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¡Satán Es Mi Legislador!

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Catalá: Proceso judicial dirá origen lícito o ilícito del patrimonio de Rato

Catalá, ministro de Justicia, y Montoro en el Congreso.

El título del artículo hace referencia a una página llamada Satán Es Mi Señor, dedicada la arquitectura y el urbanismo contemporáneos, a esos que “hacen de nuestras vidas un infierno”.

Pues bien, queridos encofrades, parece que el Vajhísimo ha decidido aparcar el hormigón por una temporada, y dedicarse al BOE. Porque la legislación motorizada que se ha puesto en marcha en los últimos meses de esta legislatura parece que tiene exactamente esa finalidad.

Y no me refiero sólo a los efectos restrictivos de las libertades individuales y colectivas que se han puesto de manifiesto con las reformas de Código Penal, Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana y demás, esas que se han bautizado colectivamente como “Ley Mordaza”. Va más allá.

Los profesionales del Derecho, desde el colectivo de abogados al último funcionario público adscrito a la Administración de Justicia, están que trinan, y no es para menos. Un pequeño resumen, para ponernos en materia, sería este tuit de la abogada Paloma Llaneza:

Ley de Enjuiciamiento Criminal, Código Penal, Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y del Procedimiento Administrativo Común... la lista es prácticamente inabarcable. Y si la lista lo es, imagínense el contenido. Cuando estudié la carrera, allá por el Pleistoceno, se decía del Derecho administrativo español que era prácticamente imposible que cualquier operador jurídico llegase a conocer más que una mínima parte de la normativa aplicable: entre legislación estatal, autonómica, normativa municipal, reglamentos, reales decretos y demás, la fiabilidad de los conocimientos de un jurista dependía de la potencia de sus bases de datos, no de su memoria.

Eso, en sí mismo, no habla precisamente bien de nuestro sistema de Derecho. Pero cuando ese mismo efecto se predica del tronco mismo de nuestro ordenamiento, de las normas básicas, que han sido puestas patas arriba en un arranque de hiperactividad legislativa, la cosa empieza a adquirir tintes preocupantes. 

En fin, al final es cuestión de echarle horas al estudio del asunto. Aunque la conciliación de la vida profesional y familiar sea un unicornio rosa, o que para tener algo de vida al margen del trabajo se vayan a necesitar días de 36 horas. Aunque el estrés se haya reconocido finalmente como factor de riesgo para la salud de los currantes del Derecho, porque ya ha habido más de un infarto y más de un fallecido por esta causa.

Sin embargo, cuando la misma aplicación práctica de esa catarata normativa deviene imposible, por establecer requisitos absolutamente impracticables y no dotar de medios a quien está en el barro de la trinchera, ya no es sólo cuestión de machacar al personal, es que se pone en solfa el mismo principio de seguridad jurídica. Para muestra, el botón de un tuit:

No me gusta repetirme, así que no volveré a enumerar los múltiples problemas que va a generar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La verdad, no se puede decir que nos pille de sorpresa: jamás he presumido de dotes proféticas, pero lo cierto es que ya les hablé de ello en diciembre del año pasado. Nada ha cambiado desde entonces, como no sea a peor.

No obstante, semejante batería de reformas ayuda a esconder algunas perlas que, puestas en contexto práctico, resultan una auténtica carga de profundidad. Esta misma semana, me llamó la atención un mensaje retuiteado por uno de mis contactos en la red social del pajarito:

Al principio, concluí que el autor no sabía muy bien de qué estaba hablando. Y lo cierto, es que el mensaje, en su tenor literal, induce bastante a la confusión. Sin embargo, si se desgrana y analiza un poco, resulta bastante alarmante. Vamos con ello.

Resulta que, en una de estas reformas en bloque, la de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se ha colado una disposición final, la primera, que modifica el artículo 1964 del Código Civil, uno de los que regulan la prescripción de las acciones civiles. Sí, la misma de la que hablábamos la semana pasada, al hilo del juicio de la Talidomida.

En esta ocasión se trata de la prescripción de las acciones personales que no tengan plazo especial. Hasta esa reforma, el plazo de prescripción era de quince años, pero con esta modificación se recorta a cinco. ¿Y en qué influye esto? Además de en otras muchas cosas, que no son de mi campo de acción, en una muy importante: la fecha en la que deja de poder exigirse la indemnización por las víctimas y perjudicados de un delito, aunque haya condena.

Verán, una vez que hay sentencia firme condenando por la comisión de un delito, si éste ha originado daños y perjuicios, se declara la obligación del culpable de responder por los mismos, lo que se conoce como responsabilidad civil. La sentencia debe recoger el contenido de la indemnización, y al alcanzar firmeza, cuando no cabe recurso, nace un derecho a exigir la pasta. Ese derecho sigue vivo, aunque el reo resulte ser insolvente, en previsión de que mejore de fortuna. Porque muchos delincuentes condenados, sobre todo aquellos que deben devolver el dinero fruto de sus lucrativos crímenes, resultan sospechosamente insolventes cuando se les va a buscar patrimonio. Sin embargo, deben tener mucho cuidado en no demostrar signos de capacidad económica, porque a la que empieza la ostentación, alguien puede reclamar que paguen con todo lo que tengan en ese momento.

Con la normativa vigente hasta esta reforma, el plazo durante el que chorizos y corruptos se veían obligados a disimular su patrimonio era de quince años. Ahora se recorta a cinco. ¿Hace falta hacer bromas sobre la rima fácil?

Porque, una vez más, los perjudicados somos todos. Basta con que se oculten las trapacerías financieras durante un lustro, para que se pueda disponer del fruto del delito. Para que luego digan que el crimen no compensa…

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