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Sit tibi terra levis

Según la Wikipedia, es una locución latina que se puede traducir como "que la tierra te sea ligera", utilizada en el mundo romano precristiano como epitafio

Se dirige directamente al difunto, lo que implica una idea de trascendencia

Trascendentes son también las consecuencias jurídicas que se derivan cuando el fallecido estaba inmerso en una causa judicial

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Rodrigo Rato y Miguel Blesa, en el banquillo de los acusados del juicio de las tarjetas 'black' / Chema Moya \ EFE

Miguel Blesa, en el banquillo de los acusados del juicio de las tarjetas black

Esta semana, la noticia con la que a muchos se nos atragantó el desayuno, o el café de media mañana, fue el hallazgo del cadáver de Miguel Blesa. No es preciso aclarar mucho sobre tal personaje público, pues en los últimos años acaparaba portadas y escándalos de corrupción por doquier. De cómo un anónimo inspector de Hacienda llegó a la cúspide de la banca nacional, presidiendo una entidad tan poderosa como Caja Madrid, y lo que hizo desde esas alturas financieras, es materia que dará para muchas páginas que yo no pienso escribir.

Sin embargo, me interesan las consecuencias jurídico-penales de la muerte del susodicho. Como todo el mundo sabe, Miguel Blesa fue condenado en el Procedimiento Abreviado 8/16, de la Sección 4ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, más conocido como "caso de las tarjetas black". En dicho procedimiento, y junto a otros ilustres compañeros de banquillo, se le impuso una condena de seis años de prisión y una ridícula multa de 7.200 €, por un delito continuado de apropiación indebida.

Sin embargo, la sentencia no era firme, pues contra ella cabía recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Es decir, se produce una situación que puede resultar extraña para el ciudadano medio, pero que es el pan nuestro de cada día en los tribunales: el acusado ha sido condenado en una sentencia, pero esta condena aún no es irreversible, así que no tiene la condición de "penado". Por lo tanto, no puede ejecutarse la pena, y como mucho, en caso de riesgo de fuga o de reiteración delictiva, hubiera podido ingresar en prisión provisional. El tribunal no apreció estas circunstancias, así que Blesa se encontraba en libertad.

Cuando muere una persona sujeta a un procedimiento penal, el Código establece una consecuencia que se conoce como "extinción de la responsabilidad criminal", y que se contempla en el artículo 130. No obstante, si se fijan, dicho precepto habla de la muerte del "reo", o sea, de quien ha sido condenado en firme. Del penado al que antes aludíamos. 

¿Que sucede cuando la muerte sobreviene antes de que haya recaído sentencia alguna, siquiera en primera instancia? Este caso se dio cuando falleció de muerte natural Rita Barberá, quien había sido alcaldesa de Valencia durante varias legislaturas, y que estaba siendo investigada por delitos de corrupción. Obviamente, a una persona fallecida no se la puede someter a juicio, y la acción penal no puede alcanzar a sus herederos, ya que ésta es personalísima e intransmisible. Así lo dispone el artículo 115 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Por lo tanto, se decreta el sobreseimiento libre del procedimiento. ¿Significa esta resolución que la persona fallecida es inocente, que no hizo nada malo? El portavoz parlamentario del Partido Popular, Rafael Hernando, parece opinar que sí. Así lo ha reflejado en Twitter cuando la Sala 2ª del Supremo, que instruía la causa contra Rita Barberá por su condición de aforada, ha dictado el archivo definitivo de las actuaciones:

Sinceramente, me preocupa sobremanera que una persona en cuyo curriculum figura que es abogado, y que lleva formando parte de las Cortes Generales (es decir, del Poder Legislativo) de forma ininterrumpida desde 1990, tenga un desconocimiento tan absoluto del Derecho Penal. Sobre todo, porque nuestro actual Código Penal fue aprobado en 1995 por un Congreso del que él ya formaba parte, y ha ocupado escaño de diputado en la totalidad de las ocasiones en que este texto legal ha sido reformado. En cuando a nuestra vetusta norma procesal, lo cierto es que data de 1882, demasiado lejos en el tiempo. Pero el capítulo en que se contempla el artículo 115 ha sido reformado, al menos, en 1999 y 2015, y en ambas ocasiones contando con su acta de diputado. Imagino que al menos se lo leería antes de votar.

El archivo de la causa contra Rita Barberá significa, ni más, ni menos, que nunca será juzgada, declarada culpable o condenada en firme por un tribunal penal. Pero no porque nada hubiera hecho, sino porque ya no está viva. La causa continúa contra el resto de investigados, y si se demuestran probados hechos en los que la difunta participó conjuntamente con otras personas, esas personas serán condenadas.

Pero volvamos a Blesa. Porque su condena penal conllevaba responsabilidades civiles, y esas no se extinguen. Concretamente, y por la parte que le tocaba, por los 431.281,5 € que se pulió con su tarjeta opaca, pero solidariamente, por todo lo que se gastaron alegremente sus compinches entre enero de 2003 y enero de 2010. Luego volveremos sobre eso. 

Esa reclamación deberá realizarse en vía civil, ante los tribunales de ese orden jurisdiccional, contra sus herederos. Por supuesto, los herederos pueden renunciar a la herencia y librarse de pagar. Ejem. Desconozco a cuanto ascendería el patrimonio amasado por el difunto durante sus años en las altas esferas financieras, pero no parece algo a lo que cualquiera renunciaría por un quítame allá unos cientos de miles de euros. También pueden aceptarla "a beneficio de inventario", es decir, que sólo se hereda si queda algo después de liquidar las deudas, pero si estas superan el importe de la herencia, el heredero no paga el exceso.

Sin embargo, recordemos que la responsabilidad civil de Blesa era solidaria con todos los demás condenados, por los importes gastados entre 2003 y 2010. Es decir, que en principio, el perjudicado podría reclamar la totalidad de la deuda, de todo lo gastado entre dichas fechas por los condenados, al responsable solidario. Y ahí, calculo que nos estamos metiendo en unos cuantos millones, y con un acreedor, Bankia, que no va a perdonar a unos afligidos huérfanos. Al menos, el historial de la entidad bancaria a la hora de desahuciar ancianitas, no permite deducir tan caritativo comportamiento. 

Por lo tanto, fallecido Miguel Blesa, y decaído en consecuencia su recurso de casación, Bankia podría iniciar un procedimiento civil de reclamación de cantidad por el importe total al que fue condenado solidariamente. Por si acaso. Y luego ya, si eso, que los herederos vayan reclamando a los restantes condenados.

Así que igual resulta que los herederos deciden hacer uso del artículo 854 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y personarse en el recurso en nombre del difunto. Por si suena la flauta, y cae una absolución.

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