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La causalidad del homicida

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Todos hemos visto las imágenes, grabadas desde un balcón. Una especie de melé de agentes uniformados, golpeando un cuerpo tendido en el suelo, en una calle del barrio del Raval de Barcelona. Más tarde se supo que se trataba de Juan Andrés Benítez, empresario de la noche barcelonesa, quien falleció allí mismo.

Esta semana tenía que haber comenzado el juicio por estos hechos, con la constitución del tribunal del jurado. Sin embargo, tal cosa no sucederá. Las partes del procedimiento han llegado a un acuerdo de conformidad, según el cual los acusados reconocen formalmente los hechos, la participación que se les atribuye en los mismos y la pena que se les solicita por los delitos cometidos. 

Como es lógico, al hacerse públicos los términos del acuerdo, gran parte de la opinión pública ha reaccionado con indignación, ante la impunidad que provoca una condena que, en la práctica, no va a suponer ingreso en prisión para ninguno de los acusados.

No seré yo el que reste ni un ápice de justificación a ese sentimiento, la verdad. En el modelo de Estado en el que vivimos, la policía ostenta el monopolio del uso de la fuerza, y se supone que deben ejercerla adecuada y proporcionadamente, por lo que cualquier agente que se exceda en su uso debe hacer frente a las consecuencias que se deriven. Más aún cuando el resultado de ese exceso es el fallecimiento de un ciudadano, precisamente aquello que se supone deben evitar quienes visten el uniforme policial.

Dicho esto, una de las razones de la existencia de este blog es explicar los entresijos del funcionamiento de la Justicia, no sólo desde el frío punto de vista de las normas escritas, sino con la perspectiva de quien se dedica a ello.

Hace ya bastante tiempo, les contaba por aquí sobre las conformidades, su origen y razón de ser. Lo que contaba en aquel momento sigue estando vigente en la actualidad, por mucho que duela.

Una de las consecuencias procesales del acuerdo ha sido que la sentencia se ha dictado en cuestión de cuarenta y ocho horas, y se ha publicado en los medios, por lo que podemos tener acceso al relato íntegro de hechos probados. Además, como la sentencia es firme, o sea, no cabe recurso contra ella, dicho relato es inamovible.

En un caso de homicidio, tres de las principales incógnitas que debe despejar la sentencia que ponga fin al caso son, en primer lugar, la identidad del culpable; en segundo, la intención de matar, lo que se conoce como animus necandi, y por último, que el medio empleado fue el que, efectivamente, causó la muerte.

Por lo que se ha visto, la autoría no era una cuestión que se discutiera demasiado, los agentes estaban identificados por su número profesional y el indicativo de sus patrullas, y eso permite situar con bastante certeza a un policía en un suceso concreto. 

Lo del animus necandi es una cuestión bastante más peliaguda. La jurisprudencia viene diciendo que hay que tener en cuenta aspectos como el arma empleada, el número y dirección de los golpes o la existencia de una enemistad previa que moviera a causar la muerte. Aquí, obviamente, la acusación tenía sólidos argumentos: los golpes fueron múltiples, y varios de ellos se concentraron en la zona de la cabeza, un punto vital. No obstante, en este punto hay que decir que un jurado es imprevisible: he llegado a ver como se rechazaba que dos únicas puñaladas, en pecho y abdomen, revelaran una intención directa e inequívoca de causar la muerte. A este respecto, imagino que la defensa de este caso hubiera recalcado que los golpes duraron tanto como se tardó en inmovilizar al fallecido, y eso le permitiría alegar que la intención directa no era causar la muerte, sino contener al sujeto. 

