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Mi disco me lo borraron

Los discos duros son una fuente inagotable de noticias judiciales. La nula regulación de su aportación como prueba a un proceso penal, la ingente cantidad de información que pueden acumular en su pequeño tamaño y la insondable alquimia de su análisis forense son una combinación explosiva.

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Esta semana se ha conocido el auto del Juzgado de Instrucción nº 32 de Madrid, que archiva provisionalmente el caso de los famosos discos duros de los ordenadores de Bárcenas, los que usó durante su trayectoria como responsable de cuentas del Partido Popular. Esos que, al ser pedidos por el juez Ruz, resultaron haber sido sustituidos y eliminados, tras haber sufrido un presunto protocolo de protección de datos. El contenido de esos discos resultaría de interes para contrastar la autenticidad de los documentos aportados por Bárcenas en un pendrive USB, relativos a la contabilidad del partido, pues en ellos estaría la versión original de los archivos.

En su día, se pidió que el Juzgado Central de Instrucción nº 5 dilucidara los posibles delitos cometidos al retirar y destruir los discos duros de los dos ordenadores en cuestión. El juez entendió que podrían haberse cometido delitos de daños informáticos y de encubrimiento, pero que no existía conexión, según los criterios del artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con la causa que él estaba investigando. Es decir, que deberían investigarse en un procedimiento aparte, con el problema de que esos dos delitos, como hechos independientes, no son competencia de la Audiencia Nacional, en virtud del artículo 65.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por ello, envió la causa al Juzgado Decano de los de Madrid para que la turnara a reparto. Antes de seguir, les confesaré que no termino de entender cómo un encubrimiento no encaja como un guante en el nº 4 del artículo 17 LECr. Será que soy muy torpe.

El asunto fue a parar al nº 32, y éste es el que, previo informe favorable del Ministerio Fiscal, ha aceptado la competencia, para a continuación, archivar provisionalmente la causa. Y, claro, viene el escándalo. "Carpetazo", se lee en la prensa. Se van a ir de rositas otra vez, intuye el ciudadano medio.

Bueno, pues igual no es para tanto. Ni el escándalo, ni el carpetazo, ni el irse de rositas.

Empezando por el final, el delito de encubrimiento, previsto en los artículos 451 y siguientes del Código Penal, exige la existencia de un delito previo, perpetrado por otra persona, que se trata de ocultar por el encubridor, quien no ha participado en su comisión. En caso contrario, no sería encubridor, sino cómplice en sentido estricto, y respondería por el delito principal.

En consecuencia, para analizar la conducta del encubridor, primero habrá que tener bien claro y probado que se cometió el delito encubierto. Esto, que resulta relativamente sencillo cuando autor y encubridor son juzgados en un mismo procedimiento, puede ser una pesadilla cuando se trata de dos causas paralelas en juzgados distintos. Imaginen el papelón si, el día de mañana, después de haber enjuiciado y condenado a los supuestos encubridores, el otro tribunal dictamina que el delito principal no fue tal: que no se han probado los hechos, o que los probados no tienen encaje penal.

Por eso, la titular del Juzgado de Instrucción nº 32 de Madrid ha determinado que todavía es pronto, que mejor esperamos a ver el curso de la causa principal, y entonces hablamos del encubrimiento. Se puede discutir si es excesivo esperar a que haya una sentencia firme, pero lo que está claro es que hace falta un mínimo relato de hechos antes de que otro juzgado pueda elucubrar sobre si esos hechos fueron ocultados por terceros.

Ese relato de hechos es el que debe contener el auto que, en el caso Bárcenas, ponga fin a las diligencias previas, y las transforme en procedimiento abreviado, momento en el que la causa pasará al fiscal y las restantes acusaciones para que formulen sus escritos de conclusiones provisionales. Todavía no hemos llegado siquiera a ese momento, así que parece de sentido común echar el freno y esperar.

