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Es recurrente. Cada vez que un medio de comunicación decide hacer sangre con el colectivo judicial, invariablemente, aparecen "otras ocupaciones" como motivo favorito de escarnio. En esta ocasión, ha saltado la liebre con el " asesoramiento" de ciertos jueces, fiscales y secretarios judiciales a la empresa Indra.

¿Por qué me molesta esta fijación con el pluriempleo judicial? Por el churrimerinismo en el que se cae, una y otra vez, mezclando el régimen de incompatibilidades con otras hierbas.

Vamos a acudir a la lógica más elemental, a ver si conseguimos explicar este embrollo de los asesoramientos, las primas y demás mediante un silogismo.

Premisa mayor: el régimen de incompatibilidades de jueces y fiscales es uno de los más restrictivos y severos de toda la función pública. Aun así, tiene excepciones. Acogerse a estas excepciones es legal, es ético y no se pueden pedir explicaciones sobre lo que estos funcionarios hacen con su tiempo libre. Punto. Eso no es negociable.

Premisa menor: incumplir este régimen, o el de abstención y recusación (que también tiene lo suyo, créanme), es sancionable, y debe ser sancionado. Eso tampoco es negociable.

Conclusión: será escandaloso, y una noticia de interés público, que un juez o un fiscal se salgan de las excepciones que tienen permitidas, o cuando no respete el deber de abstención. El resto es demagogia y marear la perdiz.

Ahora, desarrollemos la cuestión.

El artículo 389 de la Ley Orgánica del Poder Judicial contiene el régimen de incompatibilidades. Por resumírselo, la LOPJ declara que no se puede simultanear con la condición de juez el ejercicio de cualquier tipo de empleo o cargo público, ni con un puesto de trabajo en la empresa privada, ni siquiera con hacerse autónomo. La idea es evitar que dos factores interfieran con la labor judicial: por un lado, un poder añadido al que da la toga, y por eso se proscribe ocupar cargos públicos o ejercer jurisdicciones ajenas al Poder Judicial (por ejemplo, para ser magistrado del Tribunal Constitucional, un juez queda en situación de excedencia forzosa); por otro lado, una relación de dependencia con otros pagadores que le distraiga de su deber de imparcialidad, como podría ser el ejercicio de la abogacía.

Sin embargo, hay ocasiones en que las obligaciones y los derechos entran en colisión, y la norma jurídica debe hacer prevalecer unas u otros. Es el caso de derechos fundamentales como el de creación literaria, científica o artística, o la libertad de cátedra, que están protegidos por el artículo 20 de la Constitución. 

En congruencia con estos derechos, se establece una de las pocas, poquitas, excepciones que contempla este régimen: escribir artículos en prensa, ensayos sobre la cría del berberecho salvaje en cautividad o novelas de ciencia-ficción, entran dentro de lo permitido a los jueces. También la docencia y la investigación. Y, en consecuencia, está igualmente admitido cobrar por estas actividades. Así que, por favor, olviden esa patraña de que "un juez no puede cobrar de una empresa privada".

Si un juez escribe un libro, sea poesía dadaísta o un sesudo estudio sobre derecho procesal, y se lo vende a una editorial, cobra por ello. Si un fiscal da clases por la tarde en una facultad de Derecho de una universidad privada, o imparte conferencias en diversos foros académicos, cobra por ello. No hay nada escandaloso, ilegal o poco ético en ello. Y el que diga lo contrario, o no sabe de lo que habla, o tiene algún interés oculto en desacreditar a alguien.

Cuestión distinta es que, en el posterior desarrollo de su función jurisdiccional, ese juez que en sus ratos libres ejerce de escritor, profesor o conferenciante, se encuentre, como una de las partes de un litigio que le compete, a la empresa o particular que le pagan por esas otras ocupaciones. Aquí interviene el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que regula supuestos como "tener interés directo o indirecto en el pleito" o "haber desempeñado empleo o profesión con ocasión de los cuales haya participado […] en el asunto objeto del pleito". Esta norma obliga, al juez que vea comprometida su imparcialidad, a apartarse del juicio en cuestión. 

Por otra parte, está el tema de las funciones no jurisdiccionales de algunos jueces. Verbigracia, los jueces decanos deben ejercer funciones directivas y administrativas en los juzgados en los que prestan servicio, velando por que los medios materiales y humanos estén en condiciones.

El progresivo proceso de informatización de la Justicia, que es lento, caótico y exasperante, pero existe, plantea este tipo de funciones no jurisdiccionales en otro plano. Las empresas que desarrollan las aplicaciones informáticas que se van a poner al servicio de la Administración de Justicia no pueden ir a ciegas. No pueden diseñar un programa que dé servicio a un juzgado de guardia, por poner un ejemplo, sin conocer las necesidades y peculiaridades de un órgano de este tipo. Si hay que preparar un modelo de documento para un auto de prisión provisional, con el encabezamiento y la cita de las disposiciones legales necesarias para justificarlo, lo lógico será que un juez de instrucción explique a los informáticos el qué y el cómo. 

Lo cierto es que este trabajo, que supone una extensión de las funciones jurisdiccionales, le supone un ahorro de tiempo y dinero a la empresa que ejecuta el encargo, y por extensión, a la Administración que paga las facturas. Y resulta hasta cierto punto injusto que ese ahorro salga de las costillas de quienes hacen el trabajo, y que lo hagan gratis. Que ha sucedido, ojo.

El problema es la ejecución chapucera, y el follón competencial que montan las comunidades autónomas. Porque si se pide a ciertos jueces, fiscales y secretarios que realicen un trabajo que entra dentro de sus competencias, pero supone una extensión no justificada de sus obligaciones, y se exige que esto sea remunerado, lo lógico es que se pague a través de sus nóminas, como un plus. 

El problema es que las nóminas de los jueces las abona el Consejo General del Poder Judicial, y las de fiscales y secretarios, el Ministerio de Justicia. Pero en este caso, la administración involucrada era la Comunidad Autónoma de Madrid, que es quien tiene el convenio con la empresa que ejecuta el encargo. ¿Qué hacer? ¿Un convenio a tres bandas, entre CGPJ, Comunidad de Madrid e Indra? Demasiado papeleo, debió de pensar alguien. Así que en lugar de eso, parece que se abonaron directamente las cantidades mediante transferencia desde la empresa pagadora a las cuentas de los implicados.

Una chapuza typical spanish, que además deja a los pies de los caballos a los que hicieron el curro, cuando el oprobio y el descrédito debieran ser para quienes diseñaron este sistema retributivo de Pepe Gotera y Otilio.

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