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¿Quo vadis, Doctrina Parot?

Me parece exagerado decir que todos los afectados por la doctrina Parot se vayan a beneficiar automáticamente de una sentencia de Estrasburgo, pues el recurso parece centrado en la aplicación de la susodicha tesis a penados a los que ya se les había practicado una refundición previa.

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Imagínense que, de pronto, una reforma del Código Penal considera delito llevar barba. Indudablemente, algunos miembros de la redacción de este medio tendrían serios problemas con la Justicia. Pero vayamos más lejos: imaginen que esta sanción penal trata de alcanzar incluso a quienes se la hayan afeitado para cumplir con la nueva norma. Sería castigar una conducta producida en el pasado, cuando no era delito, con arreglo a una norma del presente. Imagino que les parecerá una barbaridad, y perdón por el juego de palabras. En esto, reducido al absurdo, consiste la prohibición de retroactividad del Derecho Penal, uno de los principios básicos de cualquier Estado de Derecho.

La normativa sobre delitos y faltas que regía durante las primeras décadas de nuestra democracia era notablemente blandita en sus penas. Es lógico, porque en tiempos del dictador, había “soluciones” más definitivas (y bestias) para los crímenes mayores: la pena de muerte. Eliminada la pena capital del ámbito de la Justicia ordinaria con la Constitución de 1978, el sistema quedó cojo, a la espera de un texto legal de nueva factura, que fuera más acorde con las necesidades de un régimen democrático. No obstante, y a pesar de la aplastante mayoría que sostuvo al Gobierno de Felipe González durante cuatro legislaturas, nuestro legislador se lo tomó con calma, y hasta 1995 no tuvo preparado el pomposamente llamado “Código Penal de la Democracia”.

Esta pachorra legislativa tuvo el “pequeño” inconveniente que les he comentado más arriba: la prohibición de retroactividad impedía usar el nuevo Código para los delitos cometidos con anterioridad a su entrada en vigor, por lo que quedaron sometidos a la mutilada normativa franquista. ¿Y en que consistían las diferencias? Vamos a verlo.

Para empezar, estaba la cuestión de la acumulación aritmética. Por simplificar, y sin meternos en la compleja figura de los concursos, cuando un mismo sujeto cometía varios hechos penalmente ilícitos, y posteriormente era juzgado por todos ellos en un sólo procedimiento, o en varios, lo lógico era que le cayeran encima varias condenas, tantas como delitos, en una o en varias sentencias. Las penas de prisión no pueden ser cumplidas de forma simultánea, a no ser que uno lo haga en universos paralelos, así que la norma era, y es, el cumplimiento sucesivo: una detrás de la otra. No obstante, esto podría dar lugar a resultados injustos, como que un condenado por múltiples robos sin violencia acabara pagando con más años que un homicida, lo que hubiera atentado contra el principio de proporcionalidad. Por ello, se establecieron dos límites: sólo se cumpliría el triple de la pena más grave, y este máximo no podría pasar de treinta años.

Estos límites, que parecen bastante razonables, y que siguen más o menos vigentes, se vieron modificados por otras dos instituciones: la redención de un día de condena por cada dos de trabajo en prisión, y la libertad condicional una vez cumplidas tres cuartas partes de condena. La primera, pensada para premiar a aquellos internos que efectivamente trabajasen, terminó por configurarse como un derecho de todo penado, aunque no hubiese podido trabajar de forma efectiva; combinada con la segunda, condujo a reducciones drásticas del tiempo efectivo en prisión. ¿Resultado? Reos múltiples, por crímenes horrendos, que salían de prisión a los pocos años de haber sido sentenciados.

OJO: en ningún sitio ponía que los beneficios penitenciarios de libertad condicional y trabajo en prisión tuvieran que aplicarse en base a esa cifra limitada de treinta años, pero en la práctica se hizo siempre así.

Como esto no gustaba nada en la calle, el Código de 1995 cambió el panorama. Para empezar, eliminó la redención de penas por trabajo. A continuación, estableció que en casos de varios delitos con fuertes condenas de prisión, los beneficios penitenciarios subsistentes, como la libertad condicional, se contasen sobre cada delito por separado. Así, el condenado por tres asesinatos a tres penas de veinte años, obtendría la libertad condicional al cumplir las tres cuartas partes de cada una de sus condenas. Es decir, al cumplir quince años de cada una. Como eso da un total de cuarenta y cinco años, cumple treinta como máximo. Pero las cumple hasta el último día.