Por lo tanto, el sobreseimiento provisional, en este caso, resulta más provisional que nunca. Porque la causa del nº 32 puede ser reabierta en el momento en que el otro procedimiento, el de la Audiencia Nacional, alcance el punto de cocción que les he relatado. Por ello, creo que los que están descorchando el champán igual se están apresurando un poquito.

Nos queda el otro delito respecto del que se produjo la inhibición, el de daños. Este tipo penal, se produzca tanto sobre objetos físicos ordinarios ( artículo 263 CP) como sobre datos y soportes informáticos ( artículo 264 CP), tiene un requisito fundamental: han de ser bienes de pertenencia ajena. Nadie responde penalmente por destruir sus propios bienes. Así que habrá que mirar quién era el dueño del disco duro. Bueno, más exactamente, habría que aclarar quién era el titular de los datos en él albergados, que no es lo mismo.

El auto de inhibición de Ruz (folios 8 y 9) se agarra al presupuesto de reparación del MacBook Pro, encargado por el propio Luis Bárcenas el 31 de octubre de 2012, en el que se refleja el cambio del disco duro original por uno nuevo. Sobre ese detalle, el juez Ruz considera que el nuevo disco duro, que asume como pagado del bolsillo de Bárcenas, sería de su propiedad, y por lo tanto, serían igualmente suyos los datos que el PP ordenó borrar. Es una forma de verlo. Aunque la tesis se cae por varios flancos: encargar un presupuesto no es lo mismo que abonar “la dolorosa”, así que sabemos quién encargo la reparación, pero no quién aflojó la mosca; además, los artículos 375 y siguientes del Código Civil establecen que el propietario de la cosa principal hace suya la accesoria, indemnizando su valor, así que el disco duro incorporado al ordenador de empresa del PP seguiría siendo del partido.

El auto del juzgado nº 32 de Madrid, por su parte, no se mete en semejantes fregados, considerando acreditado que la titularidad del ordenador es del Partido Popular, pues la cuestión del disco duro presupuestado ya se afrontó y resolvió en su día, con la denuncia por robo presentada por el propio Bárcenas. Y sobre esa base, considera que si el ordenador es del PP, suyos son los datos en él contenidos.

El problema de ambas resoluciones es que, como queda demostrado, la informática y los jueces no están hechos el uno para el otro. Ambos magistrados se centran en la propiedad del hardware, cuando lo que importa es el software. Lo que hay que tener en cuenta no es quien pagó el ordenador, el disco duro o el cargador de la batería. Lo que importa es quién era el titular de los archivos.

Los jueces de la Jurisdicción Social, los que llevan asuntos de derecho laboral, están mucho más bragados a la hora de ver causas en las que intervienen ordenadores de empresa cedidos temporalmente a los empleados. Así que existe un considerable cuerpo doctrinal sobre estas cuestiones, formado por sentencias de varios TSJ, el Supremo y hasta el Constitucional. Aunque el tema a decidir suele estar más centrado en el derecho a la intimidad del trabajador, en caso de inspecciones del contenido por el empresario, creo que hubiera podido serles de utilidad mirarse algo de esto. No ha sido el caso.

En cualquier caso, y simplificando al máximo, seamos serios: un ordenador del PP, que contiene datos y documentos contables del PP, ¿cómo demonios va a ser objeto de un delito de daños cometido por el PP? Parece irracional. Sin embargo, a la juez que ha ordenado el archivo le va a caer encima una considerable dosis de crítica mediática. ¿Por qué? Muy sencillo: el sobreseimiento de los daños informáticos, si alcanza firmeza, impedirá dirigir el procedimiento contra el Partido Popular como persona jurídica, aunque la causa se reactive por el encubrimiento, ya que este último delito, a diferencia del de daños, no contempla la autoría por personas jurídicas.

Pero claro, una cosa es hablar de leyes, y otra cosa es retorcerlas para conseguir un objetivo político, ¿verdad?

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