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El caso Nóos y Bruce Lee

Hay cierto proceso judicial que también parece haber recibido el toque de la muerte, varios años atrás, aunque sus efectos se vean ahora

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El juez Castro sostiene que Urdangarin cometió 25 delitos al frente de Nóos

El juez Castro debe decidir si la Doctrina Botín librará a la infanta del banquillo.

Cuenta la leyenda urbana que Bruce Lee, el legendario actor y maestro de las artes marciales, fue víctima de un golpe secreto, el llamado “toque de la muerte”, usado en una disciplina de lucha que se basa en el control de los puntos de presión, y que se conoce por su nombre en chino, “Dim Mak”. Dicho golpe, aparentemente inofensivo en el momento de propinarlo, causa la muerte de la víctima, pero tras varios meses, incluso años. Vamos, lo que vendría a ser un crimen en diferido, en forma de simul… Ay, perdón, que me lío.

El caso es que hay cierto proceso judicial, de mucha repercusión mediática en esta última semana, que también parece haber recibido el toque de la muerte, varios años atrás, aunque sus efectos se vean ahora.

Recapitulemos: en anteriores episodios de la saga “Palma Arena-Nóos”, el juez Castro había dictado auto de acomodación procesal, decidiendo que las investigaciones habían llegado a un punto en el que aparecían suficientemente acreditados los hechos de relevancia penal, como para dar traslado a las partes a efectos de formular acusación o pedir el sobreseimiento. Y dentro de esos hechos, como uno de sus muchos responsables, a título provisional, aparece una señora cuya característica más señalada es ser parte de la Familia Real.

No obstante, el Ministerio Fiscal parecía querer apartar de sí el amargo cáliz de tener que acusar, o en su caso, ver cómo otros acusaban. En su opinión, lo que el juez daba por acreditado, estaba lejos de estar tan claro.

Por lo tanto, ante el marrón de tener que acusar o darse mus, el fiscal recurrió el auto, y ante ese recurso, y otros trece presentados por distintos imputados y por la Abogacía del Estado, la Audiencia de Palma ha decidido en otro auto que ha levantado considerable polvareda. Siguiendo la tónica habitual en este caso,  la resolución se va a los 160 folios. De ellos, la cuestión que nos ocupa se reserva para el final, como las intervenciones estrella de los programas de la tele, comenzando en el folio 128.

Lo comento de pasada porque estoy viendo numerosos artículos que parecen analizar la cuestión, cuando en realidad tiene toda la pinta de que reproducen una nota de prensa, sin haber leído el auto.

Así, a diferencia de muchos todólogos, me he tomado la molestia de leerme el tocho completo. Y entenderlo. No lo intenten en sus casas si no quieren sufrir severos daños cerebrales; yo soy un profesional entrenado, y sé cómo manejar este peligroso material. Concretamente, sé detectar el punto en el que puedo empezar a pasar páginas a velocidad del doctor Spencer Reid, y dónde debo detenerme a leer con más atención.

La resolución que pone fin a la apelación, en resumen, viene a decir que la infanta Cristina parece indiciariamente responsable de delitos contra la Hacienda Pública, pero no hay visos de que haya cometido blanqueo de capitales.

Y esta resolución, aunque deja el camino expedito a que se formule acusación contra dicha persona, en realidad es como Bruce Lee, un proceso que sigue andando, sin saber que hace años que recibió el golpe mortal. Pero mejor será que me deje de metáforas.

Como ya les conté en su día, hace ya varios meses, dos sentencias recientes de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, de diciembre de 2012 y diciembre de 2013, hacían una interpretación jurisprudencial muy estricta del delito de blanqueo de capitales, incluso a título de imprudencia. El resultado, en la práctica, suponía un auténtico torpedo en toda la línea de flotación de una hipotética acusación contra Cristina de Borbón por este tipo delictivo.

