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Parafraseando al Tenorio

Dice un pasaje de la obra del inmortal Zorrilla: "Yo a las cabañas bajé, yo a los palacios subí". Hoy seguiremos inverso itinerario, desde las alturas del señorial edificio de la calle Marques de la Ensenada, sede del Consejo General del Poder Judicial, a la injustamente ocupada celda de una prisión.

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Esta semana me he topado con dos noticias que creo definen bastante bien las fronteras de la sensación de hastío y derrota que los profesionales de la Justicia sienten de un tiempo a esta parte, sobre todo los que están en el barro de la trinchera diaria. Y ambas tienen que ver con cosas de las que les llevo hablando desde que empecé a dar la matraca en este rincón de la web.

La primera me retrotrae a la mordaza que la Transición quiso imponer a los jueces, pero también a la postura de éstos sobre la modalidad de protesta ciudadana bautizada como escrache. Como saben, su máxima autoridad institucional es el presidente del Consejo General del Poder Judicial. Esta persona reúne dos cargos en uno, pues además de dirigir el llamado “gobierno de los jueces” (el que decide sobre ascensos, destinos, régimen disciplinario y demás), preside el Tribunal Supremo, la cabeza del organigrama judicial español. Es decir, aunque no pertenezca a la carrera judicial, pasa a ser juez.

Como tal, un juez no puede emitir prácticamente opinión alguna con relevancia política, pues al menor desliz puede incurrir en responsabilidad disciplinaria. Pero ello sólo ocurre cuando esa opinión se expresa enarbolando dicha condición de juez. Cuando se quita ese sombrero y se pone otro, como puede ser el de representante de una asociación profesional de jueces, la cosa cambia. El presidente del Supremo, por esta doble condición intrínseca a su cargo, es de los que puede hablar con mayor libertad, ya que ejerce la representación unipersonal de toda la carrera judicial.

Y en esta representación, el presidente ha dicho que los escraches, siempre que se lleven a cabo sin violencia o intimidación, no son más que una expresión de la libertad de reunión y manifestación que consagra nuestra Constitución.

Al segundo siguiente, un cargo subalterno del PP, una medianía llamada Rafael Hernando, le ha exigido una rectificación. Paladeen las palabras despacio: “exigido” y “rectificación”. No es la primera vez que este diputado atenta contra la independencia judicial, criticando la interpretación jurídica de un magistrado, porque se trata del mismo elemento que llamó “pijo ácrata” al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 1, Santiago Pedraz, por archivar las diligencias instruidas como consecuencia de la iniciativa “25-S, Rodea el Congreso”. Es ciertamente preocupante que un acta de diputado conceda carta blanca para decir cualquier barbaridad sobre un juez, así que imagínense si el sujeto en cuestión es capaz de hacer restallar el látigo para que quien se pliegue sea la máxima autoridad del tercer poder del Estado. Aunque lo realmente preocupante es que un hombre con semejantes deficiencias de comprensión lectora, incapaz de digerir correctamente el sintagma “la convenida decadencia de la clase política”, sea uno de los encargados de aprobar normas de rango legislativo. Así salen las leyes como salen.

Y esto, el chanante estado de nuestra legislación, me lleva a la segunda noticia. Resulta que, en 2010, un grupo de ciudadanos canarios bastante enfadados se manifestaron frente a unas instalaciones de la Guardia Civil. Como precaución, la Benemérita estableció un cordón de seguridad. Estando los agentes allí plantados, un cabo que no participaba en el operativo se presentó allí y comenzó a largar órdenes. A uno de los guardias que estaban allí soportando el chaparrón, se le hincharon las narices y, tocándole en el hombro, le dijo que se apartara y le dejara trabajar. Cosas muchísimo peores se las sueltan funcionarios subalternos a sus superiores todos los días, y aquí no pasa nada. Sin embargo, el Instituto Armado es un cuerpo militar, y aunque ejerza funciones policiales, se rige por el Código Penal Militar.

Así que el asunto no acabó ahí. Hubo denuncia del superior. Se abrió un procedimiento. No uno disciplinario, no. Causa por delito contra la superioridad. Insulto al mando, nada menos, en su modalidad de maltrato de obra. Desde que estudiaba la carrera, había oído auténticas burradas sobre la normativa sancionadora castrense, hasta el punto que se puede decir de su Justicia, respecto de la ordinaria, lo mismo que de la inteligencia y de la música. Pero lo de poner a un pozo bajo arresto, por las lesiones causadas a un soldado que cayó por él, queda en anécdota al lado de esto. Porque el guardia civil fue condenado. La sentencia, recurrida en su día, ha sido confirmada por el tribunal de apelación correspondiente, y se ha transformado en firme, ejecutoria. Y aquí es donde el despropósito alcanza la categoría de delirio.

Todos los días veo delincuentes del más variado pelaje que eluden las rejas de la prisión en base a los intrincados vericuetos de la ejecución de las resoluciones judiciales. Suspensión de condena, sustitución por multa, por trabajos en beneficio de la comunidad, son mecanismos que juegan como carta del Monopoly, y les libran de la cárcel. Con antecedentes penales y sin ellos, con dinero para pagar los mejores abogados, o defendidos por abogados de oficio que las pasan canutas para llegar a cobrar. Por delitos con penas de seis meses, de dos años, e incluso de bastante más, cuando empezamos a tirar de las toxicomanías. Ladrones, maltratadores, traficantes de droga, pedófilos... hasta los homicidas llegan a eludir la prisión en circunstancias concretas. Pero un agente de la ley que cumplía sus funciones, y que simplemente le dijo a un suboficial tocapelotas que dejara de tocarle las pelotas, ha ingresado esta semana en prisión. Por una condena de tres meses de prisión. Sin antecedentes.

Así que pueden dejar de leer aquí, si son sensibles a las palabras gruesas. Porque si Tonino Carotone se cagaba en el amor, hoy y aquí, este humilde servidor de la Justicia lo hace con la Ley, el Estado de Derecho, y el copón de Bullas, si hace falta. Yo no prometí guardar y hacer guardar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico para esto.

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