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El artículo de las rimas fáciles

El affaire catalán está superando todas las cotas establecidas por mis ídolos cómicos. El último hito, después de esa declaración de independencia diferida en forma de simulación y suspendida sin haber sido aprobada, ha sido el requerimiento gubernamental. Una parrafada infumable, que se resume así: “¿En qué quedamos?”

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Como sabe casi todo el mundo que me conoce, políticamente me considero marxista. Concretamente, de la corriente fundada por Julius Henry “Groucho” Marx. Por eso, respecto de las asociaciones de jueces y fiscales, aunque las aprecio y apoyo, jamás pertenecería a un colectivo que aceptase a alguien como yo en calidad de socio. Siempre que me han preguntado por la oposición de acceso a la carrera judicial y fiscal, utilizo para definirla un sketch de Faemino y Cansado, el de estudiarse la guía de teléfonos, ya saben: “¿De memoria? No, no, comprendiéndola…”. Guardé luto cuando fallecieron Leslie Nielsen y Daniel Rabinovich, de “Les Luthiers”, y creo firmemente que Chiquito de la Calzada es la persona que más ha hecho evolucionar el castellano en las últimas dos décadas.

Es decir, el humor es uno de los pilares de mi existencia, y cuanto más absurdo, mejor.

Sin embargo, creo que el affaire catalán está superando todas las cotas establecidas por mis ídolos cómicos. El último hito, después de esa declaración de independencia diferida, en forma de simulación, y suspendida sin haber sido aprobada, ha sido el requerimiento gubernamental. Una parrafada infumable, que se resume así: “¿En qué quedamos?”

Por desgracia, hay un sutil matiz que distingue a los humoristas que admiro, de los protagonistas de esta bufonada. Que estos últimos no están en un escenario y la broma no termina cuando acaba la función y baja el telón. Están a la cabeza de nuestras instituciones, estatales y autonómicas, y dirigen nuestros destinos con la mano firme de un piloto kamikaze japonés de la II Guerra Mundial. Así que harían reír, si no fuera porque hacen llorar.

Ahora, después de que Puigdemont presentase el martes su candidatura para “La Voz”, con su sentida interpretación del “Sí, pero no” de David Bisbal, nos encontramos en la tesitura de la aplicación, o no, del famoso artículo 155 de la Constitución. Ese precepto que todo el mundo cita, pero sin reproducirlo expresamente. No vaya a ser que la ciudadanía de este país sepa leer, y descubran que les están tomando el pelo. Pues miren, dice exactamente esto:

“1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.”

¿Qué significa esto? Pues casi cualquier cosa, la verdad. Porque los preceptos de la Constitución no están pensados para su aplicación directa, como una ley, aunque puedan serlo. Pero ello suele conllevar algún tipo de interpretación por parte de los tribunales, bien los ordinarios, o bien el Constitucional. Así, el derecho a la huelga del artículo 28.2 jamás ha sido desarrollado por ley orgánica, como exige el propio texto del precepto, y vamos tirando con una sentencia del TC del año de la polka. 

Así pues, ¿puede el Gobierno central, en uso del artículo 155, “suspender” la autonomía de Cataluña? Pues miren, así planteado, en términos maximalistas, yo creo que no. El régimen de autonomía de la Comunidad Autónoma de Cataluña dimana del Estatut d'Autonomía, que es una ley orgánica del ordenamiento jurídico español, la 6/2006, aprobada por las Cortes Generales el 19 de julio. El único poder del Estado, que puede retocar esa norma, al margen del Parlament con sus mayorías reforzadas, es el Constitucional, previo recurso de alguna parte legitimada, como hizo en la famosa sentencia que todos consideran el pistoletazo de salida de la actual deriva secesionista. Aunque si se molestan en leer la susodicha resolución con calma, comprobarán que se limitó a recortar algunos extremos en los que, tanto el Parlament como las cámaras legislativas estatales, habían meado fuera del tiesto. Como aquello de que los jueces en Cataluña fueran nombrados pasando un poco del Consejo General del Poder Judicial.

