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Razones de un abandono

Esta semana he leído un estudio sobre el abandono del procedimiento por parte de las víctimas de violencia de género. ¿De qué estamos hablando?

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No termino de entender muy bien las conclusiones del estudio del Instituto Andaluz de la Mujer y la Universidad de Sevilla. Ni siquiera las razones de dicho trabajo. A ver si me explico: desde un punto de vista estrictamente procesal, que la víctima de un delito perseguible de oficio “abandone” el procedimiento, renunciando a sus acciones, es irrelevante. De hecho, en los casos de homicidio, la víctima no está para perseguir a nadie. Pero el fiscal tiene como obligación continuar con el ejercicio de las acciones penales hasta sus últimas consecuencias. Y créanme, damas y caballeros, las consignas de la Fiscalía de Violencia de Género, en ese sentido, son dignas del Che Guevara: ni un paso atrás, ni para tomar impulso. No se retira acusación, salvo supuesto excepcional; se recurre sistemáticamente un posible sobreseimiento, y se piden siempre penas altas.

Lo que no entiendo es la cantidad de  absoluciones y sobreseimientos que se ven en estos casos. Porque existe una consolidada doctrina del Tribunal Supremo sobre aquellos delitos en los que el único testigo suele ser la víctima, ya que se cometen en la intimidad del hogar: si el testigo es persistente en su incriminación (no se desdice), coherente en su declaración (no incurre en contradicciones) y carece de incredibilidad subjetiva (no tiene motivos espurios para denunciar, como obtener una mejor posición en un proceso civil de divorcio, ya incoado a la fecha de la denuncia), su testimonio vale como prueba de cargo para enervar la presunción de inocencia y obtener una sentencia condenatoria.

Bueno, en realidad sí que lo entiendo. Sólo existe una razón que explique la inmensa mayoría de los supuestos: el abyecto artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Viajemos un poco en el tiempo. Como saben, nuestra norma procesal data de 1882, con ocasionales parches para tratar asuntos de últimas tecnologías, como las intervenciones telefónicas, en 1988, apenas un siglo después de la invención de Graham Bell (atención: sarcasmo). En dichas épocas, y con el movimiento feminista ni siquiera en embrión, el regusto a patriarcado que destilaban las normas legales era tremendo. Así que se asumió, como algo completamente normal, que una esposa no podía faltar al deber de lealtad conyugal y ser obligada a declarar contra su marido, cuando éste estaba siendo investigado o juzgado por un delito. Por supuesto, ni se contemplaba que la esposa fuera la víctima del delito, como sucede en otras legislaciones, ya que el concepto de violencia de género ni se imaginaba.

Recuerden que, por aquellas épocas, matar a la parienta no era un homicidio normal, sino que se conocía como "uxoricidio por adulterio", y no conllevaba pena de prisión, sólo de destierro. Las lesiones ni siquiera estaban penadas en caso de cuernos flagrantes. 

De hecho, y superada esta ominosa época, una de las razones de ser de una regulación como la de la Ley Integral de Medidas de Protección contra la Violencia de Género, fue evitar la dispersión de un único supuesto de agresiones en un contexto de dominación machista, en múltiples procedimientos menores, juicios de faltas y demás, que nunca llegaban a una condena contundente contra el agresor.

El problema es que, con la batería de medidas y recursos, tanto materiales como personales, que se desplegó con semejante reforma legislativa, a nadie se le ocurrió reformar el artículo 416 LECr.

Y sí, es un problema, porque la interpretación lógica que los tribunales hacen de dicho artículo, da lugar a situaciones aberrantes. Veamos un caso prototipo, completamente ficticio en cuanto a nombres y circunstancias concretas, pero perfectamente realista.

