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Los jueces de Berlín

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Cuenta una vieja historia que el rey Federico II de Prusia, conocido como “El Grande”, decidió desposeer de sus tierras a un humilde molinero, por razones que ahora no vienen al caso. El súbdito se negó a ceder, y el rey mandó que le expropiaran. Sin embargo, el molinero acudió a un juez, y éste le dio la razón, habida cuenta de lo injusto y arbitrario de la pretensión del monarca. Ante el plante del magistrado, finalmente el soberano desistió de su capricho, admirado del carácter del villano y de la inquebrantable imparcialidad del togado. Su frase, “veo con alborozo que aún quedan jueces en Berlín”, es un excelente resumen de que, incluso ante la más avasalladora de las legislaciones, siempre se puede confiar en que haya un juez que le pare los pies al Poder.

Esta frase volvió a mi memoria esta semana, cuando me enteré de que un juez de lo contencioso-administrativo había revocado una sanción impuesta por la expeditiva vía de la Ley Orgánica de Protección Ciudadana, más conocida por su sobrenombre de Ley Mordaza.

Efectivamente, tal y como comentábamos la semana pasada, al hilo del delirante anteproyecto de ley autonómica madrileña de protección del honor, la política legislativa en estos tiempos que nos ha tocado vivir, es muy clara: la huída al Derecho Administrativo.

Para los profesionales del Derecho, se conoce con el término “huída al Derecho Penal” aquella tendencia de intentar resolver todo tipo de cuestiones a través de la jurisdicción criminal, cuando tendrían perfecto acomodo en otras ramas del ordenamiento jurídico, y en otros tribunales menos expeditivos.

Los ejemplos son múltiples, pero algunos de ellos son paradigmáticos, por engrosar una buena parte de nuestra población reclusa: los delitos contra la seguridad vial, antaño meras infracciones de tráfico, o los delitos de abandono de familia, en su modalidad de impago de pensiones, que son una auténtica “prisión por deudas”, remedio desterrado hace siglos, por abusivo.

Por ponernos en plan “abuelo Cebolleta”, el termino “obligación” proviene del latín ob ligare. En resumen, que cuando una persona se negaba a pagar sus deudas, el acreedor tenía el derecho de amarrarle con cuerdas y llevárselo, para pagarse con su persona. Frecuentemente, vendiéndolo como esclavo. Unas ligaduras bastante literales, ¿no creen?

El caso es que nuestro muy deficiente sistema de ejecución dineraria de sentencias ha llevado a que las sentencias de divorcio en las que se incumple el pago de la pensión de alimentos, queden en agua de borrajas. Como ya les conté hace tiempo, la información económica que pueden obtener los tribunales se basa en los datos de Hacienda, sobre las declaraciones de IRPF, Patrimonio y otros impuestos, que siempre van a ejercicio vencido. Así que el moroso lleva siempre un año de ventaja, sin contar con la exasperante lentitud de la notificación de requerimientos judiciales de pago. Así que, para un ex-cónyuge decidido a negar a sus hijos el pan y la sal, es tarea bastante sencilla resultar insolvente a ojos de la Justicia. Y reclamaciones, al maestro armero.

Así que, hasta ahora, la tendencia era que el legislador, y muchos operadores jurídicos, tratasen de alcanzar por vía penal, amenaza de cárcel mediante, lo que no lograban con soluciones legales más, digamos, civilizadas.

Sin embargo, de un tiempo a esta parte, los mandamases de este país se han encontrado con un serio obstáculo a la hora de ejecutar sus designios en otros ámbitos: los jueces. La primera señal de alarma la dieron los lobbies de propiedad intelectual. Tras muy mediáticas redadas, como “la mayor operación de Europa contra la piratería en Internet”, los resultados han sido bastante decepcionantes, por no decir bochornosos: la mencionada operación, que llevó al cierre de webs como Naiadadonkey, Spanishare y otras chicas del montón, ha terminado con un rosario de sobreseimientos y sentencias absolutorias. Pero no esperen ver o leer algo de eso en los medios tradicionales. Así que gobierno y parlamento fueron “concienciados” por grupos de presión como Promusicae, a cuyo presidente escuché, en riguroso directo, tildar de “gilipollas” a un juez, mientras le reían la gracia el Ministro de Justicia y la Ministra de Cultura de la época. Y entonces apareció la Ley de Economía Sostenible, una norma plagada de buenas intenciones sobre cómo transformar nuestro modo de subsistencia, basado en el ladrillo, en el paraíso del I+D+i. Pero, sorpresivamente, en una disposición adicional, fuera del articulado ordinario, se colaron una serie de normas exorbitantes que facultaban a un órgano administrativo, la Sección Segunda (S.S., para los amigos) de la Comisión de Propiedad Intelectual, para cerrar páginas web por el morro. Había nacido la "Ley Sinde".

