eldiario.es

Síguenos:

Boletines

Boletines

Menú

Montesquieu está pixelado

Me van a disculpar que me aparte de la más rabiosa actualidad judicial, que este fin de semana queda un poco descafeinada con las elecciones petando los titulares y trending topics, y el batacazo de Eurovisión ocupando lo que queda.

Hoy vamos a hablar de entresijos informáticos del mundillo de las togas, o más bien, de lo que no son entresijos porque, de momento, pertenece al terreno de la ciencia ficción. 

- PUBLICIDAD -

Como saben, hay en marcha en este país un proceso que se llama de  “informatización de la Justicia”, que al parecer consiste en poner ordenadores en todas las mesas de los funcionarios. Vamos, algo similar al programa de informatización de las aulas, que consistía en comprar una carretada de netbooks con Windows para alumnos de primaria, sin una idea clara de qué hacer con ellos.

Bueno, no seamos tan exagerados. Lo cierto es que, detrás de un PC “capado” hasta el hartazgo en cada escritorio de cada funcionario de la Administración de Justicia, hay un poderoso esfuerzo de gestionar esa máquina de generar información que son los tribunales. En ese sentido, la inversión en bases de datos que almacenen y manejen los datos procesales es considerable.

El problema es el de aquel anuncio de neumáticos, cuyo eslogan rezaba que “la potencia, sin control, no sirve de nada”. Pues eso. Mucha pasta invertida a tontas y a locas. Que, como decían mis adorados Les Luthiers, esas son las más fáciles. Créanme, el chiste heteropatriarcal y neurotípico tiene su sentido en este contexto: ese desastre de coordinación y optimización de recursos que se conoce como Estado de las Autonomías hace que gran parte de la inversión caiga en saco roto. Gran parte del esfuerzo perdido y de las investigaciones cegadas por falta de datos actualizados se van por el mismo agujero, por cierto.

Así que hay ordenadores, sí. Y poderosas bases de datos, también. Eso ya estaba técnicamente disponible en los años ochenta del pasado siglo. Sin embargo, buena parte del aumento de potencia de computación y avance de los sistema operativos en las últimas décadas se ha dirigido a la facilidad de uso, a los entornos gráficos y amigables, que son claves para un uso eficaz de estos medios informáticos por personas que no están habituados a ellos, ni tienen formación técnica en la materia. Todo eso nos lo hemos perdido en la Administración de Justicia. Nuestro interfaz de usuario más habitual es de la época en que Mario Bros. era el no va más de los videojuegos, y WordPerfect 5.0 el colmo de los avances en ofimática.

Sin embargo, esto es materia ya de sobra conocida por quienes están habituados a las cuitas jurídicas, en este y otros blogs sobre la materia. Lo que me lleva a escribir hoy estas líneas es un artículo que me encontré la semana pasada:  éste.

Resulta que, desde 2013, existe un mecanismo telemático que permite que el Cuerpo Nacional de Policia envíe directamente denuncias y atestados desde las comisarías a los juzgados, a través del Punto Neutro Judicial. Y desde esta fecha, dicha valiosísima herramienta lleva en barbecho, sin utilizar, por una lamentable mezcla de malentendidos en las altas instancias, y la falta de detalles formales y burocráticos por cumplimentar. Como dice un abogado que conozco, en este país se fusila poco. 

Me parece terrible. Lo de la noticia, no lo de los fusilamientos. Porque uno de los mayores frenos a la agilización de la Justicia, vía la actualización tecnológica de sus medios materiales al momento en que vivimos, es ése.

La oficina judicial sin papel es una vieja y utópica aspiración: la posibilidad de dejar en el olvido esa lamentable imagen de gruesos legajos, de aspecto ruinoso, sujetos con grapas y una goma, que atestan los archivadores de juzgados y tribunales. Manejar todo este volumen de información a través de medios informáticos daría una agilidad muchísimo mayor a las actuaciones.

El problema del expediente electrónico es que sólo queda como documento electrónico lo que ha sido generado por los propios sistemas de la Administración de Justicia. Es decir, al margen de las declaraciones de imputados y testigos, y de las resoluciones de calado, una miríada de pequeñas resoluciones de trámite, como citar a tal o cual persona. Esas notificaciones por triplicado, cuadruplicado o centuplicado, que atiborran los expedientes y los hacen engordar hasta extremos que desafían a la imaginación. Como mucho, en aquellos lugares donde funciona el sistema Lexnet, y siempre que uno pase por el aro de los requisitos que nos impone cierta multinacional de cuyo nombre no quiero acordarme, en cuanto a sistema operativo, navegador y demás, podrán incorporarse los escritos de los abogados. 

