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Quousque tandem abutere...

La frase completa, traducida del latín, viene a decir: "¿Hasta cuando, Catilina, abusarás de nuestra paciencia?", y es de Marco Tulio Cicerón, uno de los mejores oradores de la Historia

Los juegos de palabras con el apellido del titular de la cartera de Justicia, por lo tanto, vienen a la mente casi sin proponérselo. Sobre todo, después de los sobresaltos de los últimos días con su proyecto estrella

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Estatua dorada que representa a la justicia, en Brujas (Bélgica)

Estatua dorada que representa a la justicia

En las dos últimas semanas estoy pasándome un poco con los latinajos a la hora de titular mis entradas en este blog. Precisamente, el abuso de esta especie de conjuros en la lengua de los romanos es una de las cosas que más aleja al público en general del mundo del Derecho. Pero es que hay situaciones que disparan resortes ocultos en el cerebro de un jurista, y la que está siendo noticia en los últimos días es para nota.

Pensaba hablarles esta semana, una vez más, del nefasto artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, introducido por nuestro protagonista en una reforma titulada, no sé si pomposa o sarcásticamente, "para la agilización procesal". Precisamente, iba a usar como título otra legendaria sentencia latina, en este caso, de Catón el Viejo: "Delenda est Carthago", Cartago debe ser destruída, pero sustituyendo el nombre de la capital púnica (caramba, qué coincidencia, como dirían Les Luthiers) por el precepto legal que nos trae por la calle de la amargura.

Efectivamente, hace más de dos años que comencé a avisarles de los nefastos efectos que tendría la entonces anunciada reforma. El tiempo ha demostrado que me quedaba corto, pues no sólo favorece el archivo de causas peliagudas, a pesar de sus complejidades y prórrogas, sino que está desgastando física y mentalmente a los profesionales del Derecho que se ven obligados a lidiar con ella. Cual Sísifo arrastrando la roca ladera arriba, para observar como rueda hacia abajo nada más coronar la cumbre, los jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia se ven obligados a revisar una y otra vez los procedimientos. Primero, antes de que pasen los seis meses, para pedir la oportuna complejidad. Después, a los dieciocho, para solicitar la prórroga. Y así, mes tras mes, perdiendo el tiempo miserablemente en rellenar informes burocráticos, que no tienen otro efecto práctico que robarles tiempo de trabajo. Trabajo que, no lo olvidemos, tienen que seguir sacando a paladas, a riesgo de su propia salud. 

Para la Fiscalía, bueno, para los fiscales de tropa, la situación es especialmente dramática, ya que ignorando las enseñanzas de Spiderman, se les ha encargado una gran responsabilidad, pero a cambio no se les ha dado el poder necesario para hacerlo: deben controlar que los plazos no caduquen, pero la batuta de la instrucción la siguen llevando unos juzgados sobre los que, como no puede ser de otra manera, no tienen la menor facultad de dirección. Es como pretender poner a conducir un vehículo a alguien que va sentado en el asiento de atrás, sin forma humana de llegar al volante, no hablemos de los pedales o la palanca de cambios.

¿Sirve todo esto para algo? ¿Agiliza en algo la tramitación de las causas? Ni mucho menos. Tal y como se planteó la reforma, a "coste cero", sin un céntimo de inversión adicional, los medios personales y materiales siguen siendo los que eran. Hablábamos hace dos semanas de cómo andábamos en la vida real, y no en la calle de la Piruleta, del barrio de la Gominola, sede de este  Ministerio de Magia que pretende semejante sortilegio. En realidad, la necesidad de resolver sobre el planteamiento de que una causa es compleja o no, como todo, requiere una resolución judicial. Resolución susceptible de ser recurrida hasta en dos instancias. Así que ahí tienen un nuevo factor de retraso adicional. 

Pero todo esto entraba dentro de lo normal, en esa anormalidad permanente en la que vivimos instalados de unos años a esta parte. Hasta que ayer, como diría Jose Mª García, estalló la bomba informativa: LexNET tiene un boquete de seguridad, de los que te hacen suspender primero de diseño de páginas web. Un agujero que, por resumir, ha dejado expuestos miles y miles de casos judiciales. No se trata de que cualquiera pueda conectarse a Internet y entrar hasta la cocina, como ha precisado Sergio Carrasco, sólo cualquier usuario registrado de la plataforma. Al menos, con esta vulnerabilidad concreta. A saber cuántas más oculta.

A ver si lo explico en pocas palabras: 

Es usted un abogado colegiado, y tiene su tarjeta de firma electrónica para usar LexNET. Cuando se conecta al sistema, a través de un navegador, teclea la dirección en la caja de texto correspondiente. Accede a una pantalla inicial en la que le piden que se autentique, para lo que tendrá que insertar la tarjeta y teclear su contraseña. Si las credenciales que trata de usar no son correctas, el sistema no le permite el acceso. Por el contrario, si lo hace como mandan los cánones, entrará a su carpeta privada. En ella, dispone del material que envía y recibe del juzgado. Notificación de autos y sentencias, envío de escritos, presentación de pruebas… De todo.

Si vuelve a mirar en la caja de la dirección, verá que ésta se ha hecho considerablemente más larga, porque ahora lleva incorporada su ID de usuario. Si el sistema está bien diseñado, y usted trata de hacer el viejo truco de cambiar su propia ID por la de otro usuario distinto, no cuela. El problema es que ha colado. Bastaba con sustituir en el navegador la ID del abogado registrado por la de cualquier otro, para acceder a su carpeta privada. O sea, para curiosear en el secreto profesional de la competencia, vamos.

El Ministerio ha sacado una nota de prensa, en la que dicen que no es para tanto, que no se hubiera podido acceder a nada confidencial, y que circulen, que aquí no hay nada que ver, como dice Sergio Carrasco en Twitter.

José Muelas, decano del colegio de abogados de Cartagena, que fue quien avisó del problema, niega la mayor, afirma que el acceso era completo, y que dispone de evidencias que lo confirman. Y menos mal que no ha ido a mayores. Porque les recuerdo que el plan es conectar absolutamente todo a este engendro tecnológico, incluyendo los juzgados y fiscalías. ¿Diligencias secretas? Ahí lo llevas.

Ahora, en serio, ¿podemos creer algo del resto de la nota de prensa? Bueno, para empezar, a 27 de julio afirman que la incidencia se ha resuelto en sólo cinco horas. Ejem. 

También dicen que el robusto sistema del Ministerio de Justicia resistió los malvados virus "Wannacry" y "Petya". Eso es como decir que la selección española de fútbol es la mejor del mundo, porque nunca ha perdido un partido contra Roger Federer. Sí, el jugador de tenis. O sea, demagogia barata, nivel Aliexpress.

Así pues, ¿debemos también creer que el registro del sistema hubiera almacenado rastros de cualquier acceso no autorizado? ¿En serio? 

Podría seguir despotricando durante horas, añadiendo las sabias advertencias de Javier de la Cueva, quien lleva una maldita década clamando contra este despropósito tecnológico, y terminó denunciándolo ante la  Comisión Europea

Me bastará terminar con la reflexión de que, en cualquier país medianamente serio, el responsable último de semejantes trapacerías ya se hubiera ido para su casa. Y de nuevo, esto no son palabras mías, son de la Unión Progresista de Fiscales:

Pero, recuerden, esto es España.

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