Ojo, no estoy insinuando que el Alto Tribunal haya prefabricado una jurisprudencia a medida de la Casa Real. De hecho, el auto de la Audiencia de Palma no menciona ninguna de las dos sentencias como base de su resolución. Pero el dato incontestable es que la resolución se detiene en la cuestión del ánimo subjetivo, la intención del imputado por blanqueo, y acaba descartando la presencia de dolo, e incluso imprudencia, en la conducta de la infanta.

Bien, dirán ustedes, ¿que pasa con el delito contra la Hacienda Pública? Pues aquí es cuando viene la segunda entrega del “Toque de la Muerte”.

En su día, el difunto Emilio Botín fue llevado ante la Audiencia Nacional por un quítame allá esos millones. La Fiscalía entendía que, al margen de otras cuestiones, no había delito en la actuación del presidente del Banco Santander, y pidió el sobreseimiento hasta en catorce ocasiones. La acusación particular (el perjudicado por el posible delito) también lo pidió, hasta en siete ocasiones. Sin embargo, la acusación popular, unos señores que pasaban por allí, decidió tirar para adelante. Y aquí fue donde el tribunal dijo “basta”.

La tesis fue que los artículos 782 y 783 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al contemplar la doble posibilidad de pedir el sobreseimiento o la apertura de juicio oral, sólo se lo ofrecen al fiscal y el acusador particular, dejando fuera a la acusación popular, la ejercida por cualquier ciudadano aunque no le vaya nada en el pleito. En consecuencia, como fiscal y acusación particular habían pedido el sobreseimiento respecto de Emilio Botín, a la acusación popular no le quedaba otra que quedar de mero espectador. Esto se denominó “doctrina Botín”.

Un año después, volvió a plantearse esta cuestión, pero en este caso contra el antiguo presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, por haber desobedecido la orden expresa del Tribunal Supremo de disolver el grupo parlamentario de Sozialista Abertzaleak, sucesores de Batasuna en la Cámara autonómica. En este caso, de nuevo la Fiscalía decidió no acusar, quedando el caso exclusivamente en manos de una acusación popular. En esta ocasión, sin embargo, el Supremo decidió que bastaba con una acusación popular para abrir juicio contra el imputado. ¿Por qué esta disparidad de criterios?

La solución está en el tipo de delito. A diferencia del caso Botín, en el que se trataba de delitos económicos, con un perjudicado que ejercía la acusación particular, el delito que se imputaba a Atutxa era de desobediencia activa grave, tipificado en el artículo 556 del Código Penal. Se trata de un delito que no tiene perjudicados concretos, sino que la víctima es toda la sociedad, pues a ésta le afecta que los mandatos de un órgano del Estado sean acatados. En consecuencia, se decidió que la acusación popular venía a heredar el papel exclusivamente atribuido a la acusación particular en los delitos con perjudicados concretos. Así que hubo acusación y hubo juicio.

¿Y qué pasa con la infanta? Que el delito por el que podría ser acusada es el que va contra la Hacienda Pública, que es considerada un perjudicado concreto, y ejerce acusación particular a través de la Abogacía del Estado. Pero el abogado del Estado ya ha anunciado que no va a acusar, porque, a diferencia del criterio del juez instructor y de la Audiencia, entiende que no existe delito en la actuación de la infanta. Como el fiscal opina lo mismo, y tampoco va a acusar, sólo queda Manos Limpias, pero estos son acusación popular, por lo que la doctrina Botín les impediría pedir la apertura del juicio oral contra la infanta.

¿Seguro? Pues no. Porque la Audiencia de Palma, en un triple salto mortal con doble tirabuzón, dice que la cosa no está tan clara. Que al pedirse la apertura de juicio oral contra los demás acusados, dicho requisito formal ya queda cubierto, por lo que la decisión de la acusación popular de incluir o no a una persona concreta, dentro del total de los que van a sentarse en el banquillo, podría no quedar restringida por la doctrina Botín. O puede que sí. Pero será el juez Castro el que deba mojarse y tomar la decisión.

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