Sin embargo, el grueso de muchos (la inmensa mayoría) de los expedientes judiciales incorpora una gran variedad de diligencias policiales, desde declaración de agentes a atestados que recogen denuncias, informes técnicos y también dictámenes periciales de las unidades especializadas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Aledaños. Todo ese material se genera a través de dispositivos informáticos, pues la maquina de escribir en el cuartelillo de la Guardia Civil es ya, felizmente, una reminiscencia del pasado en casi todas partes. Dispositivos, además, propiedad de las Administraciones Públicas, que generalmente tienen unas características comunes que les harían perfectamente compatibles e interoperables con los sistemas de Justicia.

Nada de esto sucede. El último vestigio de la separación de poderes que ideó Montesquieu, como garantía de un Estado de Derecho, hoy en día es digital: las aplicaciones y sistemas de Interior y Justicia están radicalmente separadas entre sí. Es más, en algunos cuerpos policiales, la aplicación usada para los atestados no tiene ni una triste opción de exportar a PDF, para poder enviarlo por correo electrónico y realizar la correlativa importación en el juzgado o fiscalía de destino. Así que el expediente electrónico, a día de hoy, es algo bastante irrelevante, pues la chicha del procedimiento suele estar en formato papel.

En alguna ocasión que se ha tocado este tema por aquí, algún comentarista me sacaba el asunto de la digitalización de documentos en papel. Y es cierto que existe esa posibilidad, pero es inaplicable de forma masiva en la práctica por dos razones.

La primera es de tamaño. Los documentos pasados por el escáner se convierten en imágenes fotográficas, y a nada que se pretenda dotarles de una resolución decente, empiezan a pesar bastante. Un folio es una cosa. Doscientos folios son otra. Cincuenta mil folios empieza a ser un volumen de datos considerable. Cuando se levantó el secreto de actuaciones para el caso Gürtel, y aparecieron los tomos digitalizados, los periodistas que los descargaron ya dieron fe de que cada archivo (entiendo que compuesto por varios tomos cada uno) ocupaba varios gigabytes. Pero si multiplicamos esa cantidad por números de cuatro cifras, los que reflejan la cantidad de diligencias previas incoadas en un solo año en un juzgado de instrucción de capital, y luego elevamos por el número de juzgados repartidos por la geografía española, nos vamos dando cuenta de la magnitud del problema. Repartir pendrives con el sumario de los ERE escaneado a las distintas defensas y acusaciones personadas es un bonito detalle de cara a la galería, sobre todo porque evita el apocalipsis de papel y tóner del que ya hablamos en su día. Pero no es generalizable sin más.

La segunda es de funcionalidad. Sobre un documento escrito y digitalizado como imagen fotográfica no se pueden realizar búsquedas de palabras, copiar párrafos, ni ninguna de esas cosas tan útiles que se pueden hacer con los archivos de texto. No se puede reescalar la letra en función del tipo de pantalla usada para leerlos, pues no es lo mismo un PC de escritorio que una tableta, y la opción de ampliar la imagen convierte la lectura de cientos o miles de folios en una pequeña tortura para la vista.

Para estos dos problemas, hay quien propone la aplicación de OCR (reconocimiento óptico de caracteres, convertir a texto las imagenes de esos documentos). Pero hay dos inconvenientes que hacen poco viable esta solución. Uno es de orden jurídico, pues un documento convertido mediante OCR, técnicamente, no es el original, ni una copia del original, sino la interpretación que una máquina hace del original. Es un documento distinto. Es una transcripción.

El segundo inconveniente es de calidad del resultado: para que la conversión de imagen a texto sea óptima, la calidad de la fuente de origen tiene que ser muy buena, y aun así se producen errores. Errores que no son aceptables en sede judicial. Si uno lee una novela de tema náutico, que el ordenador cambie “atracar un barco” por “atracar un banco” puede ser risible. En un procedimiento legal, esa diferencia puede transformar una maniobra marítima en un delito de robo con violencia.

- PUBLICIDAD -

Comentar

Enviar comentario

Enviar Comentario

Comentarios

Ordenar por: Relevancia | Fecha