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La legalidad

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En muchas ocasiones, cuando he traído a colación algún asunto judicial de actualidad, y he tratado de desentrañarles las claves técnicas del mismo, me he encontrado con cierta incomprensión por parte de un sector de los lectores. No es que me queje, ya saben, “a quien no le guste el calor, que no se meta en la cocina”. Pero lo cierto es que algunos lectores tienden a responsabilizar a los operadores jurídicos, o sea, jueces, fiscales y abogados, de lo que no son más que consecuencias directas de la aplicación de la ley.

El ordenamiento jurídico, y esto es algo que se aprende en primero de Derecho, está formado por la ley, la costumbre y los principios generales. Pero en la rama penal, los dos últimos quedan arrumbados, y rige la legalidad más estricta. Lo que no está en el código no se computa. Un juez no puede inventarse la ley, ni salirse de sus cauces, por mucho que le reviente una injusticia manifiesta. 

¿Por qué les salgo con esto? Obviamente, por un par de sentencias de reciente publicación, así como sus consecuencias procesales posteriores, y que son de las que afectan profundamente a la opinión pública. Sí, me estoy refiriendo a los casos del Instituto Nóos y las llamadas “tarjetas black”.

La cuestión es que, en ambos casos, algunos de los acusados con peor imagen ante la opinión pública han sido condenados a penas de prisión. Sin embargo, ninguno de ellos ha ingresado todavía en centro penitenciario alguno. Así, la gente ve a Rodrigo Rato, Iñaki Urdangarin o Miguel Blesa tan campantes, y se irrita contra los jueces, empieza a hablar de que si la Justicia está corrupta, y tal y cual.

Miren, no seré yo quien les diga que la ciudadanía carece de razones para pedir una guillotina en la Plaza Mayor. Sobre todo cuando miramos allende los mares, y vemos que un estafador mayúsculo como Bernard Madoff fue juzgado y condenado en solo seis meses, y que su condena fue de tres penas de 50 años de prisión cada una.

La cuestión es que, volviendo a nuestras fronteras, ambas sentencias están pendientes de recurso, que en este caso sólo puede ser de casación ante la Sala 2ª del Tribunal Supremo. Es decir, ninguna de las dos sentencias es firme, y al no ser firme, no puede ser ejecutada. O sea, ninguno de los que han resultado condenados va a ingresar en condición de “penado” en un centro penitenciario. Cuando el Supremo decida, y se abra la correspondiente pieza ejecutoria, ya si eso, hablamos del talego.

Mientras tanto, en su caso, cabría la prisión provisional. Pero esto sólo puede suceder cuando se den los requisitos que contempla la ley, y en ningún otro caso. Recordemos que la prisión provisional no puede ser una pena anticipada, sino una medida cautelar. Es decir, no puede suponer un adelanto de una condena que todavía no es firme, sino que sólo puede servir para asegurar los fines del procedimiento.

Por ello, suele emplearse en la fase de instrucción, que es donde cabe que se malogren esas finalidades. Recordemos, las dos primeras son evitar el riesgo de fuga o de destrucción de pruebas. Empezando por la segunda, obviamente, cuando ya existe una sentencia condenatoria, cuando ya se ha celebrado el juicio, es imposible que se pueda destruir prueba alguna: ya se ha practicado toda. Así que ni Rato, ni Blesa, ni Urdangarin, ni Diego Torres incurren en esa condición.

Respecto del riesgo de fuga… Bueno, verán, puede resultar insultante que alguien como Iñaki Urdangarin viva en Suiza, lejos de las fronteras españolas, pero aquí tengo que discutir y rechazar el argumento enarbolado hace unas semanas por Manel Loureiro, un antiguo abogado reconvertido en escritor de éxito: no es sólo que, hasta ahora, el sujeto haya cumplido presentándose en el juzgado, y que tenga arraigo familiar. Es que, recordémoslo, es un tipo que va a todas partes acompañado por un séquito de protección policial, debido a la condición de su cónyuge como miembro de la Familia Real. Así que es simplemente inconcebible que pueda tratar de eludir la acción de la Justicia, porque esos policías estarían obligados a impedirlo, so pena de acabar fulminantemente expulsados del cuerpo e inculpados por la comisión de un delito. Luego hablaremos de los restantes sujetos de estas noticias.

