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Lo discutible

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En muchas ocasiones, cuando leo alguna noticia sobre la revocación de alguna resolución judicial, incumplo la máxima de la ya extinta cuenta tuitera Don’t Read Comments (@AvoidComments). O sea, que leo los comentarios. Invariablemente, alguno de los comentaristas de dichas noticias se refiere al juez que dictó la resolución revocada exigiendo su inmediato procesamiento (sic) por prevaricación.

El Derecho puede definirse como la forma de encauzar una discusión sin recurrir a la fuerza. En esencia, un juicio es una disputa entre, al menos, dos partes. Pueden llamarse acusación y defensa, en el caso del derecho penal, o demandante y demandado, si hablamos de la jurisdicción civil. Pero en el fondo, se trata de la misma cosa: hay dos que no se ponen de acuerdo en algo, y antes de acudir a solucionarlo a garrotazos, le piden a un tercero que intervenga, escuche sus alegaciones, examine las pruebas y decida. Bueno, lo de pedir, es un eufemismo. Cuando se inicia una acción judicial, mediante denuncia, querella o demanda, el proceso que se inicia a continuación se parece más a invocar al Golem, el mítico monstruo de la vieja leyenda hebrea (que no de la vieja leyendo ebria, que dirían Les Luthiers). Si uno no es muy preciso en las instrucciones que le da al bicho, puede pedirle que recoja agua del río y acabar inundando Praga, como recordaban hace algún tiempo los Todopoderosos en su podcast dedicado a las criaturas de laboratorio.

El juicio terminará la discusión, en el sentido de que habrá una decisión, pero ello no implica que las partes queden conformes. Siempre digo que, si en el afán privatizador de ciertos liberales, terminara por “externalizarse” la Administración de Justicia, sería un negocio ruinoso por definición: dejamos insatisfecho, como mínimo, al cincuenta por ciento de nuestra clientela.

Por ello, es bastante comprensible que, ante una resolución que no te da la razón, el perjudicado trate de obtener una distinta, a través del mecanismo conocido como recurso, ya se interponga ante el mismo órgano (como el de reforma), ya ante uno superior en jerarquía (sea apelación, casación u otro).

¿A donde quiero llegar con todo esto? Pues a que la máxima que usamos a menudo los juristas, que en Derecho todo es discutible, es una verdad como un templo. Tengo grandes amigos abogados, con los que puedo llegar a discutir hasta el cabreo, por un quítame allá esas diligencias nulas. O puedo debatir hasta la extenuación con mis propios compañeros, cuando creo que estamos equivocados.

Estos debates suelen estar basados en criterios estrictamente jurídicos, aunque en alguna ocasión pueda deslizarse algún sesgo ideológico, pues los juristas somos humanos, y en consecuencia, seres políticos. Pero para corregir las resoluciones contaminadas por estos sesgos, están los citados recursos. Sin embargo, es muy frecuente que las decisiones de tal o cual juez, de éste o aquel tribunal colegiado, sean analizados por la prensa exclusivamente en base a interpretaciones sobre la presunta afinidad política del magistrado correspondiente.

Ello no quita para que, en ocasiones, existan razones de fuste que permitan, cuando menos, poner en duda la estricta imparcialidad de quien debe decidir, como con dos miembros de la Audiencia Nacional, en causas que afectan a un partido político con gran influencia en el meteórico ascenso de sus respectivas carreras. Para eso también hay remedio, y se llama “recusación”.

Pero la búsqueda de la oculta motivación política arrecia, sobre todo, en los casos de designaciones que tienen repercusiones mediáticas, por más que se basen en criterios estrictamente reglados. Y frecuentemente el tiro periodístico sale por la culata jurídica. Pasó, en su día, cuando Javier Gómez Bermúdez resultó ser el presidente del tribunal y, posteriormente, ponente de una de las sentencias más relevantes de las últimas décadas: la del juicio sobre los terribles atentados del 11 de marzo de 2004. Al principio, todas las sospechas iban dirigidas hacia su supuesta afinidad conservadora, que le haría próximo a los intereses del Partido Popular. Que en aquellas épocas, no lo olvidemos, tiraban por la vía de la teoría de la conspiración, de la alucinógena tesis de que dichos atentados fueron poco menos que planeados por el PSOE, en comandita con ETA y los servicios secretos marroquíes. El desenlace, si hubiera acaecido en estos tiempos del clickbait, habría debido llevar la necesaria coletilla de “te sorprenderá”. Tanto que, a continuación de la sentencia, el magistrado pasó a ser visto por la prensa conservadora como el brazo judicial de Rubalcaba. Ahí lo llevas.

