. En realidad, hace algunas décadas hubo bastantes fricciones entre prensa y tribunales, hasta que se generó una jurisprudencia que ha venido operando como marco de referencia, más allá de la estricta letra de las leyes procesales.

Porque, cuando uno estudia Derecho, le enseñan que las diligencias de instrucción tienen el carácter de reservadas. Es decir, que sólo son accesibles para las partes del procedimiento. Y sin embargo, en este país no es que se filtren fragmentos de declaraciones, es que pueden ustedes alquilar, en vídeo bajo demanda, una película cuyo guión es la declaración judicial de un imputado, cuando no sólo no hay sentencia sobre ese asunto, sino que ni siquiera se ha llegado a la fase de juicio oral. Es más, hasta que el FBI le bajó la persiana al servicio Megaupload, cualquiera podía descargarse, en siete archivos PDF, los 65 tomos del expediente conocido como “caso Gürtel”. Imagino que ahora estarán en BitTorrent. 

¿Como es posible? Pues porque no es lo mismo que las actuaciones sean reservadas, que sean declaradas secretas. En este último caso, ni siquiera los abogados tienen acceso a la documentación procesal, tan sólo el juez y el fiscal. 

El Código Penal reconoce esta diferencia, y sólo castiga las filtraciones procesales cuando se trate de una causa bajo secreto, en el artículo 466. 

¿Significa eso que todo está permitido en lo que se refiere a la publicación de las tripas de los procesos judiciales en curso? Pues en realidad, no. Los empleados públicos tienen el ya mencionado deber de reserva, por lo que cualquier trabajador de los juzgados y fiscalías, desde el funcionario de auxilio que empuja el carrito de llevar las causas, hasta el presidente del Supremo, tienen prohibido hablar de aquellos asuntos de los que conozcan en el ejercicio de su labor profesional. Al menos, hasta que haya recaído sentencia firme y sean de público conocimiento. Si lo hacen, podrían incurrir en responsabilidad disciplinaria, aunque no penal.

Pero, por supuesto, esta cautela no se aplica a los abogados particulares, ni a sus clientes. Por lo tanto, una vez que un asunto deja de ser secreto, cuando las defensas y las acusaciones tienen acceso al contenido de las diligencias de instrucción, aunque formalmente no haya la misma publicidad que en el momento de empezar el juicio (cuando el funcionario sale a la puerta y da la voz de “audiencia pública”), en la práctica da lo mismo.

Además, de un tiempo a esta parte, con todo el asunto este de la transparencia, las oficinas de prensa de los órganos judiciales publican resoluciones de todo tipo, y hasta grabaciones de las vistas en fase de instrucción. De verdad que no termina de entrarme en la cabeza, pero es lo que hay.

Pero en este caso no estamos hablando de material proporcionado por vía oficial, ni al que haya tenido acceso una acusación particular. De hecho, ni siquiera parece que el juzgado haya tenido algo que ver. Si leen a Pedro Agueda en este artículo, fíjense en el interesante séptimo párrafo: la frasecita que menciona al tesorero del PP se consideró tan irrelevante a los efectos de la investigación, que no se incluyó en las transcripciones parciales enviadas por la Guardia Civil al juzgado. O sea, que a lo que han tenido acceso los periodistas es a las grabaciones originales.

Esto, sinceramente, va un paso más allá de los límites explorados hasta ahora. La intervención de comunicaciones telefónicas es una diligencia de las más gravosas para los derechos fundamentales de la ciudadanía. De hecho, cuando aparecen noticias sobre los desarrollos tecnológicos de los distintos gobiernos para hacer más eficaces estas intervenciones, mucha gente pone el grito en el cielo. Vamos, que SITEL es poco menos que Voldemort, aquel cuyo nombre no se pronuncia. 

Lo que no termino de entender es que, si esto es algo tan terrible, se admita como perfectamente normal que dos periodistas, dos extraños al procedimiento, puedan tener acceso a algo tan sagrado, y airearlo públicamente. Sencillamente, no le veo la lógica al asunto.

Si seguimos la cronología del caso, simplemente tirando de hemeroteca, vemos que la “Operación Tarantela” se explotó, en argot policial, el 8 de julio de 2014. Sin embargo, el 11 de julio, los dos periodistas ya habían tenido tiempo de oírse las grabaciones (que, en estos casos, suelen ser cientos de horas de conversaciones aparentemente intrascendentes) y sacar el artículo en portada. ¿En sólo tres días? ¿En serio? Es posible que, en el momento de publicarse la noticia, la causa no fuera secreta. Para evitar posibles alegaciones de nulidad de actuaciones por indefensión, la práctica habitual es levantar el secreto de actuaciones una vez que se han realizado las detenciones y los registros domiciliarios. Pero igual resulta que cuando se accedió al contenido de las conversaciones, que es cuando se consuma el delito, sí que había secreto.

No obstante, resulta prácticamente imposible conocer el origen de una filtración, no sólo por la gran cantidad de funcionarios de todo rango que pasan a lo largo de una instrucción judicial de varios años, sino porque la jurisprudencia siempre ha avalado el secreto profesional de los periodistas, como ya contamos en su día. Parte indisoluble de este secreto es la confidencialidad de las fuentes, lo que no significa que no se pueda averiguar la identidad de las mismas, como he leído por ahí, sino que los periodistas no pueden ser forzados a revelarlas, que es bien distinto. Esto no es igual que el secreto de las conversaciones abogado-cliente. Al letrado le ampara el secreto profesional, pero al cliente le protege el derecho de defensa, que es todavía más amplio. La fuente periodística no tiene esa consideración, por lo que, si bien el periodista no puede ser obligado bajo amenaza de sanción a revelar su identidad, ésta puede ser averiguada por otros medios. Sobre todo, si se sospecha que ha cometido un delito.

Aquí, el juzgado central de instrucción lo intentó en su día, aunque parece que sin éxito. Y por cierto, da igual que no fuera competente por razón de la materia: mientras se dilucida la competencia, el juzgado que tiene conocimiento de los hechos tiene que adoptar todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los mismos. Es de primero de cuestiones de competencia.

Por eso no se nos habla de ninguna acusación por vulneración del secreto de sumario. Como ya les expliqué en su día, al hilo de los mails de Blesa, ese es un delito de los llamados “de propia mano”, que sólo puede cometerse por quien está obligado a custodiar las actuaciones.

El delito por el que se formula acusación es contra la intimidad: la de los dos ciudadanos cuyas conversaciones fueron intervenidas y grabadas por la policía, la única que estaba autorizada a tomar conocimiento del contenido de las mismas para trasladárselo al órgano judicial.

¿Estoy diciendo que los periodistas van a ser condenados? No tan rápido. Creo que este asunto tiene mucha enjundia en lo puramente jurídico, en cuestiones de elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, que es más cuestión de una sesuda publicación especializada que de este blog de trinchera. Lo que sí está claro es que, tanto ha ido el cántaro periodístico a la fuente judicial, que se ha roto.

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