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Postureo judicial

¿Qué le pasa al fiscal? El fiscal no pregunta. El fiscal no está en el juzgado. El fiscal se opone a la prisión provisional. Los letrados se rasgan las vestiduras y ponen denuncias, en una actuación cara a la galería que sólo engaña a quienes no están versados en la práctica del Derecho. 

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¿Qué pasa con el fiscal? Esta ha sido la pregunta que flotaba en el ambiente en un par de causas de plena actualidad periodística esta última semana.

La primera ha sido el interrogatorio por el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 a algunos de los empresarios citados a declarar como imputados en la investigación abierta a raíz de la aparición de los llamados “papeles de Bárcenas”. En dicho acto, el fiscal, para pasmo y sorpresa de algunos de los abogados presentes, no ha formulado una sola pregunta. Sorpresa y pasmo que, por usar el término de moda en Twitter, me parecen puro postureo.

La segunda ha sido la “comparecencia del 505” del caso Blesa, nombre técnico que recibe el acto procesal en el que las partes solicitan al juez instructor que adopte la medida cautelar de prisión provisional. Aquí, el postureo de los abogados roza lo calumnioso, ya que ha incluido una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Desconozco el grado de precisión técnica de la noticia que les enlazo, pero si es cierto que han “recusado” al fiscal, igual tienen que pasar por el Colegio de Abogados a devolver el título. Porque al fiscal no se le puede recusar.

Como diría Jack El Destripador, vayamos por partes. El caso Bárcenas, por ejemplo. La gente le atribuye una importancia desmesurada a la primera declaración del imputado, entre otras cosas, porque ese paseíllo hasta la entrada de la Audiencia Nacional da mucho morbo. Pero supone desconocer el significado procesal del acto en sí. Como ya he repetido en más de una ocasión, la primera citación al imputado no es más que la oportunidad que el Estado de Derecho le da a una persona, sobre la que recaen sospechas de criminalidad, de poder articular su defensa. Y también es un requisito indispensable para que el proceso pueda avanzar hasta una fase mucho más decisiva: la acusación y el juicio oral.

La relevancia probatoria de la declaración del imputado en fase de instrucción es muy, muy, muy relativa. La verdadera prueba, como se encargan de recalcar los abogados defensores (sobre todo cuando les conviene) es la que se practica en el acto del juicio. El imputado, no lo olvidemos, tiene derecho a callarse, a no decir ni pío, o a escoger a quién contesta y a quién no. Puede incluso mentir, sin consecuencias jurídicas. En el juicio es harina de otro costal, ya que después de haberse retratado en su declaración, al acusado se le puede dejar en evidencia con la declaración de los testigos, con el examen de los peritos o con la lectura de documentos. Pero en instrucción, no.

Además, hasta este momento, el protagonismo lo sigue teniendo el juez de instrucción, que abre el turno de preguntas. Los instructores de los Centrales de la Audiencia Nacional son profesionales concienzudos, exhaustivos, y tienen objetivos procesales muy parecidos a los que podría tener un fiscal instructor: hacer avanzar la investigación y no ralentizarla con preguntas impertinentes (las que no guardan relación con el caso) o absurdas. Así pues, es muy frecuente que el turno de preguntas del juez cubra todas las que podría haber planteado el fiscal. Y, muy importante, como este no tiene que lucirse ante ningún cliente que pague la minuta, no tiene por qué marear la perdiz ni alargar el trámite más de lo necesario. No pasa nada. Porque lo verdaderamente importante llegará en el momento del juicio oral, cuando el juez de lo penal, o el tribunal de la Audiencia, no abran el baile, sino que tengan que estar como los que miran al mus. O sea, callados, al menos, hasta que terminen las partes. Ahí es cuando el fiscal realmente tiene que ejercer su papel y demostrar su valía.

Respecto al caso Blesa, pues qué quieren que les diga. Estamos hablando de una acusación popular ejercida por una entidad a cuyos abogados, en ocasiones, les tienen que enseñar a hacer su trabajo. La cuestión es que el Ministerio Fiscal se rige no solo por el famoso criterio de dependencia jerárquica, que tanto juego da en la prensa, sino también por el de imparcialidad. Así que, cuando entiende que lo que pide una acusación particular, o popular, es una barbaridad, pues tiene que oponerse.

¿Sucede esto con los hechos del caso Blesa? Pues nadie lo sabe, porque todavía hemos visto muy poco de la función. Lo que sí sé, porque lo he leído, es que el auto que acuerda la medida de prisión provisional gasta mucha tinta en considerar acreditados los hechos, casi diez folios, pero bastante poca en razonar la necesidad y proporcionalidad de encerrar, sin haber sido juzgado, a una persona sin antecedentes penales, y con arraigo más que suficiente. Con media página lo despacha. Curiosamente, el juez tiene abierto un expediente disciplinario, precisamente, por no motivar suficientemente sus resoluciones.

También dice la acusación popular, que el fiscal “falta al respeto” al juez instructor, al no acudir al juzgado y tener que ser “requerida su presencia física”. Para los que no sepan derecho procesal penal, les diré que las unicas presencias indispensables en el juzgado de instrucción son las del juez, el secretario, el imputado y su abogado. El fiscal no tiene por qué estar, y de hecho, su presencia continua en el juzgado no haría más que ralentizar el funcionamiento de la Fiscalía.

Además, a diferencia del juez, que es insustituible, los miembros del Ministerio Fiscal son perfectamente reemplazables unos por otros, y es lo más habitual que el fiscal asignado al juzgado de instrucción, y que emite el escrito de acusación, no sea el mismo que acude al juicio. Sí que suele suceder así en las causas de enjundia, las de gran complejidad o con hechos de especial gravedad. Ahora bien, además de por falta de motivación, el juez titular del Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid también tiene abierto otro expediente disciplinario por falta de consideración en el trato hacia sus subordinados y hacia los fiscales. Resulta curioso que a una entidad que dice ser un sindicato de funcionarios, esta cuestión no le merezca la menor atención.

Así que requerir, lo que se dice requerir, la presencia del fiscal no se requiere, no es legalmente obligatoria, más que en el caso de la comparecencia para pedir la prisión provisional, la que regula el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y hasta donde nos ha llegado por la prensa, el fiscal estuvo cuando se le llamó y actuó según su criterio profesional. Que a ciertos abogados no les guste, eso ya es otra historia.

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