Imagínense lo que puede suceder cuando se trata de un nombramiento discrecional, como pueda ser el de un nuevo Fiscal General del Estado, figura clave en la arquitectura jurídica de este país. El candidato designado en esta ocasión, que no aparecía en ninguna de las quinielas habituales, ha sido Jose Manuel Maza Martín, magistrado de la Sala 2ª del Tribunal Supremo.

La primera, en la frente: el elegido es un “juez ultraconservador”, según algunos medios. Madre mía, que contundencia. Parecería que el susodicho fuera miembro de alguna congregación religiosa de la carcundia más recalcitrante.

Hombre, no vamos a ponernos ahora a sostener que alguien designado por un gobierno del PP sea próximo a las posiciones de Podemos o de la CUP, precisamente. Sin embargo, para haberle puesto la etiqueta tan rápidamente, habría que examinar algunas de las resoluciones que han salido de su puño y letra.

Por poner un ejemplo, podemos (nunca mejor dicho) ver la querella presentada en su día contra Pablo Iglesias e Iñigo Errejón, ya ambos con el acta de diputados, y que llegó a la Sala 2ª del Supremo, tribunal natural llamado a instruir y juzgar las causas contra aforados. Nuestro protagonista, designado instructor para esta causa, la archivó, dejando libre de toda culpa y sospecha a los dirigentes políticos de la formación morada. Caramba, que forma tan curiosa de alineamiento ideológico…

Otro ejemplo sería el famoso pleno que deliberó sobre la llamada “Doctrina Botín”, ya saben, ese invento según el cual no puede continuarse un procedimiento cuando acusación particular y Fiscalía renuncian a pedir el enjuiciamiento, y el único que sostiene acusación es la popular. Esta decisión permitió salir indemne de un proceso penal al banquero más poderoso del Reino, el difunto Emilio Botín. Una  sentencia tan discutible que salió adelante con cuatro votos particulares en contra, siendo el de Jose Manuel Maza uno de los más contundentes. Vaya, parece que tampoco se pliega a los poderes económicos, que ultraconservador tan raro.

Otra de las veces en que Jose Manuel Maza se apartó del sentir de la mayoría de la Sala 2ª, fue cuando se planteó una querella contra el antiguo presidente del CGPJ y del propio Tribunal Supremo, Carlos Dívar, por aquel asuntillo de los fines de semana “caribeños” a costa del contribuyente. Él fue uno de los pocos partidarios de abrir procedimiento por un posible delito de malversación de caudales públicos contra la cabeza visible del Poder Judicial. ¿Pero es que ni siquiera respeta el corporativismo del “perro no come perro”? Dónde vamos a parar…

Así que, cuando la munición mediática para situarle como próximo al PP es que emitió un voto particular favorable a la condena de Garzón por el asunto de los crímenes del franquismo, contra el criterio absolutorio del resto de la Sala 2ª, me permito el lujo de poner tal argumento en cuarentena. Al fin y al cabo, como ya les he dicho, las opiniones jurídicas discrepantes son el pan nuestro de cada día en esta profesión.

A pesar de todo, no seré yo quien, en relación con la independencia de la Fiscalía General del Estado como institución, me apresure a considerar directamente a Jose Manuel Maza como “El elegido”, el que traerá el equilibrio a la Fuerza y la paz a la Galaxia. Pero cuando menos, y a la espera de que se ratifique su nombramiento, quisiera concederle el sano beneficio de la duda. Esperemos a que sean sus actos en dicho cargo los que le definan.

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