eldiario.es

Síguenos:

Boletines

Boletines

Menú

¿Es insuficiente la actual Ley de Violencia de Género?

Una regla no escrita del periodismo dice que, en toda noticia cuyo titular plantee una pregunta, el cuerpo del artículo debe dar una respuesta negativa a la misma

Veamos cómo se aplica ese postulado en esta tesitura

76 Comentarios

- PUBLICIDAD -

La semana pasada le hemos echado un vistazo a la Ley de Violencia de Género, repasando las críticas que recibe por aquellos que la consideran excesiva y discriminatoria para con el género masculino. No obstante, curiosamente, también se le acusa de lo contrario. Siempre he dicho que la Justicia sería un negocio ruinoso en caso de privatizarse, pues por definición deja insatisfecho al 50% de la clientela, aunque en este caso llegamos a extremos propios de una operadora de telecomunicaciones.

Sin embargo, entiendo que gran parte de la desaprobación que recibe esta legislación, por tibia, ineficaz o insuficiente, es equivocada. Bien sea porque no se han visto todas sus posibilidades; bien porque lo que se critica no es su letra, sino la siempre mejorable aplicación de la misma; bien porque las propuestas para “mejorarla” nos situarían en algo cercano a un Estado totalitario. Y eso no se me ha ocurrido a mí, sino que lo plasmó elocuentemente la abogada Isabel Elbal.

El vendaval ha arreciado, sobre todo, a raíz de la polémica por el llamado “caso Juana Rivas”, del que creo que ya se ha escrito casi todo lo que podía ponerse negro sobre blanco. Curiosamente, a este medio se le ha acusado en numerosas ocasiones de tener una monolítica línea editorial en favor del feminismo más “furibundo”, léase con todas sus comillas, y hasta con Mike Myers interpretando al Doctor Maligno.

Y sin embargo, en el culebrón jurídico-mediático de este verano, aquí se han publicado opiniones fundadas, jurídicamente sólidas, emitidas por mujeres con conocimiento profundo del mundo del Derecho, bien por su ejercicio profesional en el mismo, bien por su cercanía desde el periodismo especializado. Y si de algo se les ha acusado, con profunda injusticia, es de traicionar al feminismo en este caso. ¿Por qué? Porque no dicen lo que algunos quisieran oír.

Pero, ¿qué reproches recibe la legislación española en todo este asunto? Sobre todo, parece que escandaliza el hecho de que alguien condenado por maltrato no pierda, automáticamente, y para siempre jamás, la posibilidad de criar a sus hijos, tenerlos en su compañía o comunicarse con ellos. En realidad, esto afecta a varias aspectos distintos, por lo que habrá que diseccionar la cuestión, porque igual resulta que nos llevamos alguna sorpresa.

En primer lugar, todos los tipos delictivos relacionados con la violencia de género llevan aparejada una pena accesoria de “inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento”. En el caso del maltrato simple, no habitual, el que tiene penas de prisión de seis meses a un año, esta inhabilitación puede imponerse por un periodo de cinco años. O sea, que la pena existe.

El matiz es que, a diferencia de la privación para el derecho a la tenencia de armas, o el alejamiento respecto de la víctima de la agresión, que son de aplicación obligatoria en la sentencia, la inhabilitación depende de que el juez o tribunal lo consideren adecuado al interés del menor. 

Este mismo efecto, en su modalidad de medida cautelar de suspensión se ha contemplado, en la reforma de la ley introducida en 2015, en la fase preliminar del procedimiento, cuando aún no se ha llegado a juicio. Es lo que se ha reprochado por parte de la famosa y criticada asesora-que-no-abogada de Juana Rivas. ¿Por qué no se aplicó en este caso? Muy sencillo, porque ni siquiera llegó a comenzar la instrucción del procedimiento: el juzgado de violencia de género de Granada no era competente, por falta de jurisdicción internacional, ya que los hechos denunciados no se habrían producido en España, sino en Italia. Y si el juzgado no es competente, no puede acordar medidas cautelares.

Pero, ¿y el artículo 17 del Estatuto de la Víctima? Este precepto se ha sacado a relucir hasta la saciedad, recordándose que las víctimas de un delito en el extranjero pueden denunciar en España. Lo que se nos ha omitido, también hasta la saciedad, es que las víctimas que pueden acogerse a esa previsión, obviamente, son las que residen habitualmente en España. Es de una lógica aplastante: si usted viaja por la Unión Europea y es víctima de un delito, pongamos, en una visita a París, repugna al sentido más elemental de la Justicia que tenga que prolongar su estancia en Francia hasta que los tribunales de ese país den curso a su denuncia. Ahora bien, si la víctima española vive y reside habitualmente en ese país europeo, y aprovecha un viaje a España para denunciar unos hechos acaecidos allende nuestras fronteras, subyace la fuerte sospecha de que pueda intentar acogerse a una legislación que le resulte más beneficiosa. En argot jurídico, eso se conoce como “forum shopping”, y es un fraude de ley como una casa. 

Por eso, en caso de falta de jurisdicción, lo que se impone es el envío de la denuncia al país competente. ¿Cómo se hace eso? Pues primero hay que enviar el procedimiento a un servicio de traducción validado por el Ministerio de Justicia, o la comunidad autónoma que tenga competencias transferidas en la materia, para que lo transcriban al idioma oficial en el país destinatario. Al parecer, este ha sido el problema con la denuncia de Juana Rivas, que la traducción al italiano no llegaba. Por eso, resulta de un sarcasmo hiriente ver a la Junta de Andalucía jaleando todo este embrollo, mientras sus propias deficiencias en materia de auxilio a la Administración de Justicia parecen ser las responsables de esa lentitud y dejadez que se achaca a los jueces.