María, mujer sin estudios superiores ni empleo, madre de dos hijos, casada con Pedro, trabajador no cualificado, una mala bestia que la golpea por costumbre. Un día, la tunda acostumbrada se sale de lo habitual, y María acaba en el hospital con fractura nasal y varias costillas rotas. El centro médico activa el protocolo de violencia y da parte al Juzgado. Se incoan diligencias previas por delito, se ordena la citación del sospechoso, en paradero desconocido, y la Fiscalía solicita una medida de alejamiento cautelar del artículo 544 bis, que se puede adoptar inaudita parte, o sea, sin presencia del imputado.

La víctima, tras recibir el alta hospitalaria, es citada a declarar. Una vez en el juzgado, y asesorada por un letrado del turno especial de oficio para asistencia a víctimas de violencia doméstica, presta declaración y cuenta su historia. Se ordena el alejamiento del agresor, a 300 metros de la persona y domicilio de la agredida, durante la tramitación de la causa.

La juez (no es lenguaje inclusivo, sino pura estadística, la proporción de mujeres en las carreras judicial y fiscal empieza a superar ampliamente a la de hombres) ordena que la mujer sea derivada al Servicio de Asistencia a las Víctimas, que se le dé cita para ser reconocida por el médico forense, y se ordena la detención del sospechoso.

Finalmente, el agresor es encontrado por la policía, y se le lleva a presencia judicial. Allí, la medida cautelar del 544 bis se transforma en orden de protección del 544 ter, que incluye medidas civiles, como la obligación del imputado de pasar una pensión de alimentos a los hijos comunes, y establece un régimen de visitas con los mismos de carácter restringido, a través de un Punto de Encuentro Neutral, bajo supervisión de los técnicos del centro.

Sin embargo, la ausencia hace el olvido, y la mujer empieza a echar en falta a su pareja de toda la vida. Los golpes sanan, y la dependencia emocional hace su catastrófica labor. Primera señal de alarma: la mujer se niega a acudir al médico forense. El parte médico de urgencias queda convertido en un mero documento sin valor, pues el forense no puede emitir un informe pericial en condiciones. Puede realizar un informe “a la vista de la documentación médica”, pero no va a servir de mucho.

La fiscal de violencia emite su escrito de calificación, y se pasa la causa al abogado de violencia que atendió a la agredida en su primera comparecencia. Segunda señal de alarma: la mujer no llegó a personarse en la causa como parte, y ahora no quiere que su abogado acuse.

El verdadero “Houston, tenemos un problema” llega el día del juicio. Con la única acusación del Ministerio Público (o sea, la fiscal), el acusado se acoge a su derecho constitucional de no declarar. Llega la mujer, y se acoge al artículo 416, que también le dispensa de declarar. No hay más testigos. No hay pericial forense, o si la hay, se ha hecho sobre un documento, sin examen directo de la agredida. La declaración de la mujer en fase de instrucción no puede incorporarse al procedimiento, porque su negativa expresa en el acto del juicio invalida lo realizado en instrucción, según la jurisprudencia. La prueba forense queda coja, no basta por sí misma para fundamentar una sentencia condenatoria.

En ausencia de pruebas suficientes, la sentencia sólo puede ser absolutoria. La estadística de Fiscalía General del Estado habla de sólo unos pocos cientos de retiradas de acusación por razón del artículo 416, pero la realidad al margen de las frías cifras es otra: un buen número de fiscales, en la práctica, mantienen la acusación, aunque sepan que no hay mucho que rascar. Y no lo hay. Tras un procedimiento que ha movilizado todos los resortes del Estado, la sola voluntad puntual de la mujer agredida, condicionada por años de dominación, da al traste con todo.

Ojo, eso no significa que sea culpa de la víctima que el agresor quede impune, ni yo insinúo tal cosa. Demasiado ha sufrido para que encima le echemos sobre la espalda una carga que no es suya.  

La culpa es del propio Estado, porque la solución era bien sencilla: una simple reforma del artículo 416, que incluyera un apartado específico para las víctimas de un delito cometido por sus propios cónyuges. Con esa reforma, el testimonio de María en el juzgado de instrucción hubiera valido como prueba preconstituida, y unido a los informes médicos, bastado para una sentencia condenatoria.

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