Pero la clave de este asunto, por lo que parece, ha sido otra: la relación causa-efecto entre la agresión física y la muerte. Ya en diciembre de 2013, los forenses fueron incapaces de determinar que los golpes recibidos fueran mortales de necesidad. Cuando uno ve la tremenda paliza en imágenes, parece imposible no llegar a esa conclusión. Sin embargo, de lo que se trasluce de la autopsia, no parece tan claro. La causa directa de la muerte no fue un traumatismo cerebral, sino un fallo cardiaco, provocado por al menos cuatro factores concurrentes: los dos primeros, como cualquiera podría imaginar, son los golpes y el estrés derivado de la retención; pero son los dos siguientes los que abren la puerta a la duda razonable: al parecer, el fallecido tenía una afección cardiaca, conocida como “Wolf-Parkinson-White”, que provoca arritmias, y además, había consumido cocaína, que es una droga de la que es sabido que provoca problemas de corazón. En derecho penal, una de las partes más resbaladizas es la cuestión de la causalidad, y cómo las circunstancias previas o coetáneas a los hechos, que no están bajo el control del acusado, pueden interferir en los hechos. ¿Sin esa enfermedad, Juan Andrés Benítez hubiera sobrevivido a los golpes? Es posible. ¿Y si, aun padeciéndola, no se hubiera metido coca? La posibilidad de crear dudas a nueve ciudadanos particulares que, de pronto, se ven abocados a formar parte de un tribunal del jurado, estaba ahí. En caso de haber provocado esta duda sobre la causa de la muerte, la posible absolución de los acusados hubiera estado sobre la mesa en las deliberaciones.

Así que se optó por llegar a un acuerdo. Aquí, la ley es clara y taxativa: la conformidad tiene que ser sobre la más grave de las acusaciones que se mantenga y la mayor de las peticiones de pena. Es decir, si la acusación particular o la popular hubieran dicho “no” al pacto, y hubieran insistido en una petición de condena superior, el juicio se hubiera celebrado. Pero, claro está, si los acusados hubieran sido absueltos, no hubiera habido indemnización para la familia, y ésta hubiera tenido que afrontar las costas de la acusación, que suelen ser bastante cuantiosas. 

Se llega a una calificación de homicidio por imprudencia grave. La pena puede ir de uno a cuatro años de prisión, pero al existir una agravante, la de prevalerse del carácter de policías para cometer el delito, la pena tendría que partir de la mitad de ese arco: de dos años seis meses y un día a cuatro años. Además, hay un delito de lesiones agravadas, en concurso ideal. Eso obliga a imponer la pena mencionada en su mitad superior, o sea, de tres años, tres meses y un día, a cuatro años. Tal pena, de haber quedado así, hubiera implicado ingreso en prisión, sí o sí, para los responsables. 

Entonces es cuando interviene algo que me chirría bastante: como se va a pagar la indemnización, se considera que existe la atenuante de reparación del daño. La trampa es que no va a salir ni un euro de los bolsillos de los condenados, porque hay tres aseguradoras que cubren ese importe, y que responden de forma directa, no subsidiaria, por lo que pagarán aunque los condenados no sean insolventes. Además, la atenuante se considera muy cualificada, lo que ya me parece una burla: tal consideración se produce cuando el esfuerzo para reparar las consecuencias del delito es especialmente acentuado, suponiendo graves sacrificios para el condenado. ¿Donde está ese esfuerzo en el pago de una indemnización que cubre un seguro? Muy sencillo: una atenuante simple, sin más, sólo serviría para compensar una de las agravantes; para poder ir más allá, y bajar de la mágica cifra de los dos años de condena, la que permite eludir la cárcel, es preciso que se considere como muy cualificada. Y así ha sido: un año y nueve meses por homicidio imprudente en concurso con lesiones, y tres meses más por delito contra la integridad moral.

En cuanto a las penas de inhabilitación, que hubieran implicado la expulsión del cuerpo, y serían obligatorias en caso de una condena superior a diez años, se cambian por mera suspensión de funciones, que una vez cumplidas les permiten reincorporarse. Me reservaré mi opinión al respecto.

Mención aparte supone la condena ridícula que se llevan los dos agentes condenados por encubrimiento, los que trataron de borrar las manchas de sangre, o de presionar a una ciudadana para que destruyese las imágenes de los hechos que había tomado con su cámara. Tres meses de prisión, pena suspendida a cambio de que hagan un curso sobre derechos humanos, y suspensión de empleo durante el tiempo de la condena. O sea, que dos agentes de policía que tratan de destruir pruebas incriminatorias de un delito, no van a ser expulsados del cuerpo, sino que volverán a su puesto en un plazo de tres meses. Apenas unas vacaciones.

En fin, entiendo que tales rebajas vergonzosas se han pactado con la finalidad de evitar un juicio incierto, que podía haber acabado con la absolución de los acusados, es decir, con la absoluta impunidad del crimen. Pero resulta algo muy difícil de tragar. Para tan magro resultado, me pregunto si no hubiera salido más a cuenta arriesgarse e ir a juicio.

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