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La fiscal que escribió p***

Los fiscales responden ante la ciudadanía de lo que hacen en juicio y lo hacen a través del canal lógico, los medios de comunicación

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Desde pequeñito me gustaron las películas de juicios, creo que no descubro ningún secreto a estas alturas. Recuerdo que había una escena que solía ser recurrente: el fiscal del distrito sale de una vista y se ve rodeado por reporteros y cámaras de televisión, que recaban su opinión sobre lo que acaba de acontecer en el tribunal. En España sólo verán algo así con los abogados de las partes, ya sean defensas, ya acusaciones particulares o populares. 

La diferencia es obvia, allí el fiscal del distrito es un puesto político, un cargo que sale de unas elecciones, lo mismo que el alcalde o el gobernador de un Estado. La fiscalía federal es otra historia, claro: el U.S. General Attorney es bastante más que el equivalente a nuestro fiscal general del Estado. Tiene rango ministerial, pero además es el máximo asesor jurídico del Gobierno, el jefe de la abogacía del Estado y es el máximo responsable de algunas de las principales agencias de investigación, como el FBI.

El caso es que, por aquello de la cosa pública, los fiscales responden ante la ciudadanía de lo que hacen en juicio, y lo hacen a través del canal lógico, los medios de comunicación. Como aquí. 

No, esperen, es en serio. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que una de las funciones de los fiscales es informar a la opinión pública de los asuntos que sean del interés de ésta, siempre que se respete el secreto de actuaciones.

La previsión de cómo ha de hacerse este traslado al público es la Instrucción de Fiscalía General del Estado 3/2005, de 7 de abril, sobre relaciones con los medios de comunicación. Para ahorrarles la lectura de las 42 páginas del documento, podemos resumir en que la principal manera de comunicarse con la prensa será a través de la remisión de escritos de calificación e informes a las oficinas de prensa de los TSJ o de la propia Fiscalía General, tras haber sido presentados en el órgano judicial correspondiente. Además, se advierte expresamente contra la posibilidad de participar o colaborar con programas o publicaciones que caigan en los llamados “juicios paralelos”, es decir, cuando la prensa decide qué parte del procedimiento traslada a sus lectores, oyentes o espectadores, y da una interpretación que no siempre coincide con criterios estrictamente jurídicos. 

¿Un ejemplo de este tipo de manipulaciones? Lo que ha sucedido con el escrito de impugnación del recurso de apelación presentado contra la sentencia que condena a Rita Maestre por lo de la capilla de la Complutense. ¿Lo qué? Esperen, que les pongo el titular con el que casi se me atraganta el desayuno la semana pasada:

 «Están en su derecho de alardear de ser putas», pero no en una capilla

Es del diario La Razón, y va firmado por F. Velasco, aunque he encontrado artículos similares de la misma fecha. Claro, uno lee semejante frase y ya piensa en una fiscal vestida de inquisidora, tea ardiente en mano, que quiere llevar a la pobre concejal a la hoguera.

¿De donde viene todo esto? Porque, como lector, entiendo que se me está hurtando una parte de la historia. Puesto fuera de contexto, parece una sarta de imprecaciones machistas, sin responder a nada en concreto. Algún medio, como La Vanguardia, ha llegado a afirmar alegremente que la fiscal insulta a la acusada, tildándola con esas palabras.

Así que vamos al origen. El 18 de marzo de 2016 se dicta sentencia en el Procedimiento Abreviado 165/2014, del Juzgado de lo Penal nº 6 de Madrid, que pueden leer aquí.

En los hechos probados de la sentencia, se recoge que los participantes en el acto del 10 de marzo de 2011 leyeron un manifiesto en el que, entre otras cosas, se dijo lo siguiente: 

“[…] hoy, nos apropiamos de su espacio para

gritarles que somos quiénes queremos y nos reímos de sus

identidades excluyentes y obsoletas:

Ni impura ni virgen, libre!

