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Por favor, no disparen al juez

En los últimos tiempos, ser juez se parece cada vez más a ser el pianista de un "saloon" del Salvaje Oeste de las películas de vaqueros: todo el mundo tira contra ellos, aunque sea de rebote.

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Recientemente, se ha puesto de manifiesto un luctuoso suceso que ha acaparado titulares de prensa, lo que parece ser otro execrable crimen de violencia machista. Cometido, además, en dos etapas. Pero eso lo hemos sabido a posteriori, y además, todo bastante liado. En un primer momento, apareció una mujer con graves lesiones en la cabeza, hasta el punto que estaba en coma. Su marido, contra el que no pesaba ninguna denuncia anterior, ni existía previa sospecha, le dijo a los investigadores de la Guardia Civil que un desconocido había entrado en la vivienda mientras el dormía, y había agredido a su mujer para robarles. 

Así que, con este único testimonio, y en ausencia de más pruebas, se abrió un procedimiento por robo con violencia en casa habitada. La mujer quedó ingresada en un hospital, en la UCI. Su marido, considerado mero testigo, quedó libre de culpas, y por supuesto, con todos sus derechos incólumes, incluido el de aproximarse a su esposa, y pernoctar en la habitación del hospital con ella. 

Sin embargo, cosas del instinto policial, la cosa no terminaba de encajarles a los agentes de la Benemérita. Eso de las huellas dactilares y el ADN hasta en la sopa es algo que queda muy bien en CSI, pero no siempre se produce en la realidad, así que imagino que mucha evidencia material no tenían. Pero hecho un cesto, hecho ciento, como dice el refranero, y la experiencia es un grado en estos casos. Así que le comunicaron sus sospechas a la magistrada del Juzgado de Instrucción. 

Y si esto fuera una película, como la unánimemente aplaudida "No habrá paz para los malvados", dirigida por Enrique Urbizu y protagonizada por Jose Coronado, ahí hubiera quedado la cosa. Esta cinta sería elegida comedia involuntaria del año por los jueces de instrucción de media España, si se celebrara un certamen al respecto: en ella, la juez Chacón, a quien encarna Helena Miquel, se pasa por la comisaría casi más que por su juzgado, y prácticamente vive con la sombra permanente de un policía judicial, interpretado por Juanjo Artero, que parece su ayuda de cámara. Y por supuesto, por necesidades dramáticas del guión, todas las decisiones las toma de palabra, en un arranque de decisión y coraje. Ole y ole. 

El problema viene cuando salimos de la ficción, y nos chocamos con la cruda realidad. Por muy bonito que suene el nombre, la "Orden de protección" que creó la Ley de Violencia de Género es, como la prisión provisional, una medida restrictiva de derechos: los del imputado. Y con esas cosas no se juega, hay que motivarlas, explicando cuales son los indicios razonables que te llevan a adoptar la resolución, y donde está el peligro inminente que hace proporcional su uso. 

Así que, aunque no estuve presente en la conversación entre los agentes y la magistrada, me la puedo imaginar perfectamente:

-Señoría, sospechamos que lo del robo es mentira. Creemos que fue el marido.

-Ajá, pues pónganmelo en un atestado, y yo dicto la orden de protección. 

-Es que no tenemos nada sólido, señoría, sólo sospechas.

-Pues vuelvan cuando tengan algo, que yo no me puedo inventar las cosas. Eso se llama prevaricación. 

Pero claro, a diferencia de la famosa frase, de que uno es dueño de sus silencios pero esclavo de sus palabras, los agentes de policía judicial son dueños de sus palabras, pero esclavos de sus escritos. Todo lo que un investigador policial le cuenta extraoficialmente a un juez, en confianza, queda en el limbo. Los romanos, como en tantas otras cosas, lo explicaban con una sola frase lapidaria: quod non est in actis, non est in mundo. Si no está en el papel, no existe. Por la misma regla de tres, una vez que se presenta un atestado policial, con el nº profesional del agente y su firma, pasa a formar parte del expediente judicial. Así que si el agente se columpia con sus intuiciones, el que la caga es él, con nombre y apellidos.

Por eso, el viejo truco de contárselo al juez y que actúe él, ya si eso, se lo conocen muchos. Y no le funciona a casi ninguno, salvo que tope con algún imprudente, o alguien con ansias de notoriedad. El juego se llama "mójate tú, que a mí me entra frío". 

Y  no, no estoy especulando sin fundamento. Cuando un cuerpo policial tiene datos suficientes de que un sujeto es sospechoso de haber cometido un delito, no necesitan mucho más para actuar: directamente lo detienen y lo ponen a disposición judicial. Es la famosa imputación no judicial, de la que tantas veces hemos hablado por aquí. Nada de eso sucedió en este caso.

Sin embargo, cuando las sospechas se confirman, como ha sido el trágico resultado de este caso, y el sospechoso de lesiones termina siendo imputado por asesinato, tenemos un problema. Algo ha fallado. Se ha producido una muerte que debería haberse evitado, así que el juego cambia: ahora se llama “cargar culpas a otro”. Y de repente, “fuentes policiales” le cuentan a los periodistas lo de la conversación de los guardias civiles con la juez de instrucción. Y empieza a sumarse gente al carro del linchamiento, como supuestos expertos de todo pelaje, que hablan de “fallos en los protocolos de protección a la víctima”.

¿Pero qué protocolos? Por favor, volvamos al principio: el procedimiento se incoa por un robo con violencia sin autor conocido. De hecho, lo más probable es que el asunto estuviera archivado, precisamente por la ausencia de imputado. Es un delito ordinario, en el que no se aplica el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el que regula la orden de protección a víctimas de violencia de género.

Entonces, ¿no se podía haber hecho nada? Pues sí, sí que se podía, desgraciadamente. A pesar de las limitaciones que les imponen las leyes procesales, los jueces no son máquinas insensibles a cualquier dato que no esté en los papeles. Usando exactamente la misma vía extraoficial que usaron los agentes, la de la conversación informal, la juez recomendó a la Guardia Civil que pusieran vigilancia en la habitación del hospital. Para eso, no hacía falta ninguna resolución judicial, motivada ni sin motivar. No se trata de una medida restrictiva de derechos fundamentales, ni siquiera de una diligencia de investigación judicial. Es más, establecer un servicio de vigilancia permanente, con sus turnos, sus nocturnidades y sus relevos de personal, es una cuestión puramente administrativa, que cae completamente fuera de las competencias de la autoridad judicial, y en cambio, queda íntegramente dentro de las potestades del mando policial de que se trate. 

Lo triste de estos casos es que a los jueces les acostumbran, ya desde su periodo de formación, a que no deben hablar mas que a través de sus resoluciones. Y recientemente, el presidente del CGPJ ha dejado bien clarito que a él, la judicatura  le gusta silenciosa. Así que resulta muy barato y poco arriesgado disparar contra el pianista en este “saloon”: es el único que no devuelve los disparos.

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