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Vamos de rebajas

Hace no mucho he leído que, por un cálculo electoral (la proximidad de los comicios al Parlamento Europeo), uno de los proyectos-estrella del Ministerio de Justicia, y por ende, del Gobierno, podría quedar en el tintero. Se trata del Código Procesal Penal, y es una mala noticia.

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Les voy a confesar un secretillo, algo que se cuenta en los cafés de media mañana, entre juicio y juicio, o cuando el papel cotidiano da una pequeña tregua: la inmensa mayoría de los fiscales no quieren que salga adelante la ominosa reforma, esa que les daría tan inmenso poder, que tanto asusta a los ciudadanos bienpensantes. En cambio, los jueces de instrucción están encantados con la idea.

¿Por qué? Bueno, vamos poco a poco. Para empezar, la reforma que dará bien ganada sepultura a nuestra provecta Ley de Enjuiciamiento Criminal es como una chaqueta comprada en rebajas: es nueva y reluciente, y no ha costado demasiado, pero cuando la pones junto a lo que tienes en el armario, te das cuenta de que necesitas gastarte mucho más en prendas que vayan a juego, o no te la vas a poder poner con nada; además, cuando la examinas detenidamente, en la tranquilidad de tu hogar, ya no te parece tan bonita como en la tienda.

En cuanto al fondo de armario, el proyecto requerirá del cambio de un montón de normas fundamentales de nuestro Ordenamiento Jurídico. Por poner un pequeño ejemplo, si la Policía Judicial va a depender directamente de Fiscalía en la investigación de los delitos, habrá que modificar las leyes que rigen el funcionamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para que las órdenes de la escala jerárquica de Interior no interfieran con las instrucciones del fiscal al cargo de un caso. Como sucede ahora, dicho sea de paso.

También habrá que redimensionar las plantillas de jueces y fiscales, que no están adaptadas al cambio proyectado: hay muy pocos fiscales para la carga de trabajo que van a tener que asumir, y van a sobrar jueces por todas partes. Una de las fórmulas que se proponen es la unificación de las carreras judicial y fiscal, lo que supondría un auténtico cataclismo en el escalafón, además de exigir una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Además, habrá que redefinir la planta judicial, pues los actuales partidos judiciales, que coinciden con las comarcas, no cuadran con la organización eminentemente provincial de las fiscalías. Las plantillas de funcionarios de gestión, tramitación y auxilio también son un problema gordo: en las fiscalías vienen a salir a cuarto y mitad de funcionario por fiscal, mientras que los juzgados pueden tener cinco o más para asistir a un solo juez.

Incluso los edificios judiciales tienen que ser reestructurados, tan profundamente, que quizá se bastarían para solucionar la crisis del sector de la construcción: en las fiscalías faltan salas para tomar declaración, para videoconferencias, para que las víctimas de violencia de género no coincidan en el mismo sitio con sus agresores... Mientras tanto, dichos espacios, en los juzgados, van a quedar como la calle principal de los pueblos de los western, cuando se celebra un duelo de pistoleros.

Como ven, para vestir la nueva chaqueta procesal, va a haber que comprar un vasto fondo de armario legislativo.

Sin embargo, el lugar común favorito de la prensa, al hablar del cambio en la ley procesal, es hacer hincapié en que este pone todo el inmenso poder de la instrucción penal en manos de la Fiscalía, que a su vez está en manos del Gobierno. Y la frase es, cuando menos, inexacta en todas sus proposiciones. El problema es que, para poder explicar esto, primero hay que haberse leído el proyecto. Y ya saben que, entre nuestros tertulianos y opinólogos profesionales, eso de leerse las cosas está muy mal visto.

Dominado por el miedo al qué dirán, el proyecto existente diseña una instrucción con constantes contrapesos a la actuación del fiscal. Tantos que prácticamente ningún acto del fiscal tiene eficacia sin pasar por el filtro del tribunal de garantías, el órgano judicial llamado a tutelar los derechos del sospechoso durante la fase de instrucción. En la práctica, esto supone que la investigación penal se siga llevando como hasta ahora, pero duplicando trámites y cortapisas.

En estos momentos, el juez dirige la investigación, toma declaración a imputados y testigos, y adopta todo tipo de decisiones para que el proceso avance. Con la reforma, será el fiscal quien tenga que realizar ese trabajo, pero sin tener verdadero poder decisorio, pues dependerá constantemente de la supervisión y el visto bueno del tribunal. Esto, dicho así, parece hasta lógico, pero cambia bastante cuando se explica con ejemplos.

La última palabra de un juez es algo indispensable en actos procesales que afectan a los derechos fundamentales de un ciudadano, como puedan ser registros domiciliarios, escuchas telefónicas o el ingreso en prisión provisional. Pero resulta redundante y entorpecedor en cuestiones como el archivo de las actuaciones aunque no haya acusaciones particular o popular (el “retirar los cargos” de las películas norteamericanas, que tanto daño ha hecho en la prensa de tribunales), la prórroga de la duración de la investigación en causas de especial complejidad, la ratificación del secreto de las actuaciones, y así hasta incluir una pila de cuestiones de todo orden. Por ejemplo, tener que inscribir las diligencias de investigación ante uno de los tribunales de instrucción, que podrá discutir la competencia señalada por el fiscal, y mantener el actual peloteo de causas por todo el territorio nacional.

Pero sobre todo, el pavoroso miedo al control del Gobierno sobre la Fiscalía no se va a solucionar con un cambio de normativa procesal o con dejar las cosas como están. Eso soluciona tanto las cosas como tratar de atajar la desigualdad entre hombre y mujer prohibiendo jugar al fútbol en los patios de los colegios. Porque esa injerencia del Ejecutivo en el funcionamiento de la Justicia se articula a través de otra ley, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, cuya reforma se ha pedido  por activa y por pasiva. Pero eso no toca, por el momento.

Mientras tanto, vivimos en un anacronismo procesal permanente, que da lugar a las más estrambóticas resoluciones a la hora de tratar asuntos propios del siglo XXI, como qué hacer con la prueba en soporte digital, o cómo regular la intervención de comunicaciones telemáticas; los juzgados de provincias se pelotean la competencia de las causas complejas, con varios escenarios territoriales posibles, en detrimento de la unidad de actuación que aportaría un órgano de jurisdicción estatal, como la Fiscalía, y los jueces de instrucción generalistas siguen dependiendo del criterio de los fiscales especialistas en las causas de complejidad técnica.

Así que, queridos Reyes Magos, ratoncito Pérez, señor ministro de Justicia o quien corresponda: hagan algo con la normativa procesal penal, pero háganlo pronto y háganlo bien. Porque perder una legislatura tras otra con reformas que nunca pasan de proyecto de ley fue, entre otras particularidades de la Marca España, lo que nos llevó a la calamidad de la doctrina Parot y la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

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