Transmaricabollo!

Viciosa!

Maricón!

Puta!

Deseante!

Autónoma!

Lesbiana!”.

Al folio 13 de la sentencia, por otro lado, se recoge que una de las participantes, tras quitarse la camiseta, muestra escrita en el torso la palabra “ bollera”. 

El resaltado es mío. El resto, las palabras y su contenido, ni son de la juez, ni de la fiscal. Son palabras escritas o pronunciadas por quienes participaron en aquel acto.

Tras la sentencia, vino el recurso de apelación de la defensa. Desconocemos su contenido, no he conseguido encontrarlo publicado en ningún sitio. Así que desconocemos los términos en los que se carga contra juzgadora y fiscal en dicho recurso, si son de guante blanco, o si se cae en la descalificación gratuita en nombre del sagrado derecho de defensa, cosa que sucede más a menudo de lo que sería deseable. Por eso les digo que nos hurtan parte de la historia. Es como si, en un duelo en una película, alguien borra en postproducción la espada de uno de los luchadores: sólo veríamos a uno de ellos asestar mandobles, mientras que el otro aparece desarmado. Y no es así: el documento de la fiscalía reacciona a uno previo de la defensa, y se limita a transcribir palabras empleadas por los implicados; la única aportación de propia cosecha es que, para resumir que en unos casos se leen como parte de un manifiesto bastante combativo y en otros casos se muestran escritas sobre la piel, usa el término “alardear”. 

Y después de la información manipulada, llega la opinión. Mientras leía distintos artículos sobre el particular, me he encontrado con esta “carta abierta” de Jesús Maraña, director de InfoLibre. De verdad, no tiene desperdicio. No se crean que se limita a criticar a la fiscal, oiga, que se atreve incluso a corregir la estrategia de la defensa, ovación y vuelta al ruedo. 

Empieza la primera de sus consideraciones personales criticando que se haga tanta referencia al lugar donde se produjeron los hechos. Al parecer, le choca. Si se hubiera leído el artículo 524 del Código Penal, y después hubiera asistido a alguna clase de parte general de dicha rama del Derecho, y hubiera puesto todo eso en conexión, hubiera colegido que, precisamente, el cometerse los hechos en un lugar de culto es lo que se conoce como “elemento nuclear del tipo”. Si el lugar no es de culto, desaparece el delito. Es más, la propia sentencia lo dice, expresamente, en varias ocasiones, con profusa cita de jurisprudencia.

A continuación, el autor se mete con el uso de las mayúsculas y las minúsculas, para atribuirles significado ideológico. Si se leen el escrito completo, enlazado en el artículo, comprobaran que dicho uso, en realidad, es bastante caótico. Las palabras “católico”, “culto” y “altar” se escriben indistintamente en mayúsculas y minúsculas. No he realizado un recuento, entre otras cosas porque el archivo es fotográfico, lo que no facilita una búsqueda por palabras, pero creo que “católico” se escribe más veces en minúsculas que en mayúsculas. Puestos a especular, yo diría que la fiscal tira de mayúsculas cuando quiere recalcar que estamos ante la esencia del delito. 

Por último, el autor invita alegremente a la fiscal a prevaricar, pues considera que, aunque el tipo delictivo está en el Código, como no entra en su concepto de lo que es democrático, debería haberlo ignorado conscientemente. Y para poner la guinda, dice que, al contestar al recurso de apelación contra una sentencia condenatoria, la fiscal "difama". La última vez que oí algo semejante fue en el juicio contra el atracador conocido como "El Solitario". Esposado, en el banquillo, después de oír los hechos que le imputaba el fiscal, le soltó: "Está realizando usted acusaciones muy graves". Y se quedó tan ancho. 

En resumen, en este tipo de actuaciones, los jueces y fiscales quedan convertidos en muñecos del pim-pam-pum, que son vapuleados en función del mensaje que se quiere transmitir. 

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