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El coronel no tiene quien legisle

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En la película “Algunos hombres buenos” (Rob Reiner, 1992), de cuyo personaje protagonista tomo mi seudónimo, hay líneas de diálogo realmente gloriosas, muestra de que su autor, Aaron Sorkin, es uno de los grandes del guión. Pero hay una parrafada del coronel Nathan Jessep, interpretado por Jack Nicholson, que últimamente me viene a la cabeza de forma reiterada. A partir del 0'15", el coronel se explaya:

Jessep es un tipo realmente odioso, pero algo en sus argumentos fascina irremediablemente: dice alguna gran verdad, lo que le da una pátina de legitimidad a sus palabras, y ello nos desasosiega. Ello sucede porque con esa verdad enmascara una tremenda mentira. Es decir, esta meridianamente claro que vivimos en un mundo en el que hay ciertas amenazas contra las que la única defensa es cierto grado de fuerza militar, porque el que piense que al Estado Islámico se le para los pies a base de asambleas y biodanza, por mi parte ya puede ir embarcando para Libia, a convencerles in situ. Y es igualmente razonable pensar que un abogado amante del beisbol y los pactos rápidos, como el personaje interpretado por Tom Cruise en la película, no parece la persona idónea para tomar un arma y defender un puesto. Pero que esas dos premisas justifiquen un macabro código de honor basado en castigos corporales, o el encubrimiento de un homicidio, que es de lo que va la perorata de Jessep, es una conclusión que no se sostiene.

Así pues, la verdad puede usarse como una perfecta cuña con la que encajar una gran mentira, y una aspiración encomiable puede usarse para esconder una intención aberrante.

Algo de eso viene pasando con la reforma del Código Penal que acaba de ser aprobada. Verán, todo sistema penal necesita una pena máxima, una condena prevista para los crímenes más atroces, los más imperdonables. Aquellos que hacen dudar sobre la misma humanidad del que los perpetra.

En los países que consideramos civilizados, se ha desterrado la pena de muerte como pena capital, así que sólo queda un tiempo más o menos largo de reclusión como alternativa. Lo siento mucho, pero los cursos de orientación y el trabajo en beneficio de la comunidad no me parecen la respuesta jurídica apropiada para un asesino múltiple, así que la cárcel es la opción menos mala.

El quid de la cuestión es la duración. En España venimos arrastrando las consecuencias de no haber desterrado los complejos de la dictadura a la hora de rediseñar el sistema penal en 1995. Veníamos de un Código franquista con pena de muerte y cadena perpetua, por lo que ya había dos escalones por encima de cualquier pena de prisión con duración determinada. Así que se consideró que treinta años eran más que suficiente para la tercera línea del arsenal penal.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la aplicación de beneficios penitenciarios y los plazos para la libertad condicional, resultó que no. Que como dice el tango, treinta años no es nada, y diecisiete mucho menos, sobre todo cuando es el tiempo máximo de cumplimiento para un tipo con veinte asesinatos a cuestas, como Iñaki de Juana Chaos. De ahí vienen la doctrina Parot y demás inventos.

El problema es que, con todos sus parches y chapuzas, el Código Penal sigue contemplando condenas que no satisfacen a la opinión pública. Ahí tienen a José Bretón, un tipo condenado por haber quemado vivos a sus dos hijos de corta edad, que saldrá de prisión con sesenta años. Tras haber sido condenado a un total de cuarenta años de prisión, la aplicación de los límites de cumplimiento han dejado su tiempo de cumplimiento reducido a veinticinco, a los que hay que descontar el tiempo de prisión provisional. Llegará a tiempo de tostarse al sol en Benidorm con otros jubilados. 

¿Y que pasa con la reinserción? Es el clásico argumento “cuñao” que oirán en todas las tertulias, enarbolado por el todólogo supuestamente progresista. Miren, la reinserción es una de las cuatro finalidades del Derecho Penal, pero no es la única. Nuestra Constitución la prioriza sobre las otras tres, al mencionarla expresamente en el artículo 25, pero no hace desaparecer a las otras. Así que la finalidad retributiva, el pagar por lo mal hecho, sigue siendo un fin legítimo de la pena. 

Eso sí, a la hora de legislar sobre una pena máxima de esas características, se puede hacer de forma que, estando presente el elemento retributivo, se de prioridad al resocializador. En Noruega, por ejemplo, a Anders Breivik le han caído “sólo” veintiún años de prisión, pero al término de los mismos, si se considera que su peligrosidad subsiste, se pueden prorrogar por plazos de cinco. En la práctica, puede llegar a ser una prisión perpetua, pero será lo excepcional.

En España, con el sistema de prisión permanente revisable, aparentemente sucede lo mismo, pero en realidad es al revés. Aquí, a los veinticinco años, es el reo quien tendrá que solicitar, y por tanto acreditar, las circunstancias que podrían autorizar su puesta en libertad condicional. 

Puede parecer una diferencia nimia para el no versado en Derecho, pero el juego de la carga de la prueba hace que tenga implicaciones similares al reparto de las piezas blancas y negras en el ajedrez: el que pide algo, está obligado a demostrar sus alegaciones, y por lo tanto, parte en desventaja. Por eso, en un sistema como el noruego, el penado tiene ventaja, pues es el Estado quien ha de demostrar que sigue siendo peligroso para mantenerle entre rejas, mientras que en España será al revés. Como ven, el diablo está siempre en los detalles. 

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