El segundo embate vino con la protesta callejera. Ante la movilización ciudadana crecida al calor del 15-M, ya saben, aquella reunión de cuatro gatos que no iba a cambiar nada, el aparato represivo del Estado se puso las pilas, y empezaron a trabajar las Unidades de Intervención Policial. Un mal gesto, una mala mirada, y el agente uniformado te pedía la documentación, mientras su número de identificación profesional quedaba bien oculto bajo la armadura blindada con la que les equipan. La negativa a cumplir ese requerimiento solía acarrear, como mínimo, una denuncia por una falta de desobediencia leve. Nada muy gravoso, sin pena de prisión, sólo una multa calculada en base a los ingresos del ciudadano.

Pero, cosas de la vida, muchas de esas denuncias quedaban ensombrecidas por la duda de un exceso en la actuación policial. Un eufemismo como cualquier otro. El caso es que, a la citación para acudir a juicio, la defensa de los denunciados solía responder con una solicitud de que se identificara al agente concreto que había cursado la denuncia. Una formalidad, ya saben, estas cosas del derecho de defensa y el principio de contradicción, que permiten a una persona denunciada poder confrontar a su denunciante y discutir su versión. Pero claro, si el agente se identificaba y comparecía a juicio, la posibilidad de que el ciudadano denunciado presentase un parte de lesiones, y acabara denunciando al agente por los palos recibidos, era demasiado elevada.

La solución se la adelanté  hace ya muchos años, cuando comenzaba a darle a la tecla en este medio: se suprimen las faltas, algunas de ellas pasan a denominarse “delitos leves”, y otras, como la desobediencia leve, se transforman en infracción administrativa.

Porque ahí, el ciudadano tiene todas las de perder. Ante una denuncia por infracción administrativa, se tramita un expediente sancionador en el que el Ejecutivo es juez y parte, y rara vez se atienden los argumentos y pruebas presentados por el denunciado. Para empezar, porque el funcionario policial cuenta con una ventaja que no tiene en un juzgado: la presunción de veracidad.

Pero no era suficiente. Entonces llegó la Ley Mordaza, con sus abrumadoras multas, de muchos ceros, pues no se calculan conforme a los posibles del sancionado, sino que atizan por igual al pobre de pedir y al dueño de un conglomerado industrial que tributa en paraísos fiscales. Y cuídese usted de recabar pruebas de los posibles abusos policiales mediante el uso de tecnologías de captación de la imagen, que según y cómo las utilice, igual se lleva lo suyo por “poner en peligro” a los agentes.

Sin embargo, este muy imperfecto sistema nuestro sigue teniendo sus garantías. Y toda sanción administrativa es recurrible ante los tribunales, y el orden jurisdiccional contencioso-administrativo es el encargado de vérselas con estos pleitos. Fíjense, el procedimiento judicial no se inicia mediante demanda, sino a través de recurso. Es decir, el ciudadano, “administrado” para nuestra legislación, ya comienza jugando esta partida de ajedrez legal con piezas negras, a la contra.

Y a pesar de todo, aún existe un resquicio para la esperanza, como en la recién estrenada Rogue One. En este caso, no se trata de robar los planos de la Estrella de la Muerte, pero casi. La esperanza es que un juez decida que la simple versión policial, sin más contraste, no es suficiente para sancionar a un ciudadano. Que igual hay que escucharle, y a dar a su versión el peso que merezca, según los argumentos y evidencias que aporte.

El epílogo de esta historia, sin embargo, no es un exceso de optimismo. Ya me advertía el docto Andres Boix Palop de que una pequeña reforma legal, y estas alegrías judiciales igual se acabarán tan rápido como llegaron. Mientras tanto, alegrémonos de cada pequeña victoria de un ciudadano que consigue plantar cara. Porque el próximo que pueda verse en esa tesitura puede ser usted. O yo.

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