De las otras dos finalidades, la de evitar riesgos para la víctima es, evidentemente, algo que está previsto para delitos violentos, en los que hay una víctima concreta: agresiones, tentativas de homicidio, amenazas, violaciones y demás. En un delito patrimonial, en el que existe un perjudicado colectivo, como son los contribuyentes españoles, no se da ese requisito más que estirando hasta el delirio el contenido del artículo. En cuanto a evitar la reincidencia delictiva, lo cierto es que todos estos sujetos están absolutamente marcados, y nadie con dos dedos de frente les permitiría jamás acercarse a un céntimo de dinero público, o a un cargo de la misma naturaleza, así que no creo que corramos riesgos en ese sentido.

Pero sobre todo, existen unos límites temporales en cuanto a los delitos supuestamente cometidos, que aconsejan o impiden adoptar la prisión provisional en cada caso. En el caso de delitos castigados con penas superiores a tres años de prisión, la prisión provisional puede alcanzar los dos años, prorrogables por otros dos cuando haya razones justificadas. Respecto de los delitos con pena inferior a tres años, sólo puede decretarse prisión provisional por plazo de un año, prorrogable por seis meses.

Todo esto, cuando la medida se acuerda en fase de instrucción. Cuando existe una primera sentencia condenatoria, pendiente de recurso, la ley nos habla de “prorroga” de la prisión provisional inicialmente acordada, y el límite alcanza la mitad de la condena que se le haya podido imponer. Es decir, se supone que el condenado en primera instancia ya estaba entre rejas, y hay que mantenerle ahí. Se considera absolutamente excepcional que una persona que una persona que ha permanecido en libertad durante la instrucción, la celebración del juicio y la espera del dictado de la sentencia, pueda ingresar en prisión una vez publicada la misma. En este sentido, se considera que una persona condenada a penas de más de seis años de prisión puede sentir la irrefrenable necesidad de poner pies en polvorosa, y por ello se le puede ingresar en prisión provisional hasta la mitad de la duración de la condena inicialmente impuesta, mitad que irá de tres años para arriba.

Aquí es donde interviene la defectuosa información periodística sobre las condenas. De Urdangarin, por ejemplo, se nos cuenta que ha sido condenado a más de seis años de prisión. Sin embargo, lo ha sido por varios delitos, de los cuales la condena más grave es a dos años y ocho meses. Otro tanto sucede con Diego Torres, cuya condena a ocho años de prisión se desglosa en varios delitos, de los cuales el más grave se castiga en la sentencia con tres años. No ocurre lo mismo con Rato y Blesa, cuyas condenas han sido por un único delito, a cuatro años y seis meses de prisión, y seis años, respectivamente. Es decir, únicamente en el caso de Blesa estaríamos cerca de ese límite de seis años por un único delito. Los demás ni se acercan.

¿Que son penas ridículas para la cuantía de sus delitos? Probablemente. Pero eso es responsabilidad del legislador, no de quien juzga y hace ejecutar lo juzgado. Y un mandato constitucional insoslayable es que no se puede cambiar de criterio en materia penal sólo porque el acusado es un impresentable, nos cae mal o fue un prepotente cuando estaba en la cima de la colina.

Evidentemente, la gente se impacienta, porque los recursos tardan en tramitarse, pero los tribunales tienen sus tiempos, y al final todo llega. Todavía recuerdo, al poco de aprobar, que un tipo de Marbella me aseguró que Julián Muñoz y Juan Antonio Roca jamás pisarían la cárcel. Qué cosas.

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