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Secretos e intimidades

El hecho de que los correos de Blesa estén incorporados a unas diligencias judiciales no implica que hayan dejado de estar en los servidores de Bankia. Por lo que podrían provenir de un whistleblower dentro de la entidad bancaria. Y a la mierda la tesis de la filtración judicial.

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En estos últimos días, han aparecido en la prensa varios de los correos electrónicos escritos por un alto directivo de una entidad financiera, desde su cuenta corporativa. Estos correos fueron incorporados a una causa judicial abierta por hechos relacionados con el mal gobierno de dicha entidad, aunque luego fue revocada la resolución judicial que lo ordenó. El fiscal superior de Madrid ha presentado un escrito en el que, considerando dicha difusión como reveladora de delitos contra la intimidad y la Administración de Justicia, ordena deducción de testimonio. En roman paladino: que el juzgado correspondiente indague si, al margen de su parecer, en esto hay algún delito, y quiénes son sus responsables.

Esto ha causado el lógico revuelo, pues parece un caso más de "matar al mensajero": en un asunto en el que parece que un banquero la ha liado parda, la investigación se dirige contra quienes airean los mensajes en los que se fraguó la catástrofe financiera. Así, el director de este medio, Ignacio Escolar, ha escrito un artículo en defensa de la labor del periodista, que es informar sobre un caso de extraordinaria relevancia. Sin embargo, no caigamos en el mismo error, ni carguemos demasiado las tintas contra el fiscal, pues si leemos atentamente el contenido de su escrito, veremos que se limita a cumplir lo que le pide  el magistrado instructor de la causa contra el juez Silva. Es decir, no es una ocurrencia espontánea del fiscal, sino que obedece a una petición judicial previa, en una providencia de 23 de diciembre de 2013. Que su interpretación jurídica sea discutible, es harina de otro costal.

Porque, al margen de vicisitudes procesales y de las posturas ideológicas de uno y otro bando, el asunto es suficientemente complejo desde un punto de vista jurídico-penal, como para merecer un detallado análisis. 

¿Cuáles son los delitos que enumera el fiscal en su escrito? Pues un delito contra la intimidad, tipificado en el artículo 197.4, y un delito de infidelidad en la custodia de documentos, tipificado en los artículos 413 a 418, todos ellos del Código Penal.

El artículo 197.4 castiga al que difunda hechos, datos o documentos contemplados en el párrafo 1º del mismo artículo. Éste, a su vez, sanciona a quien, para descubrir secretos o vulnerar la intimidad de una persona, se apodere de sus papeles, documentos o mensajes de correo electrónico. Céntrense en la primera parte de la frase: secretos e intimidad. Como ya les conté en su día, la jurisprudencia del Tribunal Supremo es extraordinariamente restrictiva a la hora de valorar la intimidad invadida por el acceso a unos correos electrónicos, y descarta todo lo que no sea el núcleo más íntimo de la vida personal como bien jurídico tutelado por esta figura delictiva. No parece que estemos en ese caso. Lo que se ha revelado son los tejemanejes que llevaron al colapso de una de las mayores instituciones financieras de este país, en un flagrante caso de "capitalismo de amiguetes". Ahí no hay intimidad alguna.

En cuanto al párrafo cuarto, propiamente dicho, también hablé de él en su día, al hilo del  "caso Hormigos". Para que la difusión de los secretos sea delictiva, el que los difunda tiene que tener conciencia de que la obtención previa de la información también lo fue. Si no, no vale.

Ahí es donde aparece el delito de infidelidad en la custodia de documentos, pues se afirma que los correos publicados provienen de la causa judicial. Y donde se estrella contra la distinta realidad de la prueba digital, y contra algo llamado "fuentes periodísticas". Pero no adelantemos acontecimientos.

Verán, el artículo 417 del Código Penal castiga a la autoridad o funcionario público que revele información de la que tenga conocimiento por razón de su cargo, y que no deba ser revelada. Es un delito de los llamados "de propia mano", es decir, que sólo puede ser cometido por una persona muy concreta, a la que hay que identificar con pelos y señales: aquel miembro de la Administración de Justicia que cogió los correos electrónicos y se los entregó al periodista. Por su parte, el artículo 418 castiga al ciudadano particular que aproveche esta información entregada por el funcionario. Esto incluiría al periodista o al medio de comunicación que difunde los secretos. Entonces, ¿por qué no están en la cárcel la mitad de los periodistas de este país?

Si algo sucede todos los puñeteros días en este país, es la difusión de actuaciones judiciales. Tenemos autos, providencias y escritos del fiscal colgados en páginas web, como Scribd, un día sí y al otro también. La mayoría de las veces, gracias a la colaboración de las oficinas de prensa de los respectivos tribunales. Igual ese es el problema, que ésto no ha sido una filtración controlada, sino un scoop en toda regla.

En cualquier caso, en el pecado llevaba la penitencia. Porque ni el delito del 197.4, ni el de los artículos 417 y 418 van a ningún sitio sin identificar previamente al autor de la filtración. Si no, no queda acreditado que dicha filtración sea ilícita. Del escrito del fiscal se deduce que ha sido alguien del juzgado. Pero es que con eso no vale. No sirve hacer el Gila, en aquel chiste de "alguien ha matado a alguien, y yo no quiero señalar". Hay que señalar. Porque caben muchas otras hipótesis.

Para empezar, no estamos hablando de documentos en papel, que se trasladan físicamente de un lugar a otro, y que para ser duplicados tienen que ser objeto de un acto voluntario de copia. Al contrario, se trata de documentos electrónicos, generados en un sistema informático, y que para ser trasladados a otra ubicación distinta, por defecto, lo que hacen es copiarse en esa nueva ubicación... quedando subsistente el original. Es decir, que el hecho de que los correos de Blesa estén incorporados a unas diligencias judiciales, no implica que hayan dejado de estar en los servidores de Bankia, antiguamente conocida como Caja Madrid. Así que los correos podrían provenir, perfectamente, de un whistleblower dentro de la entidad bancaria. Y a la mierda la tesis de la filtración judicial. Pero si es una cosa o es la otra, eso nunca lo sabremos. 

Porque, ya hace mucho tiempo, se planteó ante los tribunales hasta dónde puede llegar un periodista en pos de la noticia. En 1984, sin ir más lejos, se denunció al director de un medio periodístico, por el delito de injurias vertidas a través de una "carta al director" anónima, ya que el director se negó a revelar su autor, en aras del secreto profesional.

Tras sucesivas condenas, hasta en el Supremo, la cosa llegó al Constitucional, que dicto la capital sentencia 15/93, de 18 de abril. En ella, se habla del secreto profesional y se habla del derecho a mantener la confidencialidad de las fuentes. Y se considera que ambos son un derecho fundamental protegido por nuestra Constitución, no tan sólo del periodista, sino de la misma sociedad, que tiene derecho a ser informada verazmente. Así que lo único que cabe esperar, si esto sigue adelante, es que el periodista que consiguió los correos se acoja a estos derechos, no revele sus fuentes, y que en ausencia de autor conocido, la causa quede finalmente archivada. Y se acabó, disuélvanse, aquí no hay nada que ver.

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