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¿Dónde está el libro de reclamaciones?

Lo que uno jamás hubiera esperado es que, por el camino, además de lo de "Social" y "Democrático", se llevaran por delante lo de "de Derecho"

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En la mitología griega existe un personaje que me llama poderosamente la atención. Se trata de Casandra, la hija del rey de Troya, quien fue maldita por los dioses con la facultad de predecir el futuro... y que nadie le hiciese ni puñetero caso.

No seré yo quien pretenda atribuirme facultades adivinatorias, pero lo cierto es que hace algún tiempo les hablé de cierta mínima modificación en la reforma del Código Penal que se estaba gestando en el Ministerio de Justicia, que no estaba obteniendo grandes titulares como la prisión permanente revisable. Tampoco, y perdonen el manido tópico, estaba "incendiando las redes sociales", como los delitos contra la propiedad intelectual, reescritos para castigar conductas hasta ahora consideradas atípicas por los jueces: la creación y gestión de páginas de enlaces de descarga directa.

Me refiero, por supuesto, a las faltas, ese "delito de chichinabo" que ocupaba el Libro III de nuestra norma sancionadora por excelencia. Me preocupaba entonces, y me preocupa hoy día todavía más, esa desmembración del concepto, pasando las faltas contra el patrimonio y otras similares a la categoría de "delitos leves". Pero también dejé constancia de la alarma que me producía que ciertas conductas pasaran a ser punibles exclusivamente en vía administrativa.

Verán, si alguna rama del Derecho ha sobrevivido prácticamente incólume al desmontaje formal del aparato franquista, esa es la del Derecho Administrativo Sancionador. En ella, el Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales se revelan como el Leviatán que imaginó Hobbes (el filósofo, no el tigre de peluche): un rodillo que aplasta a su paso todo conato de resistencia del ciudadano de a pie.

En esta disciplina, la Administración se erige como juez, parte, testigo, perito y lo que se les ocurra. Las garantías para el denunciado, que la doctrina del Derecho Penal elaboró como un freno para ese poder destructor del Estado, prácticamente desaparecen. Tan interiorizado tenemos los ciudadanos que toda resistencia es fútil, que el lenguaje coloquial se refiere a la "receta" que nos extiende el guardia de tráfico, ante una supuesta infracción, con la expresión "me han puesto una multa". Y es completamente inexacto. La multa será el resultado, la sanción, que llegará tras un procedimiento jurídico del que el papelote que nos entrega el agente uniformado no es más que una denuncia, una forma de iniciarlo. Sin embargo, dicha denuncia tiene una eficacia radicalmente distinta a la del proceso penal:

1. La presunción de inocencia, aquí, es como la honestidad en política; se sabe que existe, pero sus posibilidades de triunfo son escasas. La palabra del funcionario tiene, desde el comienzo, presunción de veracidad. El procedimiento es rápido, casi automático, y la sanción llega cual maldición bíblica, inexorable.

2. El ciudadano, aquí rebajado a la categoría de "administrado", o como mucho, "interesado", tiene posibilidades de defensa, por supuesto. Pero la mayoría pasan por combatir la resolución sancionadora ante los tribunales, ante jueces de verdad. En este caso, será el ciudadano el que tenga que iniciarlo, mantenerlo y luchar por sus pretensiones jurídicas, en vía de recurso, siempre a la contra.

3. En caso de fracasar la lucha del sancionado, la ejecución también es rápida, pues la propia Administración tiene la potestad de ejecutar lo que ha resuelto inicialmente. Ríanse ustedes del Juez Dredd.

4. Por otro lado, las sanciones, que por suerte sólo pueden ser económicas (¿se imaginan castigos de privación de libertad en vía administrativa?), no tienen en cuenta la capacidad económica del sancionado, como se supone que hacen las multas penales. No existe ese complejo y garantista sistema de días-multa, sino que es una cantidad fija, y a callar.

5. Además, el sistema de recursos contra las resoluciones desfavorables se convierte en un caramelo envenenado: los abogados del Estado deben recurrir por sistema (han de recibir instrucciones expresas para no hacerlo), y si la causa llega hasta el Tribunal Supremo, se puede usted sentar a esperar Justicia, porque la Sala 4ª es la más colapsada con diferencia del edificio de la Plaza Villa de París.

Así las cosas, el hecho de que las llamadas "faltas contra el orden público" desapareciesen del orden penal, para ser perseguidas exclusivamente por órganos administrativos, era lógico motivo de preocupación.

Pero como nadie espera a la Inquisición Española, el Ministerio del Interior acaba de soltar el bombazo: se reformará la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, acogiendo toda una batería de conductas sancionables que parecen prediseñadas para asfixiar cualquier asomo de resistencia ciudadana. ¿Resistencia a qué? Pues a la sistemática demolición, en nombre de las imposiciones de la crisis económica, del Estado Social y Democrático de Derecho, en la fórmula del artículo 1 de nuestra Constitución, o del Estado del Bienestar, en la expresión que más ha triunfado.

Lo que uno jamás hubiera esperado es que, por el camino, además de lo de "Social" y "Democrático", se llevaran por delante lo de "de Derecho". Porque, en un movimiento de pinza digno de maniobras militares de la Wehrmacht, la desaparición de las faltas y la aparición de estas superinfracciones administrativas, con sus desmesuradas multas, han venido acompañadas de la siniestra irrupción de las tasas judiciales. Si ya de por sí era oneroso y perjudicial tener que contratar una defensa legal, y embarcarse en un procedimiento contencioso-administrativo para combatir una sanción ya impuesta, únanle el coste de las malditas tasas, y tendrán un perfecto círculo que se estrecha alrededor del cuello del ciudadano.

El despropósito es completo al darse uno cuenta de que, si un transeúnte cae en manos de una Unidad de Intervención Policial, porque pasaba por allí, y ante la lluvia de palos se le escapa un insulto, va a salir más perjudicado que quién directamente agreda a los agentes.

En este último caso, el agresor será detenido por un delito de atentado, o de resistencia activa grave, y se enfrentará a una acusación penal, frente a la que sí podrá esgrimir todas las garantías propias de un Estado de Derecho. Tendrá asistencia jurídica gratuita, si carece de recursos, desde el momento de ser detenido. No tendrá que pagar tasas. Y aun en el extraño caso de resultar condenado (ya saben que los antidisturbios no tienen por costumbre identificarse como perjudicados, por lo que pudiera pasar), las penas rara vez superarán los dos años de prisión, o sea que siempre podrá acogerse a la suspensión de la ejecución de la pena si carece de antecedentes penales.

Se supone que el Derecho Penal es el último recurso del Estado para protegerse contra las más graves agresiones, para tutelar las libertades mediante el instrumento de la pena. Invertir los términos para acallar las voces discrepantes, hipertrofiar las sanciones... podrán hacerlo con su mayoría absoluta, pero que no lo llamen Estado de Derecho.

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