Así pues, el Gobierno no puede poner en solfa la vigencia de una ley orgánica con la simple mayoría del Senado. Pero puede hacer otras cosas. ¿Por ejemplo? Pues asumir la competencia concreta que tiene el President de la Generalitat, de disolver el Parlament y convocar nuevas elecciones. ¿En base a qué? Pues hombre, en base a los múltiples incumplimientos legales y reglamentarios que ha cometido el actual órgano legislativo catalán, que se ha pasado por el arco del triunfo sus propias normas, tanto las vigentes como las suspendidas por la interposición de recursos ante el Constitucional, y ha celebrado una pantomima de consulta popular, que se parece tanto a un referéndum legal y con garantías como "Mi bello legionario" a "Beau Geste".

Pero debo confesarles que me ha llamado poderosamente la atención la cuestión de las competencias de los cuerpos policiales, sobre todo a raíz del vídeo de la intervención de un diputado del PNV en el Congreso, que se ha difundido en Twitter.

El eximio parlamentario nacionalista se marca un trile jurídico que sería merecedor de aquel legendario calificativo, que Alfonso Guerra le dedicó a Adolfo Suarez: “Es usted un tahur del Mississippi con chaleco floreado”. En resumen, se dedica a citar artículos del Estatut catalán, que se refieren a las competencias de la Generalitat en materia de orden público, y que confieren tales competencias a los Mossos d’Esquadra. En consecuencia, y siguiendo su torcida lógica, el despliegue masivo de Policía Nacional y Guardia Civil en Cataluña sería ilegal, al estar asumiendo funciones de seguridad ciudadana que les están vetadas en dicho territorio, al corresponder a las autoridades autonómicas. Ante este sofisma, la red social del pajarito se ha llenado de encendidos elogios hacia el diputado, alabando su preparación y su buen hacer.

El problema es que, como les he avanzado, su señoría hace trampas, y les despista con la bolita de las competencias en seguridad ciudadana. ¿O es que acaso se ha ordenado el repliegue de los Mossos, y la Guardia Civil y Policía Nacional están patrullando por las calles de Barcelona? En absoluto. Y es que, como ya les expliqué hace tiempo, las fuerzas policiales españolas tienen múltiples competencias. Una de ellas es la de seguridad ciudadana, de naturaleza preventiva, en la que dependen íntegramente de las órdenes recibidas por el Ministerio de Interior, o la consejería autonómica correspondiente. Sin embargo, en la averiguación de las circunstancias del delito y la identidad del delincuente, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, término que engloba a las policías autonómicas, están a las órdenes de los jueces y fiscales, pues actúan como policía judicial.

Y en el desempeño de tales competencias, el Estatut catalán no dice ni pío, porque no podría decirlo. Porque el Poder Judicial, entendido como jueces y fiscales, que están integrados en el mismo con sus particularidades, es único para todo el Estado, y no rinde cuentas ante ninguna autoridad autonómica.

¿Hacen falta 10.000 policías y guardias civiles en funciones de policía judicial? Bien, cuando el ilícito investigado va a ser cometido por cientos de alcaldes, y consumado en miles de mesas de votación no autorizadas, es obvio que sí. Pero para que se den cuenta de la trampa del peneuvista, baste ver en qué se concretó la actuación de los Mossos el aciago 1 de octubre, que tan cabreada tiene a la judicatura, a la fiscalía y a sus compañeros del CNP y la Benemérita: ese día, la función de los Mossos era proporcionar cobertura de seguridad ciudadana, para que policías y guardias se limitaran a cumplir el mandato judicial de requisar las urnas. Sin embargo, el dispositivo de los Mossos fue ridículo e inapropiado, no hizo nada por evitar la ocupación de los pseudo-colegios electorales, y en ocasiones hasta colaboró con la votación y trasiego de las urnas. Por ello, los operativos desplegados de policías y guardias se encontraron con una misión que no era para la que iban, sin instrucciones apropiadas, sin cobertura, y se lió la que se lió. 

¿Que los Mossos actuaron con prudencia, para evitar males mayores? Venga, no me hagan reír. En 2011, cuando desalojaron a palos a los “indignados” del 15-M de la Plaça Catalunya, no tuvieron semejantes miramientos. Claro que, en aquel entonces, la acampada tenía como aspiración echar a los que daban las órdenes desde el Govern.

Y en cuanto al diputado del PNV, debería hacérselo mirar, porque ésta es la actuación de los antidisturbios de la Ertzaintza, dando cobertura de seguridad ciudadana a una operación de policía judicial de la Guardia Civil, en Hernani. 

Así que menos lobos, que aquí nos conocemos todos.

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