Y en eso llegó Henri Parot, sanguinario terrorista condenado por múltiples asesinatos, que sumaban miles de años de prisión. El 2 de abril de 1990 había cometido su última fechoría, por lo que no se le podía aplicar el Código de 1995. Con la suma de redención de penas por trabajo y libertad condicional a las tres cuartas partes de condena, sobre un máximo teórico de treinta años, su salida de prisión estaba próxima en el año 2005, así que su defensa pidió la refundición de condenas. La Fiscalía de la Audiencia Nacional dijo que no tan rápido, que Parot había cometido asesinatos durante dos periodos de tiempo bien delimitados, el primero hasta 1982, y el segundo a partir de 1984, y que lo había hecho en dos comandos distintos. Por lo tanto, debía de aplicarse la refundición de condenas a dos lotes separados, dando lugar a dos periodos de treinta años. La Sección 1ª de la Audiencia Nacional dio el visto bueno.

Pero el Tribunal Supremo dijo que ni hablar, que Parot había sido juzgado por todos sus delitos una vez capturado, por lo que debía realizarse una única refundición. Hasta aquí, todo normal.

Y ahora es donde viene el truco de prestidigitador. Los magistrados de la Sala 2ª se subieron al DeLorean y se fueron al 24 de mayo de 1996, al día antes de la entrada en vigor del Código de 1995 (que se publicó el 24 de noviembre, pero quedó en suspenso seis meses). Y elaboraron la sentencia, en apariencia, como si el Código de 1995 no existiera. Apenas lo mencionan. Pero cual Marty McFly que viene del futuro, está claro que lo tuvieron muy presente, porque los razonamientos jurídicos de la sentencia fueron reconstruyendo, en forma de resolución judicial, las razones que llevaron al legislador a la reforma del 95. Y consideraron, como les dije más arriba, que en ningún sitio decía el Código Penal del 73 que los beneficios de condena debieran aplicarse sobre el total de cumplimiento; que nunca estuvo prohibido que se aplicasen sobre cada una de las condenas. Simplemente, a nadie se le había ocurrido hacerlo de forma distinta, hasta que se les ocurrió aplicar el viejo truco del Príncipe de Bel-Air.

Así, en un doble salto mortal con tirabuzón, la Sala 2ª del Supremo estimó el recurso de casación de la defensa de Henry Parot, revocando el auto de la Audiencia Nacional, y estableció el máximo de cumplimiento en un único periodo de treinta años... que se cumpliría hasta el último día, finalizando en 2020. Es decir, le dieron la razón... para perjudicarle.

El resto es historia. Una vez descubierta la fórmula magistral, se ha aplicado mecánicamente a todo tipo de criminales multirreincidentes condenados por hechos anteriores a 1995. El problema es que se ha aplicado a reos que ya habían obtenido la refundición de condenas antes de febrero de 2006, como la etarra Inés del Río, volviendo a hacer el cálculo de nuevo. Esto sí que parece una aplicación retroactiva en toda regla, y por ello el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le dio un tirón de orejas a España, en 1ª instancia, el 10 de julio de 2012. Ese fallo fue recurrido por nuestro país ante la Gran Sala, la máxima instancia del TEDH, y la resolución del recurso está al caer. Es muy probable que se confirme la primera decisión, pues por lo que he podido ver del primer fallo, me parece que en Estrasburgo no captan las sutilezas del Alto Tribunal español. Eso sí, me parece exagerado decir que todos los afectados por la doctrina Parot se vayan a beneficiar automáticamente de ello, pues el recurso parece centrado en la aplicación de la susodicha tesis a penados a los que ya se les había practicado una refundición previa. Puedo equivocarme, por supuesto, y cabe que el Tribunal aproveche para darle un revolcón a toda la interpretación jurisprudencial nacida de la sentencia de febrero de 2006, pero algo me dice que vamos a oír hablar de este asunto una y otra vez, de forma recurrente, como si fuera la versión jurídica de la sonda Voyager y su salida del Sistema Solar.

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