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Reflexionando, que es gerundio

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Para cuando lean estas líneas, habremos dejado atrás jornadas de reflexión, fiestas de la democracia y demás, las Elecciones Generales 2015 serán cuestión finiquitada, y estaremos en plena época de pactos.

Como resumen de lo sucedido hasta ahora, creo que lo dicho por un buen amigo desde su exilio canadiense lo expresa de forma tan concisa como lúcida:

Como no es cosa de quejarse porque sí, durante la jornada de reflexión opté por leerme la parte dedicada a Justicia de los programas electorales de las principales formaciones, aprovechando que un compañero se tomó el trabajo de subirlas a un foro. O sea, lo que es reflexionar a base de bien.

Créanme, las tribulaciones de Barbijaputa y Edu Galán, mitin tras mitin, que han podido leer en este mismo medio, han sido una broma en comparación con la diarrea mental que uno puede sufrir tras semejante atracón. 

¿Las conclusiones? En las dos grandes formaciones del bipartidismo tradicional, mucho marketing y poca chicha, un saco de buenas intenciones sin rastro de propuestas concretas, tangibles. En las siglas emergentes, alguna propuesta atinada, fruto de contactos con juristas de solera que hayan asesorado sobre la cuestión, mezclada con auténticos dislates. Sobre todo en lo referente a la futura organización interna del Poder Judicial y de la Fiscalía. En esto, Ciudadanos se lleva la palma, con un desdoblamiento de personalidad que no hay quien lo entienda, proponiendo una cosa y la contraria apenas con un párrafo de separación. 

Ahora bien, puede que nada de esto sirva para nada, pues si no se consigue la investidura de un presidente de Gobierno en el plazo de dos meses desde el primer intento, habrá que repetir todo el tinglado.

Así las cosas, he decidido ponerme el mundo por montera, y ofrecerles una serie de propuestas, que pueden servir para un programa de cara a futuras elecciones, o como guía de actuación para un hipotético gobierno de consenso. ¿Que nadie me va a hacer ni caso? Ya lo sé, pero de fantasía también se vive. No en vano se presentan partidos a las elecciones teniendo bien claro que no tienen ni una opción de escaño, y aun así el cabeza de lista figura como “candidato a la Presidencia del Gobierno”. Eso es ilusión, y no la de los que juegan a la Lotería Nacional.

En general, y volviendo a lo que nos ocupa, los desaciertos a la hora de formular propuestas se deben al desconocimiento de como funciona por dentro la institución que se pretende regular. Ojo, se puede ser un docto catedrático, o un abogado de bien ganado prestigio, y no tener ni puñetera idea de las cuitas internas de los juzgados, o de las vicisitudes profesionales de los jueces. Y el problema es que eso no lo soluciona la santificada voluntad popular emanada de las urnas. 

Un principio de actuación aceptable sería que hacer todo lo contrario que Gallardón es #bien. Pero como hay que concretar un poco más, comenzaremos por la cúspide de la pirámide jerárquica, el Consejo General del Poder Judicial. 

En ese sentido, considero que el diseño original de nuestra Carta Magna es bastante acertado: un porcentaje de vocales procede de la propia carrera judicial, y otro tanto son juristas elegidos por las Cortes. ¿Cual fue la razón de este diseño? Bueno, si alguien tiene que “gobernar” una institución como el Poder Judicial, lo lógico es que provenga de dentro, que sepa lo que está haciendo. Ahora bien, dejarlo todo en manos de una especie de autarquía de jueces supone crear un espacio ajeno a la voluntad popular, lo que no resulta aceptable. Por eso, un cupo de vocales elegidos por el legislativo, el genuino órgano de expresión de la soberanía popular, resultaba una excelente forma de compensar ese indeseado efecto.

Sin embargo, al PSOE de los primeros gobiernos de Felipe González le desagradaba profundamente ese modelo, y se encargó de dinamitarlo desde la base, con aquella legendaria y lamentable frase de Alfonso Guerra sobre enterrar a Montesquieu: en la redacción de la Ley Orgánica de la cosa, promulgada en 1985, los doce vocales de la Carrera Judicial dejaron de ser elegidos por los propios jueces, y pasaron a ser también de designación parlamentaria. De esa manera, la única diferencia entre unos vocales y otros sería su procedencia profesional, no su forma de elección. 

