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Trileros de la ley

El PSOE y el PP acaban de reeditar el famoso experimento del gato de Schrödinger, sólo que la caja es una urna electoral, y el felino se transmuta en un mono borracho con una máquina de escribir

El resultado, al igual que la física cuántica, no lo entienden más que los expertos, pero pontifica sobre él todo el mundo

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Esta semana, ha sido noticia el pacto que han suscrito el líder del partido de la Leal Oposición de Su Majestad (guiño-guiño, codazo-codazo) y el presidente del Gobierno. Según la inmensa mayoría de la prensa y opinólogos varios, los socialistas se han plegado a aceptar la cadena perpetua, también conocida como prisión permanente revisable, y de paso, se han asegurado despeñarse en las próximas elecciones. Estoy de acuerdo con la segunda de estas afirmaciones, no tanto con la primera.

Veamos. El pacto, en lo que nos interesa a los efectos de este blog, contempla la introducción de un nuevo artículo 573 bis: los delitos de terrorismo, cuando provoquen la muerte de alguna persona, conllevarán la pena máxima prevista por la Ley.

Para entenderlo debidamente, tenemos que recapitular un poco: el delito de pertenencia a banda armada, organización o grupo terrorista era tradicionalmente conocido como delito-plataforma: formar parte de ETA, Al Qaeda o el Exercito Guerrilheiro do Povo Galego Ceive, es un crimen en sí mismo, pero una vez integrado como miembro, se pueden cometer otros diversos ilícitos penales que, al perpetrarse con la finalidad de subvertir el orden constitucional o alterar la paz pública, conllevan una pena más grave que si se cometieran los mismos hechos materiales sin la citada finalidad. 

En román paladino, matar a una persona es punible como delito de homicidio o asesinato, según los casos, pero además, si la muerte se ejecuta formando parte de un grupo terrorista, y con la finalidad de aterrorizar a la población o forzar la independencia de una parte del territorio, tiene un castigo mayor.

En la actual redacción del Código, la pena prevista es de veinte a treinta años, veinticinco a treinta si la víctima es un servidor del Estado, la máxima que se contempla para un único delito. Para alcanzar los cuarenta años, tendría que tratarse del cumplimiento conjunto de penas por varios de estos delitos.

Entonces, ¿qué es lo que cambia? Lo primero, que la nueva definición de los distintos delitos terroristas se desvincula de la pertenencia a un grupo como requisito previo, para poder perseguir a los llamados “lobos solitarios”, los fulanos que deciden cometer atentados por su cuenta, inspirados en una determinada organización, pero sin pertenecer a la misma. Esto, en sí mismo, ha dado para que corran ríos de tinta, pero no es lo que nos trae hoy aquí.

Como es bien sabido, en la nueva redacción del Código que se está cocinando en las Cortes en estos momentos, se introduce una nueva pena, la prisión permanente revisable, que no tiene límite temporal definido. Es decir, que por mucho que le cambien el hábito y la vistan con eufemismos de seda, tiene vocación de ser perpetua.

Curiosamente, el partido antes conocido como socialista siempre se había caracterizado por oponerse a la existencia de una pena de cadena perpetua, en cualquiera de sus sabores. Lo más chocante es que, tras el citado pacto, escenificado con esa firma entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, siguen sosteniendo que se oponen a ella y que la eliminarán del Código en cuanto vuelvan al poder.

En ese momento, el lector o televidente “muggle” exclama un gigantesco “WTF!”, o sea: “¡¿Pero qué coño…?!”.

Vamos con las explicaciones, si es que las hay. El pacto, a lo que se comprometen socialistas y populares, es a que la pena que se imponga a los asesinatos terroristas sea la máxima prevista en cada momento. En la práctica, y con la anunciada reforma del Código ya en su recta final, eso va a suponer que dicha pena sea la perpetua. Y ningún partido de la oposición tiene posibilidad alguna de evitarlo, habida cuenta de que la mayoría absoluta del PP en ambas cámaras le permite aplicar el llamado “rodillo parlamentario” e imponer su reforma.

Pero si los astros se conjuran, los planetas se alinean y el PSOE alcanza de nuevo el palacio de la Moncloa tras las próximas elecciones generales, podrían impulsar una nueva reforma exprés del Código que erradique la prisión permanente revisable, sin faltar a su palabra ni romper el pacto firmado. Bastaría con volver a colocar una pena máxima de hasta treinta años de prisión como “tope de gama carcelaria” para que artículo pactado siga funcionando sin tocar una coma. 

Incluso cabe la muy chanante posibilidad de que el grupo parlamentario socialista presente un recurso de inconstitucionalidad contra la citada prisión permanente revisable, y seguiría sin incumplir el pacto.

Porque dicho artículo utiliza una técnica conocida como “reenvío interno”. Es decir, no señala la pena, sino que se remite a otro punto del Código. Por lo tanto, bastaría cambiar ese “otro punto”, y el resultado cambiaría sin tocar el artículo en cuestión. Como la foto de familia de Marty McFly al modificarse la línea temporal de "Regreso al Futuro".

En realidad, con todo este rollo, ambos líderes políticos se han marcado un gigantesco trile ante toda la ciudadanía, y hemos seguido la bolita como pardillos. Porque con la excusa de los malvados terroristas yihadistas, se han garantizado una opinión pública favorable a una pena que es improbable que se les aplique, y que contra ellos no sirve de mucho. Al menos, con arreglo a tres de las cuatro finalidades clásicas del Derecho penal, que ya les he explicado en alguna ocasión, ya saben: retributiva (el que la hace, la paga), prevención general (escarmiento público), prevención especial (para que espabiles) y resocialización (a ver si se te puede recuperar para la sociedad).

Verán, los terroristas islamistas radicales son tan temibles, entre otras cosas, porque no piensan en rutas de huida, pisos francos para ocultarse, ni zarandajas por el estilo. Van derechos al martirio, sin importarles perder la vida. De hecho, creen que eso les garantiza el paraíso. Así que, en caso de que consigan su propósito, rara vez quedará alguien a quien juzgar, ya sea porque reventaron con la bomba que llevaban, ya porque se liaron a tiros con la policía, hasta que la fuerza proporcional necesaria para reducirles tuvo que ser letal. Por eso, los únicos yihadistas que suelen llegar vivos a juicio son los que se quedan en la tentativa. Y a la tentativa no se le aplica la pena máxima, sino la inferior en grado.

Sin embargo, lo que ha hecho el pacto entre socialistas y populares es introducir una cuña sumamente peligrosa en la legislación penal: la mención de que se impondrá, forzosamente, la pena más grave prevista por la ley. Es decir, si la opción es entre pena de prisión hasta treinta años y permanente revisable, tendrá que ser esta última. Si la opción es de hasta treinta años, el juez tendrá que condenar a los treinta años. 

Se han cargado de un plumazo la facultad judicial de adecuar la pena a las características del delito y del delincuente, así como a las circunstancias atenuantes o agravantes que concurran. Lo que se conoce como “arbitrio judicial” (no confundir con arbitrariedad). Con las mismas, se han llevado por delante el principio de proporcionalidad, que es en base al cual se ejercita ese poder del juez.

Así pues, por mucha reforma posterior y por mucho recurso de inconstitucionalidad que venga detrás, si se mantiene ese pacto, tal y como está, estaremos permitiendo que se transforme a los jueces en meras correas de transmisión. Pero eso nos lo hemos perdido, mientras atendíamos a la clásica distracción del ilusionista.

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