Pero sigamos con la suspensión de la patria potestad. Obviamente, sea pena firme o medida cautelar, tiene que respetar el principio de proporcionalidad. Valorar los bienes jurídicos en conflicto, como son la seguridad e integridad física de los menores, y el derecho que tienen a relacionarse con sus progenitores. Si el riesgo para las primeras es mínimo, es obvio que debe prevalecer el segundo. ¿Quién decide hacia que lado se inclina la balanza? Pues el juez, obviamente, asistido de los profesionales técnicos que le asisten. Por ejemplo, se ha hablado mucho de las Unidades de Valoración Forense Integral, a las que se refiere la disposición adicional segunda de la ley, y que supuestamente deberían haber examinado a los hijos de Juana Rivas. Como todo en este asunto, la UVFI hubiera entrado en funcionamiento si el asunto fuera de la jurisdicción española, lo que no era el caso. 

Entonces, ¿quién examinó a esos niños? Pues, al parecer, el psicólogo adscrito al juzgado de familia, que era el que estaba examinando la causa civil de sustracción de menores, conforme a la reclamación formulada por las autoridades italianas. Que no estaba colegiado, según nos recalca la asesora-que-no-abogada. Sorpresa. Les voy a confesar algo: yo tampoco estoy colegiado como abogado. Lo mismo que ninguno de los jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia o abogados del Estado que conozco. Y si alguno lo está, será en su condición de no-ejerciente. Porque los colegios profesionales son corporaciones que aglutinan a profesionales que ejercen en la esfera privada, y eso suele ir en contra del régimen de incompatibilidades de la inmensa mayoría de funcionarios públicos, especialmente los que trabajan para la Justicia. ¿Significa que no estaba capacitado para emitir un dictamen? Ni por lo más remoto. Un psicólogo adscrito a un juzgado de familia ha visto suficientes conflictos familiares en su carrera, como para determinar si existe alguna de las circunstancias de riesgo del artículo 158 del Código Civil.

Por otro lado, cualquier pena que se imponga a un maltratador tiene unos límites muy concretos. No puede ser a perpetuidad, y cuando se cumple, los antecedentes penales tienen un plazo limitado de vigencia. El marido de Juana Rivas, según se nos cuenta, fue condenado en 2009, a una pena de varios meses de prisión, y algo más de un año de alejamiento. Con el Código Penal en la mano, artículo 136, esos antecedentes están más cancelados que la hipoteca del Partenón. Y si están cancelados, no cuentan para nada. Así que, no, lo siento mucho, pero si vuelve a cometer otro delito de esa naturaleza, no es reincidente. Eso, en el caso de que sea condenado.

Porque otra de las cuestiones que me alarman profundamente, de las quejas vistas y oídas respecto a la legislación sobre violencia de género, es que la mera interposición de la denuncia hubiera debido tener algún tipo de efecto, aunque se archivase. Eso, simple y llanamente, es una barbaridad. Supone una inversión de la carga de prueba inaceptable, cargarse la presunción de inocencia y mandar al garete uno de los pilares básicos del Estado de Derecho, o de cualquier cosa que se le aproxime. 

Si la denuncia es fundada, habrá indicios que la sustenten. La misma declaración de la víctima, por ejemplo, si reviste los requisitos que vimos la semana pasada. A partir de ahí, se pueden adoptar medidas cautelares de protección. Pero el simple hecho de acudir a una comisaría e interponer una denuncia, no puede acabar en una orden de protección, una suspensión del régimen de visitas, o cualquier otra restricción de derechos similar. Y no, lo siento pero una oficina administrativa de atención a las víctimas, por muy especializada que sea, no puede suplantar a un juzgado de instrucción. 

Hace poco, he leído la sentencia galardonada como mejor resolución de género del mundo, dictada por un tribunal español del orden social. Desde luego, es muy avanzada en la aplicación de las normas laborales y de Seguridad Social, y contempla un concepto de víctima de violencia muy amplio. Me parece perfecto, y todo lo que sea extender los efectos protectores del Estado sobre las víctimas tendrá mi aplauso. Pero en un tribunal penal, y como sustento de una resolución condenatoria, hubiera sido una auténtica aberración, porque consideró maltratador a una persona que no tuvo posibilidad alguna de haber sido oída en juicio, y admitió como válidas pruebas que no podrían haber sido objeto de contradicción por la defensa del acusado.

Entonces, podrán preguntarse legítimamente: si la legislación penal española es tan bonita y redonda, ¿por qué las siguen matando? ¿Por qué tenemos una estadística de mujeres asesinadas por sus parejas o ex-parejas que no disminuye? Porque la ley es papel, y el papel no detiene las balas, ni para los cuchillos, ni protege contra el fuego. 

Una orden de protección es un auto firmado por un juez, pero sin medios suficientes para llevar a cabo sus previsiones, no funciona. Sin suficiente policía para controlar los alejamientos y disuadir a los quebrantadores, no funciona. Sin servicio de escolta para los casos más alarmantes, no funciona. Sin un dispositivo telemático de control que no falle más que una escopeta de feria, no funciona. Y sobre todo, con una Administración de Justicia esclerotizada por unos medios arcaicos e insuficientes, producto de una política de inversiones demencial, no funciona.

- PUBLICIDAD -

Comentar

Enviar comentario

Enviar Comentario

Comentarios

Ordenar por: Relevancia | Fecha