La idea era democratizar por completo la institución, someterla completamente a la voluntad popular. En serio. No se rían. Porque de aquellos polvos vienen estos lodos: con la ínfima categoría como estadistas que han demostrado los componentes de nuestra clase política, un CGPJ completamente controlado por las Cortes pronto se alejó de la Arcadia democrática que soñaba sus muñidores. Al contrario, ha degenerado en un mero reparto de cuotas de poltrona entre los partidos con representación parlamentaria, que ha terminado por contaminar políticamente todo nombramiento para un tribunal de cierta relevancia. Si antes de enterrar al filósofo francés se hubieran preocupado de estudiarlo, hubieran caído en la cuenta de que ése era un efecto perfectamente predecible: la separación de poderes no es un capricho de aristócrata resabiado, sino una precaución para evitar la perniciosa hipertrofia de uno de los tres poderes del Estado, a base de establecer contrapesos y equilibrios entre los mismos. 

Si entendemos que la Justicia emana del pueblo, parece lógico que haya cierto elemento democrático y participativo en la elección del presidente y los miembros del CGPJ, pero la elección directa de éstos a través de votación popular no me parece buena idea. De hecho, me parece apagar un incendio a base de gasolina: incrementaría el efecto de politización de los vocales del Consejo, sin ninguna contrapartida positiva.

Sinceramente, ¿alguien se imagina viendo un debate entre candidatos, sobre su postura acerca de los jueces de adscripción temporal, o cómo regularían los baremos de carga de trabajo? A diferencia del Legislativo y el Ejecutivo, al Poder Judicial no le compete trazar grandes líneas de actuación ni dirigir la política del país, sino que debe resolver problemas muy concretos, de carácter bastante técnico. No hay sitio para soflamas.

Por otro lado, en este mundo que nos ha tocado vivir no hay posibilidad realista de ganar unas elecciones sin una maquinaria propagandística detrás, y eso equivale a introducir partidos políticos, o sucedáneos de los mismos, en el hipotético proceso electoral. O sea, mayor politización del CGPJ, que es precisamente lo que tratábamos de evitar, ¿no?.

Así pues, la idea sería volver al modelo original, con doce vocales elegidos por los propios jueces y magistrados, en circunscripción electoral única, y ocho seleccionados por las Cortes Generales. 

Una vez tratado el tema de las alturas jerárquicas, habría que ir a la base, a un sistema de selección y acceso a las carreras judicial y fiscal que viene pidiendo un recambio desde hace décadas. La oposición libre, tal y como está concebida hoy en día, supone un filtro socioeconómico con bastante poco de democrático: exige tantos años de preparación y dedicación exclusiva, que sólo puede ser afrontada por gente con respaldo familiar suficiente para aguantar varios años sin ninguna fuente de ingresos propia. Pero es que, además, el puro ejercicio memorístico como criterio de selección es algo absurdo, a la par que altamente perjudicial para la psique de los futuros jueces y fiscales. Se lo dice alguien que ha pasado por esa criba brutal, y que la ha superado. Mi preparador de oposiciones solía usar una frase lapidaria: “Esto es como tirar una pared de ladrillos a cabezazos; puede que lo consigas, pero nadie te garantiza cómo te va a quedar la cabeza”. A mí, personalmente, me gusta ilustrarlo con un sketch de Faemino y Cansado:

-¿Que estás haciendo?

-Estoy estudiando la guía telefónica.

-Hala, ¿de memoria?

-No, que va, comprendiéndola…

Al final, forzar las meninges en almacenar una cantidad ingente de preceptos, de los que muchos no se van a poner en práctica jamás, y que se convierten en basura a la que el legislador perpetra un par de reformas, es absurdo. Pregunten a los opositores que han tenido que afrontar la traca final de modificaciones normativas de la pasada legislatura.

Mucho mejor nos iría con un modelo como el portugués: una prueba selectiva inicial, para regular el acceso a la Escuela Judicial, y que a partir de ahí empezase la verdadera oposición. Una en la que se tuvieran que demostrar capacidades al margen de las memorísticas, como la forma de motivar una resolución, y aprender disciplinas como la lógica o la psicología del testimonio, que aun siendo ajenas al estudio del Derecho, tienen mucho que ver con su práctica.

En fin, quedan otras muchas grandes cuestiones por tratar, pero como pueden imaginar, esto va para largo. Permanezcan en sintonía.

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