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Obediencia y legitimidad

Cuanto más veo como nuestro sistema se descompone, víctima de la podredumbre que lo corroe por dentro, más me acuerdo de la escena final de "El planeta de los simios". Si algo me resulta más despreciable que el ansia de enriquecimiento que mueve a los corruptos, es el daño irreparable que le están haciendo a la legitimidad de un sistema entero.

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Imaginen el siguiente panorama:

Un matrimonio compuesto por nacional y extranjero, con hijos menores de edad, termina en divorcio. Acuden a los tribunales, y se determina el régimen de custodia de las criaturas. Habida cuenta del origen foráneo de uno de los progenitores, que implica riesgo de sustracción, el juez determina que los menores no pueden abandonar territorio nacional sin autorización judicial. Sin embargo, y aprovechando uno de los periodos de estancia con él, el progenitor extranjero coge a los críos, los mete en un avión y se va a su país de origen. El nacional del país acude a la Justicia, denuncia la situación, y obtiene una resolución judicial que ordena el retorno inmediato de los niños al país.

¿Les resulta familiar la situación? Hace algunos años se vivieron situaciones como esta, en la que padres y madres, indistintamente, denunciaban que sus hijos habían sido raptados por el otro miembro de la pareja, que se los había llevado al país de origen. Lugares como Pakistán, Guinea o Nigeria, que producen escalofríos al pensar en sus condiciones socioeconómicas. Una ola de solidaridad acompañó a esos padres y madres privados de la compañía de sus hijos. El Gobierno modificó la legislación, tanto la civil, como la penal, endureciendo así las condiciones para evitar estas situaciones, cuanto las sanciones en caso de incumplimiento.

Sin embargo, basta que la tortilla dé la vuelta para que la opinión pública cambie radicalmente. Hace escasas fechas se han producido dos casos que lo ejemplifican perfectamente: madre española, casada con extranjero, portugués y mexicano, respectivamente, que coge a los niños y se vuelve para la madre patria sin permiso judicial.

No soy quien para intentar analizar los pormenores de asuntos judiciales en marcha en países cuya legislación no conozco, y menos todavía sin tener acceso al texto completo de las resoluciones. Sin embargo, la legislación española es muy clara respecto a la ejecución de resoluciones extranjeras, de países respecto de los que existen convenios de cooperación judicial, e incluso si no existen, siempre que haya reciprocidad: el juez español no puede entrar en el fondo del asunto; si la resolución extranjera ha sido dictada en determinadas condiciones, debe ser cumplida.

Lo que me llama la atención es la respuesta de los afectados. En un Estado de Derecho ideal, los ciudadanos perjudicados por la decisión judicial la acatarían, o en su caso, la combatirían por medios igualmente jurídicos. Sin embargo, ambos casos han sido noticiosos por la razón contraria, los perjudicados se han encastillado, resistiendo con todas sus fuerzas el cumplimiento de la ley. En el caso de los niños de Mexico, la Guardia Civil tuvo que arrancarlos, literalmente, de brazos de su madre, quien no dudó en enfrentarse a golpes a los agentes uniformados. En el asunto con Portugal, la madre se encerró en su domicilio durante más de un mes, hasta que el juez la obligó a entregarlos. Había que oír al abuelo materno de los niños los improperios que soltaba contra el juez español.

La Justicia es siempre una de las instituciones peor valoradas del país en cada oleada de encuestas. Es lógico, pues se trata de un servicio público que, por sistema, deja descontento al menos al 50% de los usuarios, pues todo juicio termina con alguien a quien favorece la resolución, y alguien a quien perjudica.

Sin embargo, a medida que el sistema surgido de la Transición se desmorona, a medida que las instituciones quedan desprestigiadas por el uso bastardo que se ha hecho de ellas, la gente va perdiendo la percepción de legitimidad que emana del ordenamiento jurídico, y por ende, su respeto a las normas.

No nos engañemos, un sistema jurídico funciona en base a dos premisas: la primera es el temor a las consecuencias desfavorables de contravenir las leyes, pero la segunda es el convencimiento de que esas son justas y se aplican justamente. Según este segundo presupuesto va desapareciendo, el sistema queda cojo. La pata que se basa en la represión y el monopolio de la fuerza por parte del Estado no tiene energía suficiente para sostener el tinglado, ni en las dictaduras más sanguinarias.

Y eso que, lo que es fuerza, se está empleando bastante. Desde los desahucios forzosos de gente que no ha podido seguir pagando la hipoteca, a los desalojos de plazas ocupadas tras el 15M, la gente se sigue empeñando en desobedecer las leyes que considera injustas, por muchos porrazos que reciba.

Frente a ello, el Gobierno ya ha preparado una reforma del Código Penal que va a criminalizar hasta el acto de golpear la porra de un antidisturbios con la cabeza, pero no creo que sirva para contener esta marea de deslegitimación. Resulta curioso que el actual ocupante de la cartera de Justicia sea un exitoso opositor a la carrera fiscal, porque parece ignorar las enseñanzas de los manuales de Derecho Penal de las oposiciones. En ellos, al repasar la historia de nuestra legislación sancionadora, se suele reparar en la reforma de 1850 como una excepción en nuestra evolución normativa: resumiendo, diremos que, a la vista de las convulsiones sociales y políticas de la época, se endurecieron las penas que castigaban los delitos contra el Estado, y se llegó a prescindir de principios esenciales como el de legalidad y el de seguridad jurídica. ¿Sirvió para evitar la caída del régimen, unos años después? No.

Por lo visto, eso de que la Historia se repite, la primera vez como tragedia, y la segunda como farsa, sigue siendo una ley universal.

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